La directora de la Oficina Chile de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural comentó que “buscamos una Constitución donde el Estado reconozca los territorios en su dimensión de constructo social y, por lo tanto, considere sus particularidades y necesidades específicas en la garantía de derechos, inversión pública, normativa y cuerpo legal que habilite pertinentemente el desarrollo territorial inclusivo”.
Chile, tanto por su historia particular como en su contexto latinoamericano, presenta importantes señales de un desarrollo desigual entre sus diversos territorios y regiones. El Producto Interno Bruto (PIB) regional muestra que la región Metropolitana concentra más del 40% del PIB, y los datos de la Casen 2020 indican que existe una variabilidad importante en los ingresos y que la pobreza por ingresos y multidimensional se concentra en las regiones del sur del país.
En un contexto constituyente, existe la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para realizar políticas que lleven a una superación de la matriz productiva extractivista, promover formas asociativas y solidarias de emprendimiento, permitir un acceso más igualitario a la naturaleza como la tierra y el agua bajo nuevos esquemas de gobernanza, permitir espacios de planificación urbana que incluyan explícitamente la relación entre las ciudades y su entorno rural, y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y locales para establecer espacios de diálogo vinculantes y realizar políticas particulares de desarrollo local. Permitir la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía, resguardar el patrimonio biocultural, garantizar derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa.
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Buscamos una Constitución donde el Estado reconozca los territorios en su dimensión de constructo social y, por lo tanto, considere sus particularidades y necesidades específicas en la garantía de derechos, inversión pública, normativa y cuerpo legal que habilite pertinentemente el desarrollo territorial inclusivo. Que entregue un mandato a las instituciones a desarrollar sus objetivos y políticas: de manera integrada e intersectorial (con articulación de los distintos sectores); y territorializada asegurando el acceso y ejercicio de derechos con enfoque territorial por parte del Estado. Es decir, pertinente y adaptada a la heterogeneidad de cada territorio del país, sus necesidades y potencialidades, expresada en su identidad sociocultural, su especificidad geográfica, demográfica y económica.
Desde este enfoque de desarrollo territorial, realizamos un análisis y formulamos una propuesta en base a cuatro dimensiones: Descentralización, Participación Ciudadana, Bienestar y patrimonio biocultural y Agricultura y alimentación sustentable, que ponemos a disposición del proceso constituyente para abrir un diálogo que permita contar con una Constitución con enfoque territorial y políticas públicas coherentes que permitan disminuir las desigualdades territoriales que no sólo afectan la vida de los habitantes de un territorio rezagado, sino que limitan el bienestar de todos los habitantes de un país.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
