Ante las voces que señalan que no es adecuado incorporar mecanismos de participación directa en la Convención Constitucional porque ya se deliberó al elegir a los 155 representantes, desde la Red Para la Participación plantean que no es excluyente la democracia representativa con fortalecer espacios de participación, de deliberación y de expresión ciudadana.
*Escrita en co-autoría con Gonzalo Delamaza es investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Pública (CEDER) de la U. de Los Lagos.
La semana pasada se dio a conocer una encuesta desarrollada en forma colaborativa por las empresas que forman la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) como un aporte a la conversación en el momento histórico que el país vive. Dentro de los resultados expuestos, queda en evidencia la expectativa que genera el proceso constitucional, donde el 75% de los encuestados considera importante o muy importante la elección de constituyentes. Además, indaga sobre los mecanismos de participación ciudadana y la forma en la que los representantes deberían escuchar las posturas de los ciudadanos sobre los contenidos de la Constitución.
Dentro de los más mencionados los encuestados señalan: las redes sociales (40%), especialmente los más jóvenes (52%), las encuestas de opinión (37%), las plataformas virtuales abiertas a la ciudadanía (36%), cabildos comunales o barriales con representantes de la convención (36%), siendo este el preferido por los votantes de mayor edad (40%), consultas ciudadanas virtuales con sistema de votación (35%) y sesiones abiertas con participación libre de los ciudadanos (35%).
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Coincidentemente, en la misma semana se publica el Compromiso por la Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente, fruto de un encuentro abierto a comienzos de marzo donde la Red para la Participación, a través de un proceso de diálogo, recoge los criterios, principios y mecanismos que deberían ser considerados para enriquecer la deliberación constitucional.
Al mismo tiempo se escuchan voces (editorial de El Mercurio de este domingo 18 de abril) que señalan que no es adecuado incorporar mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la convención, puesto que ésta ya habrá participado del proceso eligiendo sus 155 representantes. Estos argumentos replican viejas conversaciones sobre la dicotomía entre democracia representativa versus democracia participativa. Tenemos la certeza que para fortalecer nuestra democracia necesitamos terminar con esta mirada maniquea y complementar la democracia representativa, con mecanismos de participación, de deliberación y de expresión. Para aumentar la legitimidad social al proceso constituyente, reduciendo la distancia entre la ciudadanía y la institucionalidad política. Avanzando en confianzas entre los representantes y los representados.
La Convención debe reglamentar su funcionamiento y ello abre una oportunidad de elaborar una Constitución dotada de mayor adhesión. ¿Cómo hacerlo? A través de una Convención Constitucional que sea abierta, transparente, participativa y deliberativa.
Los elementos del compromiso se vinculan con los resultados de la encuesta y dan cuenta de la necesidad de incorporar diversas formas de participación, así como también habilitadores para que ello sea posible en forma inclusiva para la mayoría de los ciudadanos de nuestro país.
Dentro de ellos se encuentra la idea de instaurar los principios y estándares de máxima transparencia y acceso a la información pública, incorporar la participación ciudadana directa e incidente en el reglamento de funcionamiento de la Convención a través, por ejemplo, de:
- Encuentros Locales Autoconvocados (ELA).
- Iniciativa Ciudadana de Norma.
- Encuentros periódicos de rendición de cuentas de las y los constituyentes (al menos en sus distritos).
- Consejos consultivos ciudadanos.
- Mecanismos de resolución de controversias que faciliten el diálogo y la deliberación entre representantes y ciudadanía en momentos de conflicto, utilizando para ello la experiencia internacional en la materia.
Asimismo, descentralizar el trabajo de la Convención, incluir a quienes por diversas razones normalmente quedan fuera de las decisiones como niñas, niños y adolescentes, como también a quienes han quedado fuera del ejercicio de este derecho como ocurre, por ejemplo, con las personas privadas de libertad y los chilenos y chilenas residentes en el extranjero. También a las mujeres, los pueblos originarios, personas migrantes; las personas mayores; personas en condiciones de pobreza; personas con discapacidad; las diversidades sexuales y de género; la población afrodescendiente; la población rural, especialmente quienes habitan en zonas extremas y aisladas.
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Además, incluir un enfoque de género en su diseño y ejecución. Establecer un equipo técnico de promoción, seguimiento y procesamiento de la participación ciudadana inclusiva en el marco del funcionamiento de la Convención y utilizar ampliamente las herramientas digitales de comunicación.
Desarrollar la comunicación pública en materia constituyente para fortalecer la deliberación de todas y todos luchando contra la información falsa o manipulada.
Como país tenemos que responder a las expectativas que el proceso ha generado, que no nos gane la pandemia, el proceso constituyente tiene que recuperar la mística inicial y volver a conectar a los chilenos y chilenas desde el proyecto común.