La investigadora de Fundación Sol abordó las críticas que se realizan a acuerdos internacionales y los beneficios reales que tienen para la población local, apuntando a la falta de procesos de industrialización, transferencia tecnológica o refinamiento de las materias primas.
Durante diciembre del 2022, el gobierno de Gabriel Boric dio por finalizada la negociación respecto al acuerdo de modernización con la Unión Europea. En diciembre del año pasado se firmó el acuerdo económico en Bruselas. Este convenio tiene como objetivo actualizar el Acuerdo de Asociación que estaba vigente desde 2003. La “modernización” se basa en regular ámbitos que en el documento original no se contemplan, como por ejemplo: un capítulo de PYMES, perspectiva de género, liberalización de materias primas, compras públicas, entre otras disposiciones.
En julio de 2023 en Bruselas, se celebró la Tercera Cumbre de jefes de Estado CELAC-UE. En esta actividad Intercontinental, el presidente se comprometió a darle celeridad al acuerdo de modernización entre la UE y Chile para que se aprobara en el Congreso. Además, firmó un memorándum de “Asociación Estratégica sobre Cadenas de Valor Sostenibles de Materias Primas”, que tiene como objetivo que los países de Europa puedan obtener materiales críticos como el litio y el cobre provenientes de Chile.
En marzo del presente año, el consejo de la UE aprobó la conclusión de acuerdo provisional entre las partes del acuerdo comercial. Lo que implica la ratificación al interior de la UE. Esto a su vez, agiliza la entrada en vigor del acuerdo de modernización. Mientras que en Chile, se confirmó durante el mes de agosto que se votaría la aprobación de la actualización del acuerdo comercial en el Congreso, lo que sería una de las ultimas instancias de discusión en el marco del pacto comercial.
Tras veinte años de acuerdos comerciales con la Unión Europea, no hay evidencia sustancial de que hayan existido beneficios ampliados para la población, en particular para la clase trabajadora. En la última publicación de Fundación SOL, en alianza con el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO), The Transnational Institute (TNI) y la plataforma América Latina y el Caribe mejor sin TLC “Estudios críticos sobre tratados de comercio e inversión en América Latina y el Caribe” se analiza la relación de Chile y sus principales socios comerciales donde se encuentra la Unión Europea. En esta publicación se explica que la transnacionalización de la economía desde la década del 2000 tiene claros ganadores. Los beneficios de la apertura comercial son absorbidos por empresas extranjeras y en segundo lugar, los grandes grupos económicos en Chile. En el periodo de alta exposición a los TLC, los trabajadores/as sufrieron estancamiento de salarios y la desigualdad se profundizó. Chile es uno de los países con más Tratados de Libre Comercio, Acuerdos Económicos y Tratados bilaterales de inversión con casi 70 países. Esto ha implicado una apertura comercial inédita para un país pequeño como el nuestro y su beneficio ha ido directamente en favor de profundizar relaciones coloniales de dependencia.
La minería fue un caso icónico: entre 2006 y 2007, en pleno aumento del precio de las materias primas, las empresas que componen el Consejo Minero (grandes empresas) tuvieron una rentabilidad sobre el patrimonio que en promedio superó el 100 %. Ningún otro negocio en Chile tuvo ese resultado, y a nivel mundial se trató de una cifra inédita. La Minera Escondida, de propiedad del grupo BHP Billiton (corporación inglesa-australiana), registró una rentabilidad sobre el patrimonio de 190 % en 2006 y de 166 % en 2007.De este modo, y tal como lo documenta Hugo Fazio, el ahorro externo de Chile, visto en las cuentas nacionales, evidenció resultados negativos. Mientras grandes grupos económicos nacionales y empresas extranjeras se enriquecieron en el país no hubo un aumento sostenido para la cuenta nacionales.
Los acuerdos comerciales, especialmente con la Unión Europea, están vinculados principalmente a la exportación de materias primas. Este fomento a la exportación no ha significado un proceso de industrialización, transferencia tecnológica o refinamiento de las materias primas. En palabras simples, Chile se ha dedicado a exportar productos sin valor agregado durante 20 años. Este aumento en la exportación ha impactado en el crecimiento del PIB nacional en algunos periodos, pero no se ha traducido en una mejor distribución de riqueza, diversificación productiva sostenida o progresos en la matriz productiva nacional.
El acuerdo de modernización que se discute esta semana en el congreso como último paso antes de que pueda ser firmado y ratificado el acuerdo comercial, tiene como eje darle un mayor acceso al bloque europeo a materias primas y combustibles limpios como el litio, el cobre y el hidrógeno. Estos son elementos esenciales para los procesos europeos de eliminación de combustibles fósiles. Europa está buscando descarbonizar a costa del extractivismo en América Latina.
Además, este acuerdo no solo garantiza un mayor acceso a bienes comunes naturales críticos, sino que les da un estatus privilegiado a los inversores europeos. Se busca establecer que inversores nacionales y los del bloque europeo estén bajo las mismas condiciones, permitiendo que inversores de la UE puedan acceder a acuerdos de contratación pública en Chile para bienes, servicios y diversas concesiones. Esto en un escenario de desigualdad estructural entre continentes perjudica directamente los mercados y autonomías nacionales.
El acuerdo de modernización con la UE no solo garantiza y profundiza un modelo extractivo que beneficia al norte global, también prioriza inversores extranjeros en un escenario donde se veda la posibilidad proponer nuevas matrices productivas que permitan mejorar empleos y distribución de la riqueza desde los propios territorios. Es preocupante que esta discusión no se abra democráticamente a diversos sectores de la sociedad, ya que estas decisiones afectan a todas las personas del país, especialmente a los hogares emplazados en zonas de donde se extraen minerales, los mecanismos de dominación se reeditan en un escenario en el que territorios enteros se ponen en peligro a niveles críticos en pos de un nuevo proceso colonial extractivo.
Los gobiernos y empresas hace años toman decisiones sin incorporar a la ciudadanía dentro de las discusiones, no hay niveles mínimos de transparencia en los procesos de negociación, ni tampoco se difunden ampliamente los documentos vinculados a los acuerdos comerciales y muchas veces ni siquiera están disponibles en castellano. Esto es un punto crítico que se suma a un modelo que solo entrega miserias a los países de las periferias globales que solo pueden vender minerales en mercados altamente desiguales.
El debate de los acuerdos comerciales es central para establecer quienes se benefician. Tras más de veinte años de alianzas económicas con la Unión Europea, se puede afirmar que la sociedad en su conjunto no ha sido beneficiada y que las estrategias de apertura comerciales solo han ido en pos de aumentar la riqueza de empresas transnacionales y grandes grupos económicos chilenos. El saldo de esta relación desigual con Europa ha sido de devastación de territorios, mala calidad de empleos y profundización en la desigualdad. No existen “acuerdos” y “negociaciones” bajo lógicas de colonización comercial con un continente que se ha enriquecido con la explotación del sur del mundo.
