La investigadora de Políticas Públicas de IdeaPaís reflexiona sobre la gestión y postura que ha tomado el Ejecutivo respecto a las materias de seguridad y orden público. " La coalición gobernante tiene un problema de raíz, ya que la postura que tomaron mientras fueron oposición y especialmente durante el estallido social, hoy los pone entre la espada y la pared", planteó.
En materia de seguridad pareciera que el Gobierno anda a tientas. A pesar de sus esfuerzos no logra dar en el blanco y las constantes contradicciones e inconsistencias van minando la confianza de la ciudadanía. Teniendo a la vista que los problemas de violencia y seguridad son una de las principales preocupaciones de los chilenos, no es de extrañar que el Gobierno tenga cerca de un 50% de desaprobación, que entre otras cosas se puede explicar por la incapacidad de mostrar diligencia y enfrentar decididamente el problema.
En esto la coalición gobernante tiene un problema de raíz, ya que la postura que tomaron mientras fueron oposición y especialmente durante el estallido social, hoy los pone entre la espada y la pared. En ese entonces, Boric y su coalición justificaron sostenidamente la violencia, maquillándola de desobediencia civil y otros calificativos que lo único que hacían era relativizar lo que a ojos de toda la ciudadanía eran hechos condenables. Abusaron de una retórica que consistió en convertir todo intento por restablecer el orden en opresión y tiranía.
Hoy, el destino y sus ironías, los lleva al otro lado de La Moneda, siendo ahora ellos la autoridad encargada de resguardar el orden y la seguridad de los chilenos en circunstancias en que la violencia sigue creciendo, tanto en la Macrozona Sur, la frontera norte del país y más.
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Así, el Gobierno juega en una cancha que no le acomoda, ya que la seguridad se ha impuesto como una agenda fundamental, donde no existe consenso entre el Frente Amplio y el Partido Comunista sobre cómo se debe abordar -o siquiera nombrar- el tema . Y es por lo anterior que, llevando tres meses de Gobierno, aún no podemos ver una agenda de seguridad contundente en distintos lugares del país, sólo improvisaciones que demuestran la ligereza con la que se ha abordado la temática.
Parte del problema de la izquierda frenteamplista pasa por salir de la falsa dicotomía que plantean entre orden y respeto a los derechos humanos y por comprender que la seguridad no es sólo un capricho de la derecha o una agenda más en el programa. El orden público es condición fundamental para el resguardo de todos los demás derechos y del bien común. Y no hacer nada trae consecuencias: la Corte Suprema ya falló en tres oportunidades contra el Estado de Chile por configurarse “falta de servicio” en materia de seguridad ciudadana. De nada sirve asegurar el derecho a la vivienda si existe el temor de que la quemen; del emprendimiento si los saqueos terminan haciéndolos quebrar; o garantizar la educación si los colegios serán tomados por grupos violentistas sin consecuencias.
El presidente Boric ha dicho en sus discursos que aplicará todo el peso de la ley frente a la violencia, y sin embargo, se pueden citar al menos tres ejemplos concretos donde el presidente ha demostrado ser temeroso, o al menos dubitativo, ante la violencia: no se querelló contra los autores de la balacera a la segunda autoridad de Gobierno en Temucuicui; tampoco lo hizo contra los presos del estallido -mas bien busca indultarlos-; y luego buscó innovar con un estado de excepción a medias en la Macrozona Sur que de poco ha servido para detener los atentados diarios de la zona pero que demuestra lo que ha sido la tónica de este Gobierno queriendo deshacer y cambiar las medidas adoptadas por la administración anterior por el sólo hecho de serlo, para luego recapacitar y echar marcha atrás -a medias-.
En este punto, cabe preguntarse entonces ¿hasta dónde puede un ciudadano amenazar de forma impune a otros? ¿El Gobierno nunca se querellará ante este delito común o es que Llaitul es diferente al resto de los chilenos? ¿Hasta dónde llegará su inconsistencia a la hora de aplicar los mecanismos que dispone como autoridad para restablecer el orden? ¿Cuánto quedará todavía de ese activista opositor que insultó a militares, acusó constitucionalmente al Presidente y al ministro del Interior y que a cualquier atisbo de represión lo denominaba “criminalización de la protesta”? ¿Podrá el joven presidente plantarse frente a su coalición y defender la necesidad de utilizar la fuerza legítima para enfrentar a los violentos de La Araucanía?
En definitiva, la falla abrupta de la “estrategia” del diálogo y la arrogancia de creer que bastaría con un cambio de Gobierno para detener la violencia solo dejan entrever el fracaso y la carencia de una hoja de ruta consistente en la materia, así como la evidente tensión de una coalición que todavía justifica la violencia y considera ilegítimas u opresoras las medidas que buscan frenarla.
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El problema que no comprende el Gobierno es que sus dichos y decisiones sólo colaboran a deslegitimar a las fuerzas de orden y seguridad, que son por definición los actores protagónicos para poder mantener o restablecer la paz. En este sentido, si bien es cierto que las policías requieren de una reforma profunda, sobre todo en la etapa formativa de sus filas, la manera de mejorar su actuar no está en debilitarlas e invalidarlas frente a la ciudadanía.
En lugar de presentar una reforma contundente y transversal, el oficialismo -y dicho sea de paso, la Convención- ha decidido enfocar sus energías en la discusión sobre si las policías deben ser civiles o militares. Es un error pensar que avanzar en una agenda para reformar a Carabineros es incompatible con el reproche y el uso de los mecanismos que la ley dispone para controlar las situaciones antes mencionadas.
Con las policías completamente deslegitimadas para hacer uso de la fuerza- en parte porque no tienen el respaldo político suficiente, en parte porque su preparación y trabajo de inteligencia es deficiente, y en parte porque no dan abasto- y con un Presidente dubitativo en sus acciones y temeroso frente a su coalición, cabe preguntarnos quién proveerá el orden y seguridad social que desde octubre de 2019 estamos anhelando. Lo único cierto es que -hasta el minuto- es el Estado el que posee el monopolio de la fuerza, y si el Gobierno anterior mostraba cada vez más dificultades para cumplir con la especial misión de resguardar la paz y el orden, este Gobierno parece no ponerse de acuerdo o no ser conscientes de que son ellos los encargados hoy por hoy.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
