Columna de Felipe Ruiz: La reforma de pensiones, un desafío político urgente

Esta problemática material básica, se acompaña de al menos tres elementos que contribuyen a una situación donde el sistema goza de baja legitimidad y, por tanto, escasos estímulos para potenciar socialmente el ahorro para la vida post-laboral. Un primer elemento es que las y los afiliados están expuestos a los vaivenes del mercado de capitales: podrá decirse que las curvas descendentes se recuperan en el ciclo de más largo plazo, sin embargo, observar que las caídas económicas merman el valor del ahorro previsional individual no contribuye a la confianza pública en el sistema (recordemos los impactos de la crisis financiera subprime de 2008 sobre las cuentas de ahorro previsional).

Un segundo elemento es la contradicción entre las abultadas ganancias anuales que -incluso en situaciones de crisis- reportan las administradoras previsionales y el magro resultado del sistema en jubilaciones; al mismo tiempo, las empresas en que las administradoras invierten también resultan ser aquellas que año a año reportan cuantiosas ganancias apuntaladas (en parte) por las inversiones que sostienen las trabajadoras y trabajadores a partir de su salario. El tercer elemento se expresa en la popularidad que han tenido los retiros de fondos previsionales: dado que en los años previos se ha defendido tanto la importancia de la propiedad privada sobre el ahorro individual aparece como contradictorio que las afiliadas y afiliados al sistema no puedan disponer de estos recursos a voluntad. Estas situaciones tensionan la pertinencia del sistema para quienes deberían ser sus beneficiarios más importantes: las trabajadoras y los trabajadores de Chile.

Pese a tales constataciones, la inexistencia de un Sistema de Seguridad Social lleva corriendo al menos una década y media. Pese a ello, el sistema político ha resultado incapaz de ofrecer respuestas. Recordemos que a la fecha han corrido dos grandes comisiones de “expertos”: la comisión Marcel primero (2006) y la comisión Bravo después (2015). Con todo, pareciera ser que -con leves modificaciones- seguimos en el mismo pantano previsional: se hacen informes, se publican cifras, se atacan propuestas y se termina haciendo más de lo mismo. Así, la política aparece como un espacio incapaz de ofrecer respuestas a cuestiones básicas para la vida de las chilenas y chilenos: ello explica directamente la crisis política que atravesamos. De ahí la importancia que la discusión y avance de esta propuesta de reforma previsional tiene para el país: representa una oportunidad para avanzar hacia la construcción de una solución sustantiva a los dilemas señalados. Desperdiciar esta oportunidad supondrá profundizar la crisis política en curso.

Entretanto, el debate público actual parece estar nuevamente ensimismado en un pantano ideológico. Las y los economistas de la plaza y los gremios empresariales, siguen confundiendo eficiencia con eficacia y blindando a las AFP; nos dicen que el sistema funciona bien y que el dilema principal es que “la realidad laboral chilena no es la necesaria” para financiar pensiones de manera contributiva: menudo descubrimiento. Incluso se reconoce que al menos dos tercios de la (aún insuficiente) masa de pensiones que se pagan hoy en Chile, proviene de las arcas públicas; es decir, de los aportes de toda la sociedad.

Ante tal constatación, la eficacia de las administradoras privadas no se pone en duda. Cualquier propuesta de cambio que discuta los destinos de las cotizaciones individuales se tacha como innecesaria o es tildada de “ideológica”. Sugieren entonces mantener todo igual, sobre todo para no generar impactos en el mercado de capitales. Recordemos que antes de la pandemia los fondos previsionales llegaron a tener una magnitud equivalente al 80% del producto nacional, aunque parecían alimentar más al mercado de capitales que a los resultados previsionales. En ese marco, parece ser que el pantano ideológico que rodea a la discusión previsional tiene altas probabilidades de seguir creciendo. Para superarlo, resulta imprescindible que la discusión se enfoque en el tema que realmente importa:  la construcción de un sistema de Seguridad Social para Chile.

La propuesta que ha planteado el gobierno, luego de un intenso proceso de diálogo social, intenta abordar estos dilemas, encuadrando el problema en una clave que permita hacer avanzar el proyecto de reforma en este escenario político adverso. En líneas gruesas, se apuesta por la creación de un Sistema Previsional Mixto, que instale efectivamente una institucionalidad de Seguridad Social ajustada al estándar internacional, financiada por contribuciones de carácter tripartito. Ello se materializa con un fortalecimiento de las pensiones públicas, al tiempo que se mantiene la lógica del ahorro individual, y si bien se transforman, las administradoras de pensiones privadas podrán seguir administrando los fondos que hoy caen bajo su arbitrio. Lo anterior se complementa con la creación de un inversor público, que competirá con las administradoras transformadas en la cotización del 10% ya existente, y gestionará con criterios de redistribución (intergeneracional y de género) el 6% de cotización adicional. Con todo esto se espera subir la tasa de aportes, prevenir la situación de pobreza en la vida post laboral, comenzar a cerrar brechas de desigualdad e instalar una lógica tripartita donde no sólo el Estado y quienes trabajan aporten, sino también los empleadores. Como puede verse, la propuesta del ejecutivo ataca varios de los dilemas centrales que hemos indicado. Esto es valorable, y merece ser defendido considerando el adverso escenario que esta discusión enfrenta en el debate público.

Con todo, es importante que desde fuera del escenario gubernamental podamos robustecer nuestra reflexión estratégica en estas materias; las siguientes líneas buscan contribuir a ese debate futuro. En la arista previsional las fuerzas de izquierda hemos tendido a oponer a la gestión privatizada una gestión estatal basada en el reparto. Junto con ser una apuesta que hoy parece tener escaso respaldo en el mundo ciudadano y político, muestra nuestra renuncia a imaginar una política que vaya más allá del mero “gasto social”. Evidencia la cuenta pendiente que tenemos con imaginar una articulación virtuosa entre lograr una mayor distribución del excedente del trabajo social, con el potencial uso productivo que podamos otorgarle a tales recursos.

Desde esta última perspectiva quedan varias aristas huérfanas en el debate previsional en curso, que vale la pena considerar. ¿Será posible discutir los criterios de inversión de las administradoras privadas? ¿Cómo se decidirán los criterios de inversión de los fondos gestionados por el inversor público? Más allá del foco en robustecer el gasto social y aumentar las pensiones presentes y futuras, no deberíamos renunciar a construir una “imaginación productiva” sobre estos temas. No deberíamos renunciar a dirigir democráticamente el potencial productivo que un fondo previsional de tamaño similar a la economía nacional puede tener para el desarrollo del país a largo plazo, junto con asegurar su utilización para construir pensiones dignas. No son objetivos contrapuestos.