La presidenta del Consejo para la Transparencia detalla la relevancia de los compromisos respecto al acceso a la información en diferentes organismos del Estado. Respecto a los avances pendientes, aseguró que "en materia de transparencia tenemos una ley que tiene ya 13 años y que necesita una urgente actualización".
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral en donde sus Estados miembros se comprometen a tomar acciones para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación y uso de las tecnologías para la apertura. Conocida también como Open Government (OGP), recibe planes de acción sucesivos de cada país conteniendo compromisos concretos y medibles.
Chile es miembro de la alianza desde el 2011 y sin duda ha tenido un tremendo avance en materia de Gobierno Abierto, particularmente en lo que a reformas de políticas públicas se trata. Llevamos realizados cinco planes de acción en estos 10 años, donde se incorporaron programas tales como la Ley de Lobby y el PortalTransparencia, en lo que a nosotros como CPLT se refiere.
El actual plan tiene la virtud de estar co-creado en plena pandemia, de manera virtual y con la participación de la ciudadanía, academia, funcionarias y funcionarios públicos. Además, existe una institucionalidad ad hoc radicada en la Comisión de Integridad y Transparencia de SEGPRES, que es la Mesa de Gobierno Abierto, instancia participativa creada en 2017, conformada por gobierno, sociedad civil, academia y observadores internacionales.
Este Plan de Acción tiene 8 compromisos en diferentes organismos del Estado en temáticas tan relevantes como: Derechos Humanos y Justicia Abierta; acceso a la información de compras públicas; Plan para la Transparencia, Acceso a Información y Apertura de Datos del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Observatorio de Comercio Exterior; Hoja de ruta para consolidar, con la adecuada institucionalización, los principios de Gobierno Abierto en Chile; inversión pública en Infraestructura Peatonal y Ciclo-Inclusiva; Sistema de clasificación, medición y reporte de inversión en acción climática; Diseño de plataforma integrada e interoperable de gestión e información legislativa; y Transparencia del Congreso.
Lamentablemente, eso no ha redundado necesariamente en avances legislativos. Asimismo, la región tiene mucho que mejorar en Gobierno Abierto, pero más aun en el valor y fortalecimiento de la democracia. Podemos tener excelentes planes de acción, pero pueden persistir los déficit democráticos en la región por todos conocidos. ¿Qué hacer en dichos casos? En la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) donde somos secretarios ejecutivos, nos persiguen las mismas dudas y eso nos obliga a una “colaboración internacional” coherente que tenga un compromiso mayor con la democracia y los derechos humanos para poder hablar de Gobierno Abierto propiamente.
En materia de transparencia tenemos una ley de acceso a la información que tiene ya 13 años y que necesita una urgente actualización. Ella fue concebida cuando el derecho se focalizaba en el expediente administrativo y sus fundamentos. Y hoy estamos hablando de transparencia proactiva, datos abiertos y reutilización; transparencia algorítmica. Sin una autoridad de datos personales autónoma, con una ley de transformación digital aun sin comenzar a implementarse.
En materia de rendición de cuentas; participación ciudadana e innovación y tecnología existen innovaciones institucionales destinadas al diseño público que vienen ya de larga data como la creación del Laboratorio de Gobierno, que ha consolidado su acción con nuevas modalidades.
La pandemia ha forzado a las instituciones públicas a la participación ciudadana. Eso no alcanzó a reflejarse demasiado en el plan de acción, pero podemos destacar que mucha de la apertura de datos del ministerio de Ciencia y su vinculación con sus stakeholders mediante su plataforma Observa tuvo que ver con esto. Las instituciones colaboradores del Estado como las universidades o el Colegio Médico requerían de los datos para poder forzar una rendición de cuentas eficaz de la administración, mediante la creación de monitores sanitarios como ICovid o el grupo epidemiológico de la Universidad de Santiago.
Asimismo, la construcción de la Nueva Constitución no es un compromiso del plan, pero es esencial en el establecimiento de los valores de Gobierno Abierto en la administración del Estado, donde los pilares de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana e innovación pública deben tener un rol protagónico en la nueva Carta Fundamental.
Finalmente, destacar que muchas de las reformas conseguidas por los planes de Gobierno Abierto, como el sistema de compras públicas abiertas, la Ley de Lobby, el PortalTransparencia y otros, han sido efectivas para prevenir la corrupción. Sin embargo, creemos que falta vincular esto a Derechos Humanos y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en lo particular, entender que la creación de instituciones eficientes es fundamental y no debe perderse de vista.
