“Los casos que involucran a inescrupulosos que desvían fondos públicos para favorecer a organizaciones lideradas por amigos, parientes o parejas, lejos de paralizar estos debates, nos muestran que los desafíos en materia de probidad trascienden todos los niveles de la organización político-administrativa”, dice el director de Estudios de Fundación Piensa.
A raíz de los escándalos relacionados con el Caso Convenios, y que a la fecha ya suman más de 32 mil millones de pesos en transferencias a fundaciones y organizaciones lideradas por personas vinculadas a autoridades políticas, han surgido algunas voces que ponen en entredicho la necesidad de avanzar en el proceso de descentralización, particularmente en su dimensión fiscal. El argumento se puede resumir de la siguiente manera: a mayor autonomía en la gestión de recursos por parte de los gobiernos subnacionales, mayor sería el riesgo de clientelismo y corrupción a nivel local.
Por cierto, es del todo razonable que los casos de corrupción local generen cuestionamientos legítimos sobre las políticas públicas que propendan a una mayor autonomía y transferencia de recursos a las regiones y comunas. Sin embargo, sería un error paralizar las discusiones y reformas necesarias en materia de descentralización fiscal como si la corrupción fuera un efecto colateral inherente a dicho proceso. Porque lo anterior no se ajusta a la realidad.
Primero que todo, si hay algo que nos han enseñado los hechos de los últimos meses es que el nivel central presenta los mismos riesgos y desafíos en materia de corrupción que el nivel regional. De hecho, es muy probable que parte relevante del escepticismo hacia el proceso de descentralización se deba a la confusión que genera la coexistencia de órganos descentralizados y desconcentrados en un mismo territorio. Por ejemplo, los casos que han involucrado a seremis de cultura, desarrollo social y viviendas en distintas regiones del país, son casos de corrupción atribuibles al nivel central, puesto que se trata de funcionarios que son designados por el presidente y que se mantienen en sus cargos mientras cuenten con su confianza. Estamos hablando de autoridades que no son electas por la ciudadanía y cuyos actos obligan al ministerio respectivo, no al gobierno regional. Y es justamente por eso que las responsabilidades políticas y administrativas escalaron a las subsecretarías y ministerios. Por cierto, esto no implica desconocer que existen casos gravísimos que efectivamente involucran a los gobiernos regionales, como los que están siendo investigados en las regiones de Los Lagos y Biobío -entre otras-, sino más bien evidenciar que varios de estos actos constitutivos de delito son atribuidos erróneamente a un nivel de gobierno que no corresponde.
En segundo lugar, quienes abogan por un proceso de descentralización responsable en ningún caso afirman que una mayor autonomía de las regiones signifique una mayor flexibilidad de los mecanismos de control. Por el contrario, tanto los controles como los requisitos para efectuar transferencias deben ser aún más exigentes. El éxito de la descentralización al momento de realizar un balance en perspectiva dependerá de que los recursos se hayan empleado con mayor eficiencia en comparación a lo que hubiese hecho el gobierno central. La descentralización es un medio y, por lo mismo, sus recursos deben estar destinados a resolver eficazmente los problemas locales, llegando a las personas que realmente lo necesitan. En este contexto, se deben tomar resguardos para evitar gastos discrecionales que puedan generar sospecha de favoritismo político, privilegiándose criterios de transferencias objetivos que garanticen a la larga una adecuada prestación de servicios. Asimismo, se deben reforzar los órganos internos de control para detectar aquellos resquicios que permiten burlar otros mecanismos de fiscalización, como el fraccionamiento de proyectos y sus montos, ya sea para evitar el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría o para eludir la obligación de llamar a licitaciones públicas.
En tercer lugar, es importante que las infracciones a la ley sean debidamente sancionadas. Esto que parece de sentido común no lo es tanto cuando analizamos en detalle algunos incumplimientos por parte de algunas municipalidades y gobiernos regionales. A modo ejemplar, un reciente estudio de Fundación Piensa muestra que la mayoría de los municipios de la región de Valparaíso han incumplido históricamente con su obligación de remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) los informes mensuales de gasto -obligación que fue establecida por la ley 20.237 del 2007-. Curiosamente, dicho incumplimiento no trae aparejada ninguna consecuencia ya que su sanción, consistente en la retención por parte de la Subdere de las remesas por concepto de anticipo del Fondo Común Municipal, es una atribución facultativa que por lo general no es ejercida, lo que denota el poco interés del nivel central en hacer cumplir la ley. Flaco favor a la transparencia y a la confianza hacia las instituciones.
Por otra parte, debemos considerar que las experiencias comparadas de descentralización no son homologables al caso chileno, como tampoco los procesos que se desencadenan dentro de un mismo país. Por de pronto, la historia reciente nos muestra que existen distintos grados de descentralización. Y qué mejor ejemplo que el proyecto de Estado Regional de la fallida Convención Constitucional. Una propuesta que fragmentaba al país en 13 naciones y que, irónicamente, no establecía ni un Estado Regional -que se caracteriza por la potestad legislativa regional- ni era celebrada por las regiones periféricas -su mejor rendimiento electoral estuvo en la Región Metropolitana-. Si ahora la opinión ampliamente mayoritaria es que dicha propuesta era extremista, con mayor razón tiene sentido repensar fórmulas que nos permitan revertir el centralismo respetando nuestra tradición republicana.
Los argumentos expuestos anteriormente son solo algunos, entre varios, que se debieran tomar en consideración mientras se discuten dos reformas que generarán cambios relevantes en materia de descentralización fiscal: la ley de rentas regionales y el proyecto de nueva Constitución.
En definitiva, los casos que involucran a inescrupulosos que desvían fondos públicos para favorecer a organizaciones lideradas por amigos, parientes o parejas, lejos de paralizar estos debates, nos muestran que los desafíos en materia de probidad trascienden todos los niveles de la organización político-administrativa. El objetivo, entonces, no debiese consistir en entorpecer el proceso de descentralización en curso, sino más bien en impulsarlo y regularlo de una manera responsable.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
