El sociólogo, investigador del Centro de Investigación en Cs. Sociales y Juventud (CISJU) de la UCSH y Dr. en Sociología de la University of Essex, Inglaterra, reflexiona de los ataques del conservadurismo a "la propuesta Constitucional como un texto revolucionario que le quitaría la propiedad de sus casas, colapsaría Fonasa y dividiría al país", pero también al "exceso de confianza de parte de los sectores progresistas".
Los resultados del plebiscito son categóricos: Un 61% de los/as chilenos/as rechazaron la propuesta de nueva constitución. Este resultado es sin lugar a duda sorprendente, en especial, teniendo en cuenta la fuerza con que ganó la opción Apruebo en el plebiscito de entrada. Estos resultados también debieran invitarnos a revisar las tesis bajo las cuales hemos interpretado los procesos sociales que han animado la política durante los últimos años.
A partir de la revuelta, desde las ciencias sociales se ha tendido a construir un relato respecto de los/as chilenos/as que ha resultado absoluto. Desde esta perspectiva, los 13 años de movilizaciones sociales darían cuenta de una ciudadanía en movimiento, que busca de manera activa cambios a los 30 años de neoliberalismo. Los resultados del domingo ponen en duda esta tesis.
Los procesos sociales que han animado el ciclo de politización han sido movilizados por grupos que efectivamente se han politizado: Estudiantes, pensionados, activistas medio ambientales, etc. Estos constituyeron un bloque histórico que entró en un proceso de disputa hegemónica con la clase política tradicional. Por 13 años esta lucha fue corriendo el cerco de lo posible, cuestionando los supuestos de la transición e instalando nuevas formas de pensar e interpretar la realidad. La revuelta de 2019 fue el punto culmine de este proceso, donde este bloque histórico logró resonar con un amplio espectro de la sociedad.
El acuerdo del 15 de noviembre dio paso a una fase de institucionalización, el cual buscó evitar la caída del gobierno de Piñera y responder, al menos de manera parcial, a las demandas ciudadanas. Con la llegada de la pandemia el escenario cambió radicalmente: Problemas como la desigualdad y la injusticia se volvieron menos relevantes frente a la crisis sanitaria, el encierro y la creciente inflación.
Esto explicaría por qué el proceso eleccionario posterior a la revuelta estuvo marcado por una moderada participación ciudadana. Para el plebiscito de entrada (2020) votó un total de 7.542.952 personas, lo que corresponde a la mitad del padrón electoral (50,9%), para la elección de convencionales la participación alcanzó 6.184.594 (41%), la primera vuelta electoral 7.114.800 (47%) y en la segunda vuelta electoral votaron cerca 8.364.534 (56%), una cifra récord en un contexto de voto voluntario. La obligatoriedad del voto para el plebiscito de salida hizo que votaran 13.021.063 personas, un 86% del total del padrón, es decir, entre el plebiscito de entrada y de salida se agregaron 5.452.382 de votantes.
Fueron justamente estos nuevos electores quienes decidieron el destino de la propuesta constitucional votando en masa por el Rechazo. En perspectiva, entre el plebiscito de entrada y el de salida, la opción Apruebo perdió alrededor de 1 millón de votos. Aun considerando esta merma importante, si el plebiscito de salida hubiera contado con la misma participación que el de entrada, la opción Apruebo ganaba con un 64%.
La dificultad reside hoy en caracterizar a estos nuevos votantes. Fácil es caer en la denostación -el “roteo“- de tratar a estos sectores de salvajes víctimas del neoliberalismo. La única caracterización que parece plausible es que son sectores despolitizados, quienes no se han sentido motivados por el proceso eleccionario.
Desde el comienzo de la Convención, la derecha buscó minar su credibilidad y aprovechó los escándalos que formaron parte del proceso. En un país donde este sector controla casi la totalidad de los medios de comunicación, el mensaje se amplificó de manera obscena, influenciando a la opinión pública.
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Los sectores con poca politización fueron presa fácil de las caricaturas y mentiras sobre la Constitución. Los convencionales fueron mostrados como payasos, la Convención como un circo marcado por el extremismo y la Propuesta Constitucional como un texto revolucionario que le quitaría la propiedad de sus casas, colapsaría Fonasa y dividiría al país.
A pesar del encomiable trabajo de los/as convencionales, la Convención careció de una comunicación efectiva, posicionándola de manera constante a la defensiva frente a los ataques de los sectores conservadores. La falta de mensaje puede deberse al escaso tiempo con que contó la Convención y el escenario hostil de su implementación (gobierno de Piñera), pero también a un exceso de confianza de parte de los sectores progresistas, quienes a partir de los resultados electorales anteriores pensaron que la carrera ya se encontraba ganada antes de correrse.
Por otro lado, la Propuesta Constitucional se mantuvo fuertemente ligada a Boric y su gobierno. En un contexto de una fuerte inflación y con una gestión errática, parte importante del voto de rechazo fue un voto de condena. De esta manera, el resultado del 4 de septiembre mostró lo frágil de la tesis de la politización en Chile y la elección en último término fue decidida justamente por aquellos sectores que se escapan a esta caracterización.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
