El exsubsecretario de Previsión Social y abogado de Guerrero & Cía Abogados abordó los detalles del informe de la Comisión Técnica de Pensiones, documento que cuenta con "varios aspectos que claramente serán insumo interesante para la discusión legislativa".
Se ha conocido el informe de la Comisión Técnica de Pensiones, documento que contiene varios aspectos que claramente serán insumo interesante para la discusión legislativa. Destaco el incremento en la cotización, la modernización del mecanismo de cobranza, seguro de lagunas, mantener como referencia la línea de la pobreza en la PGU y el foco especial en mujeres.
Otro de los puntos positivos son los arreglos institucionales, que transforman a la Superintendencia de Pensiones en un cuerpo colegiado similar a la CMF, aumentan la participación del Consejo Consultivo Previsional y que la Comisión de Usuarios del Sistema pase a tener un mayor rol.
El informe también se refiere a la licitación de stock, idea que más allá de afectar contratos vigentes, la libertad de decisión de las personas e inclusive la Constitución, a mi parecer resulta incompatible con una AFP estatal, cuya creación puede verse de forma positiva en cuanto se implemente correctamente, con impacto real tanto en competencia como en mayor legitimidad del sistema.
En ese escenario de mayor competencia, claramente la Superintendencia debe fortalecerse, institucionalizarse y asegurar una cierta continuidad de criterio, objetivos que se condicen mucho más con una gobernanza colegiada. Además, siendo los integrantes de ese cuerpo designados en un proceso en que intervienen los poderes ejecutivos y legislativos, su opinión y relevancia pasa a tener aún más peso.
Aumentar la participación del Consejo Consultivo Previsional también es un paso relevante para lograr una buena discusión técnica en materia previsional. Recordemos que hoy este Consejo solamente debe emitir su opinión en aspectos vinculados al pilar solidario o PGU, y sus integrantes habitualmente son personas de trayectoria técnica importante, con destacadas carreras profesionales o docentes.
Ampliar los ámbitos en que debe opinar a todos aquellos de materia previsional, cualquiera de los pilares de que se trate, será un aporte al nivel de la discusión y al sustento técnico de la misma.
Esto no quiere decir que lo que se legisle necesariamente deba ser aquello que el Consejo opine, ya que junto con la técnica en la discusión parlamentaria también incide la coyuntura y la política; pero sí permite dar mayor sustento a la discusión.
Otro aspecto que se podría encomendar al Consejo es la actualización periódica de diversos parámetros que inciden en las pensiones, lo que quitaría la presión política cortoplacista respecto de algunos cambios.
Finalmente, respecto de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, se trata de una instancia enriquecedora del debate, que permite a la autoridad y a diversos actores una mayor interacción con distintos puntos de vista que interactúan en forma directa. Darle un rol en el proceso de designación de directores, como se propone en el informe, es un avance en participación, debiendo velarse por no sacrificar idoneidad.
En síntesis, los aspectos institucionales que plantea el informe son positivos, varios de ellos ya fueron contemplados en pasados proyectos de reforma previsional, y permiten hacer más robusta, técnica y permanente en el tiempo la estructura previsional. Esperemos que esto permita una discusión más fructífera y realista.
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