El director del programa Constitucional del Instituto Res Pública reflexionó acerca de los procesos constitucionales y aseguró que "los 4 años de tremenda incertidumbre de estar discutiendo las bases fundamentales
del Estado, en plena crisis sanitaria, económica y social producida por el COVID-19, es un costo difícil de estimar. En un sentido jurídico, tampoco quedamos igual, sino peor".
A solo semanas del triunfo del En contra en el plebiscito de 17 de diciembre y a 4 años del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, en nuestro país sigue rigiendo la Constitución del 80 con sus numerosas modificaciones, con sus virtudes y defectos.
Tras ambas desaprobaciones a las propuestas constitucionales, aparentemente quedamos en iguales condiciones que antes de iniciar los procesos, con un sentimiento de “pérdida de tiempo”. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Quedamos realmente en la misma situación que el 2019? La respuesta es rotundamente No.
En un sentido material, el costo de la Convención Constitucional, el Consejo, los expertos, los árbitros, las campañas de elección y la difusión de los textos propuestos; en fin, todo el proceso
superó los 150 mil millones de pesos.
Por otro lado, los 4 años de tremenda incertidumbre de estar discutiendo las bases fundamentales del Estado, en plena crisis sanitaria, económica y social producida por el COVID-19, es un costo difícil de estimar.
En un sentido jurídico, tampoco quedamos igual, sino peor. Luego del triunfo del rechazo el 4 de septiembre de 2022, parlamentarios de centroizquierda presentaron un proyecto de ley para
rebajar los quórum de reforma constitucional, siguiendo la campaña de “rechazar para reformar”. En el mismo sentido que dicha iniciativa, se amplió la rebaja de quórum para las leyes orgánicas constitucionales, de forma que se pudieran aprobar, modificar o derogar por un menor número de parlamentarios.
Con las reformas citadas, nuestra carta magna también queda sujeta a un menor quórum de reforma, que antes era de 3/5 de diputados y senadores en ejercicio para la mayoría de los capítulos y 2/3 para otros de especial relevancia como los derechos fundamentales; ahora toda la Constitución se puede reformar con el voto favorable de solo 4/7 (artículo 127, inciso segundo). Lo anterior pone en peligro o al menos deja vulnerable las normas fundantes de materias tan importantes como la separación de poderes, los frenos a las autoridades políticas y al Estado en general o los derechos fundamentales, cuya esencia está establecida, también, en la Constitución. Así, con un quórum bajo de reforma se podría reducir la protección del derecho a la vida del que está por nacer, restringir libertades como la de reunión o conciencia, libre iniciativa en materia económica, la igualdad ante la ley, entre otros.
Incluso, eventualmente podrían ser modificadas normas “de cierre” que, hoy, robustecen la protección de los derechos de las personas, como el artículo 19 n.º 26, que garantiza que los derechos no pueden ser afectados en su esencia, o el control constitucional preventivo que realiza el Tribunal Constitucional sobre las leyes orgánicas constitucionales en donde se analiza, justamente, si es constitucional lo aprobado o si, al contrario, afecta los derechos de las personas o principios constitucionales que deben ser respetados.
Por su parte, el contenido material de la Constitución no se agota en el texto constitucional, sino que este manda al legislador a completarla en las “leyes orgánicas constitucionales” (LOC), las que amplían y detallan la regulación constitucional sobre decenas de materias. Por lo mismo, las LOC tienen un quórum especial para ser aprobadas o modificadas, el que, sin embargo, también fue reducido. Si bien antes de la reforma dicho quórum era de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, hoy es de mayoría absoluta de los mismos.
Esto significa que materias tan relevantes como la composición, organización, funciones y atribuciones del Banco Central, de Contraloría General de la República, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, del Servicio Electoral, de los Tribunales de Justicia, de la Fiscalía o de la Administración del Estado queden entregadas a las mayorías circunstanciales de una elección determinada, con el consiguiente peligro de que un partido o sector político con inusual resultado electoral pueda modificar a su gusto con todas estas instituciones.
También quedan bajo este peligro el establecimiento de los requisitos para la obtención del reconocimiento oficial de los establecimientos de educación, con el consiguiente impacto en el derecho a la educación, y la regulación de los estados de excepción, cada vez más utilizados ante las crisis de seguridad y orden público a las que nos hemos enfrentado en el último tiempo, entre varios otros temas.
Como una mala resaca, luego de una noche de excesos y malas decisiones, aún seguimos sin dimensionar el daño causado. Todavía no es posible determinar el costo político, económico, jurídico ni social que produjo la revolución de octubre del 2019 y la aventura en pos de cambiar la Constitución; pero sí salta a la vista una triste realidad, que es ratificada por todas las estadísticas: las familias chilenas están relativamente peor hoy que en 2019.
No sirve llorar sobre la leche derramada, más debemos aprender de lo vivido y estar conscientes que estamos vulnerables. El Gobierno debe abandonar las políticas identitarias y enfocarse en la reactivación económica y otorgar seguridad a la población. Por otro lado, la sociedad civil, deberá estar más atenta que nunca a las amenazas de la libertad y los derechos de cada persona. Solo así podremos retomar la senda del progreso y recuperar, aunque sea en parte, el tiempo perdido
