Columna de Eduardo Rojas: El deber de proteger a todos y todas

Se ha vuelto habitual al asistir a actos en colegios municipales o particulares subvencionados, que los concursos de cueca los ganan estudiantes nacidos en el extranjero, lo mismo sucede cuando un alumno o alumna debe salir a hablar en público a nombre de sus compañeros, cuando miramos la composición de la directiva de los Centros de Alumnos o los cuadros de honor de los mejores estudiantes de cada curso: normalmente hay una gran presencia de estudiantes extranjeros.

Pues bien, un porcentaje mayoritario de estos estudiantes nacidos en el extranjero no tiene su situación migratoria regularizada, anticipando una serie de efectos y complicaciones para su desarrollo y el de nuestro país.

Según datos levantados a principios de 2023 por Grupo Educativo, respecto al alumnado en 3° y 4° Medio, existe una población de 5.454 estudiantes nacidos en el extranjero que no cuentan con su carnet de identidad. Esta cifra significa que un 16% de la matrícula de los 150 establecimientos técnico-profesional encuestados en la Región Metropolitana, aunque habita y participa de nuestra sociedad, no se encuentra inscrito en los registros nacionales. Esta problemática es aún más grave en colegios/liceos, donde más del 60% total de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros.

Esto implica que, de seguir así, no podrían rendir la prueba de acceso a la educación superior ni tienen acceso a beneficios estudiantiles, como la gratuidad, a la vez que se cierran miles de puertas para las prácticas profesionales que exige la educación técnica profesional. Luego, al cumplir 18 años, si no pueden continuar sus estudios, se ven obligados a trabajar sin contrato, posiblemente con remuneraciones inferiores al mínimo legal y/u horarios que excedan las jornadas que, como país, exigimos para nuestros trabajadores.

El fenómeno de la migración es altamente discutido hoy en Chile y, para muchos, resulta conflictivo reconocer los Derechos Humanos y garantías básicas de las personas migrantes, sin discriminación de origen.

Según un estudio de Ipsos Chile (mayo, 2023), un 61% de los encuestados dice tener una buena o muy buena experiencia en su contacto personal con extranjeros, aunque, al mismo tiempo, un 84% reconoce asociar el aumento de la delincuencia a la migración.

En el contexto de esta contradicción, la tarea de asegurar condiciones para todas y todos los habitantes del país parece cada vez más difícil.

Quizás pensar a los niños y niñas por su condición de sujeto de derechos, ignorando el país en que nacieron, nos ayude a reforzar la empatía, que en algún momento nos caracterizó como país, y tomar conciencia de la necesidad de resolver esta deuda social.

Sin embargo, son varios los avances que se han logrado en esta materia.

Hace algunos años, en Chile ni siquiera se tenía resuelto cómo reconocer la Licencia de Educación Media a los estudiantes extranjeros que egresaban de 4° Medio, además de no figurar en los listados de alimentación escolar. Tampoco existían mecanismos para la atención en Servicios Públicos de Salud.

Uno de los desafíos pendientes, y de larga proyección, es ver la escolarización como un medio para regular la situación migratoria de los niños, niñas y adolescentes que constituyen el futuro, aunque principalmente el presente, de Chile.

Nuestra labor, como adultos y ciudadanos, es fomentar la igualdad de oportunidades para las infancias y adolescencias, sin caer en sesgos discriminatorios que solo amplían las brechas socioeconómicas que tanto hemos luchado por acortar.

De otra manera, estaríamos propiciando un mercado laboral sin respaldo en la legalidad, forzando la explotación y discriminación perpetua de quienes buscan en Chile un lugar donde aportar y progresar.