El director ejecutivo de Chile 21 recorrió el legado del mandatario en materia de seguridad desde diversas aristas, tanto en el control de la delincuencia, la reforma de Carabineros, la militarización de La Araucanía y la percepción del temor en la ciudadanía. "Nos matamos más que antes, estamos armados hasta los dientes, seguimos persiguiendo y castigando a los más vulnerables", advirtió.
No fue una, sino dos veces. El presidente Sebastián Piñera llegó a La Moneda en gran parte gracias a la promesa que Chile sería un lugar más seguro. Primero fue con el mensaje “delincuentes, se les acabó la fiesta” y posteriormente con el “Plan de Seguridad Batalla Frontal contra la Delincuencia y el Narcotráfico”, para seguir con “Aula Segura” y “Calle Segura”. La seguridad ciudadana fue y ha sido la columna vertebral de su acción político-comunicacional, como también de la derecha. Pero como hemos constatado, y a pesar de la estrategia que ya está en marcha por construir un legado, ésta terminó siendo su principal fracaso.
Hoy nos rinde cuentas y aquí va un resumen: Nos matamos más que antes, estamos armados hasta los dientes, seguimos persiguiendo y castigando a los más vulnerables, el narco tiene más poder, Carabineros nunca se reformó, la militarización se instaló en la Macro Zona Sur y vivimos con miedo.
Veamos por qué.
El orgullo de Chile, en lo que respecta a seguridad, descansó por décadas en que contábamos con las tasas de homicidios más bajas de América Latina. Mientras el 2020 los homicidios aumentaron un 29% a nivel nacional, de acuerdo al Ministerio Público, y en algunos territorios del sur de la Región Metropolitana, la cifra subió en un 80%. Con claras relaciones entre los condenados e imputados por homicidio con violaciones a la ley de drogas y ajustes de cuenta, las armas jugaron también un rol central. De acuerdo a la PDI, el uso de armas en estos delitos ha aumentado en un 39% a nivel nacional y en la RM en un 58%, gran parte ligados a actividad relacionada con criminalidad organizada. El delito de homicidio es el delito más complejo de disminuir, como también de los pocos que no tiene reparación. No se trata de recuperar un bien privado robado, sino más bien de algo tan irreparable como la muerte y que genera grandes espirales de violencia posteriores. El homicidio es el principal indicador de violencia social, entonces, esperemos que la élite después no se espante de tener una sociedad más violenta, si no logró atajar a tiempo el problema de la violencia y en particular los homicidios.
Lee también: Columna de Eduardo Vergara: Zonas de sacrificio en seguridad
De la mano con la alta relación que existe entre el uso de armas y los homicidios, Chile es un país donde la población se está armando. Esto ocurre principalmente porque las personas asumen que, frente al fracaso del Estado en protegerlas, tienen que tomar medidas por si mismos. Esto se dio particularmente porque las personas se sintieron amenazadas frente a un enemigo interno que Piñera inventó. El derecho a la relativa seguridad se privatizó en manos de quienes más tienen y quienes más se armaron a la par que la movilización social fue disfrazada como el enemigo de ellos mismos. Si comparamos las cifras pre y post estallido social, vemos que posterior a éste la inscripción de armas se triplicó. Durante el año 2019, se decomisaron 2.811 armas de fuego, mientras que en el 2020 se decomisaron 5.603, lo que implica un incremento del 99,3%. De acuerdo a cifras de la DGMN, a noviembre de 2020 fueron importadas a Chile un total de 7.729 armas, cifra que aumentó respecto al año 2019 (6.473). A esa fecha existían un total de 760.134 armas inscritas activas a lo largo del país, en su mayoría para fines de defensa personal (53%). Tanto Carabineros como la PDI registran cifras al alza. Al observar los delitos asociados a la infracción a la Ley de Armas, el de mayor incidencia entre 2018 y 2020 corresponde al porte de armas, representando un 62,7% (11.207 casos) del total de casos en el 2018, un 64% (8.346 casos) en 2019 y un 58,8% (3.489 casos) en 2020.
Los objetivos del sistema de vigilancia, control y castigo siguen siendo los jóvenes, las mujeres y quienes menos tienen. Lo que correspondía tras el primer año de implementación del control preventivo de identidad era evaluarlo. Sin embargo, el Gobierno tomó la decisión de profundizarlo. Esta práctica ha tenido un aumento explosivo: El 2018 ya teníamos 4,8 millones, el 2019 subimos a 5,3 millones y el 2020 a 5,6 millones. Pero, además, estos controles han demostrado ser extremadamente ineficientes (solo el 2% termina en detención), tremendamente discriminatorios (ocurren con gran desproporción en comunas más vulnerables) y en casos letales. Esto último reflejado en el caso de la muerte del malabarista Francisco Martínez, en Panguipulli. Como si fuera poco, este patrón sigue hasta la cárcel. El 46% de los motivos de ingreso de la población femenina nacional recluida corresponde a drogas (Tarapacá 70% y Arica 65%). No hablamos de grandes narcos, sino mujeres pobres. Si a estas cifras, además, les sumamos los ingresos por delitos relacionados a armas y homicidios, generando una categoría de criminalidad armada con fuerte relación al mundo de las drogas, explican el 57% de los ingresos totales.
Lee también: Columna de Macarena Pizarro: Narcotráfico, ¿qué están esperando?
Prometiendo una serie de sistemas y fuerzas de tarea, Sebastián Piñera prometió disminuir significativamente el número de bandas y pandillas dedicadas al tráfico. Cada vez que tuvo la oportunidad, no dudó en anunciar guerras contra el narco, incluso en momentos de referirse a estrategias de prevención de uso de drogas. Sin embargo, el presidente enfrenta hoy su último balance de gestión en un país donde el poder del narco no sólo no ha disminuido, sino que en casos se ha extendido. El estudio mensual del Monitor de Seguridad de Chile 21 muestra que en mayo, a nivel país, el 58% de las personas aseguró presenciar con frecuencia la venta de drogas (47% en junio 2020) y el 32% balaceras en sus barrios (28% en junio 2020). Pero la situación en las zonas de sacrificio de seguridad es peor. De acuerdo al Proyecto CIPER/UDP, las “zonas ocupadas”, territorios dominados por el narco en la Región Metropolitana, llegaron a los 174, duplicándose en una década. Si bien las cifras reflejan el efecto en una década, lo objetivo es que el Gobierno actual nos entrega un país con más territorios perdidos. Como si fuera poco, y gracias al modelo de prohibición de las drogas, los cálculos actuales más conservadores hablan que el gasto diario sólo por compra de marihuana, pasta base y cocaína supera el millón de dólares. Ese es el piso de lo que el narco puede mover únicamente en el mercado local, en otras palabras, es su capital para financiar el delito. Con todo, la mezquindad económica del Ejecutivo durante esta pandemia ha generado una contracción del Estado justamente en los territorios más vulnerables, significando que cada centímetro perdido por éste es un centímetro que se ha entregado al narco, que ejecuta con éxito la disputa del Estado. Esto lo hemos constatado particularmente en el trabajo de nuestra Red de Municipios por la Seguridad del Monitor. Esos 2,5 millones de chilenos de clase media que han caído en la vulnerabilidad, se encuentran hoy, además, al borde de caer en un mundo dominado por el crimen organizado. Independiente de las puestas en escena -incluso con militares- y de la obsesiva televisación de los operativos de incautación, el narco es hoy más poderoso. Esta es sin duda una de las principales amenazas para la democracia.
La reforma a la policía uniformada se trató de un show más. Dirán que tienen un cuarto de avance y lanzarán una página web. Pero abundaron las propuestas, los consensos, las millonarias asesorías y estudios (el BID aprobó un préstamo de US $48 millones para la reforma) que sirvieron para hacer puntos de prensa, crear grupos de trabajo, comisiones, unidades, modificar la estructura del Ministerio del Interior con más burocracia que desconoce la cultura de Carabineros y que cree que los problemas de seguridad se abordan como una empresa y quedar en nada. Por cierto, todas las modificaciones que se han realizado han ido para fortalecer a los privados: darles más seguridad a las tabacaleras, a las empresas de camiones, a las salmoneras y forestales. La productividad policial no ha sido pensada como un bien común, si no al servicio de los que más tienen. Si bien la policía uniformada ha realizado cambios internos, no hay absolutamente nada que nos permita argumentar que, después de la seguidilla de violaciones a DD.HH. y actos de brutalidad que presenciamos y sufrimos en el marco del estallido, cambió. Es más, ésta continúa deliberando y el mismo director de la institución sólo días atrás se tomó la libertad de dirigirse al Congreso desde un periódico para pedir los cambios y el blindaje que él estimaba necesarios. Pero aquí la responsabilidad es política, y si bien ésta radica en las últimas tres décadas, ha sido el presidente Piñera quien se ha negado a realizar las reformas necesarias. El eje principal de su propuesta de gobierno terminó en que la policía más grande del país se encuentra hoy al borde de un barranco. De acuerdo al estudio mensual del Monitor de Seguridad, Carabineros lleva diez meses en el rango del 60% al 67% de desaprobación.
Lee también: Columna de Camila Vallejo: 40 horas, que los senadores trabajen más para que el pueblo trabaje menos
La Araucanía fue tal vez el corazón de la propuesta en seguridad. Si bien el gobierno actual dio los pasos correctos al instalar espacios de diálogo en la zona, rápidamente dejó ver su verdadero ADN y obsesión por solucionar todo con más control. Aprovechando el oxígeno necesario que la excepcionalidad otorgada por la pandemia les entregó para respirar tras el estallido, las FF.AA. llegaron al territorio para quedarse. Con todo, se han generado grupos de civiles armados para defender a las forestales y otras instalaciones, en un escenario donde los atentados incendiarios aumentaron en un 137% durante los primeros 100 días del 2020 en comparación al año anterior. Durante el primer año de gobierno, Camilo Catrillanca fue asesinado en manos del Estado en el marco de una serie de manipulaciones y encubrimientos. A inicios del 2020, un operativo de la PDI terminó con un subinspector asesinado tras un fracasado operativo en la Temucuicui. Con todo, recientemente, el gobierno confirmó que se encontraba estudiando ingresar un decreto a Contraloría para permitir que las FF.AA. se mantengan en la zona para apoyar la labor de Carabineros.
El crimen, la violencia y la delincuencia se mantienen como la principal preocupación de los chilenos. El abanico de encuestadoras ha demostrado reiteradamente como, a pesar de los intentos del gobierno por abusar de la reducción de casos policiales generados por el control de la pandemia, las personas viven con más temor y eso se instala como la principal preocupación. Ya la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) del Ministerio del Interior nos mostraba un aumento del 76% en el 2018 al 82% en el 2019 en las personas que venían percibiendo que la delincuencia en el país aumentaba. Tras una fuerte caída en el 2018, el índice de temor alto de Paz Ciudadana llego el 2019 y 2020 a las cifras más altas desde el 2015 y recientemente la encuesta mostró que el país aumentó el temor por el crimen y la violencia, con un alza de 6% en relación al mes de abril, instalándose como la principal preocupación a nivel nacional y dejándonos cuartos a nivel mundial, sólo por detrás de Suecia, México y Sudáfrica.
Es esperable que el gobierno nos intente contar otro cuento. Tanto en Cuentas Públicas, como legados y puntos de prensa. Pero lo objetivo es, que mientras la seguridad fue la gran promesa de Sebastián Piñera, fue también su principal fracaso.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
