El director de Fundación Chile 21 sostiene que "debemos dar un cambio radical en nuestro enfoque, avanzar hacia la persecución selectiva, un sistema de inteligencia de verdad, pero por sobre todo regular ciertas drogas como el cannabis para quitarle parte del negocio al crimen".
El Ministerio Público acaba de publicar un nuevo informe sobre el estado del narcotráfico en Chile. Si bien hay conclusiones, datos y proyecciones que llaman la atención, resultado de un buen trabajo que vienen haciendo hace años, es un panorama que veníamos viendo hace un tiempo. En Chile, el narcotráfico y el crimen organizado están creciendo a una velocidad preocupante.
Si bien el poder y expansión del narco se viene observando hace tiempo, nuestra relación con los carteles y el tráfico de drogas es de larga data. Este no es un fenómeno para nada nuevo.
Chile tuvo participación en el mercado de tráfico de cocaína prácticamente desde sus inicios en América Latina y posteriormente incluso llegó a consolidarse como uno de los principales actores. Fue el ex Presidente Allende quien en un discurso de inicio del año escolar declaró por primera vez a las drogas como un enemigo mientras ya los chilenos operaban con holgura desde los puertos y aeropuertos nacionales.
Incluso fue gracias a las intervenciones de la DEA en territorio nacional que en muchos casos el gobierno de EEUU abrió la puerta a lo que fue posteriormente su rol en la dictadura. Tras el inicio de esta, si bien cambiaron los patrones, la producción y exportación de droga se mantuvo en Chile incluso bajo los experimentos que se le encomendó al químico Berríos por desarrollar cocaína no detectable al olfato. Todo bajo la atenta mirada y supervisión del Mamo.
Así, en democracia el tráfico siguió floreciendo particularmente de la mano de carteles criollos que desde las poblaciones abandonadas por el Estado montaron centros de operación. Hoy, el escenario prácticamente agrupa toda la diversidad de nuestra historia.
La pandemia ha jugado un rol clave en el crecimiento del narcotráfico y particularmente el poder del narco. Por un lado, el Estado, particularmente gracias a la inacción del Gobierno, ha cedido una parte importante del territorio debido a la desprotección de las personas. Cada centímetro que el Estado cede, es un centímetro que queda a disposición de la disputa del crimen organizado. Por otro, los altos índices de incertidumbre, desocupación, depresión, endeudamiento y cuanto problema de salud mental llevamos (y ocultamos) en el país, han servido como ciclón para la demanda. Por último, y como si fuera poco, por décadas, las políticas de drogas y seguridad han resultado ser tremendamente ineficientes y regresivas.
Frente a la contracción de los espacios convencionales de ingreso de droga al país debido a la pandemia, han ocurrido dos fenómenos particulares. Lo primero tiene que ver con una oportunidad: Frente a la baja en disponibilidad de oferta extranjera, el emprendimiento ha crecido generando una expansión en el mercado local. En segundo lugar, y debido a esa misma reducción de espacios y dificultad para penetrar los mercados locales, el narco extranjero ha tenido que operar con mayor agresividad. Ahora son los mismos miembros de los carteles extranjeros quienes tienen que participar directamente en las operaciones. De esta forma, por ejemplo, se termina por consolidar la presencia de carteles como los mexicanos. Esto no significa que los carteles antes no participaban, sino que ahora lo hacen de forma directa.
Por esto mismo, es un error celebrar el aumento de decomisos de droga como las detenciones. Todo como si estuviésemos ganando una guerra contra el narco. Lo primero, es que las incautaciones de drogas, las detenciones o incluso la detección de laboratorios no son predictores de si hay más o menos droga, tampoco si hay más o menos narcotráfico. Hablan sí de las capacidades de las policías y las instituciones dedicadas a la investigación y persecución. Estas capacidades han aumentado por la situación excepcionalidad constitucional del país resultando en una fuerte presencia control en menos de policías e incluso militares.
Este informe también alerta sobre la cárcel y particularmente como el narco también la ha penetrado. Este es un problema que también acarreamos por décadas. La cárcel en Chile es una extensión de la pobreza y está reservada para los eslabones débiles de la criminalidad quienes al estar dentro consolidan su papel de soldados. Son ellos quienes se matan, los enviados a sacrificar sus vidas y quienes abultan el poder de los carteles. Pero peor aún, frente a la ausencia de re inserción y oportunidades reales, a su salida vuelven a caer en el mismo círculo vicioso presos del narco.
Otro factor de preocupación debe ser aumento de homicidios que venimos observado en el país y particularmente la relación que existe entre ajuste de cuentas y narcotráfico. Estos aumentaron en un 20% el 2020 y en algunos territorios donde hay más violencia y presencia de crimen, en hasta un 80%. Esto afecta directamente a los grados de violencia que estamos viviendo y el empoderamiento de carteles en base a las ejecuciones.
La conclusión principal que debemos considerar tras este informe y la evidencia que venimos viendo por décadas, es que la lógica de guerra contra las drogas que con tanto éxito se instaló en Chile ha resultado ser tremendamente regresiva y dañina. El narco tiene hoy más poder frente a un Estado que se contrae. Al mismo tiempo, los usuarios de drogas están más vulnerables por una serie de razones ligadas a la vulnerabilidad tanto frente a la disponibilidad de drogas, el poder creciente del narco y el Estado mismo.
Con todo, seguimos gastando más en una guerra que nació fracasada y que a pesar de los logros que se intentan instalar no muestra señal alguna de ser positiva. Por esto mismo debemos dar un cambio radical en nuestro enfoque, avanzar hacia la persecución selectiva, un sistema de inteligencia de verdad, pero por sobre todo regular ciertas drogas como el cannabis para quitarle parte del negocio al crimen, recaudar para invertir en educación y prevención y tomar de una vez por todas cierto control de una situación que cada día más parece estar a la deriva. Seguir haciendo lo mismo es una tremenda irresponsabilidad.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
