Columna de Fernando Paulsen: Presidente, su camino de acudir al TC no tiene corazón

Los historiadores tienen la ventaja de tener la distancia suficiente de los eventos que relatan y explican, como para poder reunir evidencias, citas, entrevistar otros historiadores y testigos de esos lejanos momentos, leer otros autores sobre el mismo tema y, así, formarse una idea clara de qué implicancias tuvo ese momento en el tiempo. ¿Fue determinante para los sucesos siguientes? ¿Marcó un antes y un después en la historia del país? El historiador, muchos años después, comparado con el periodista en el momento mismo que pasan las cosas, justo cuando se toman las decisiones, tiene la ventaja de la perspectiva, del paso del tiempo suficiente como para calificar esa decisión y ponderar su importancia.

A veces los sucesos se aceleran, y no hay que esperar tanto tiempo para evaluarlos, porque ocurren cuando la gente está en un estado anímico tal que basta un pequeño estímulo y la historia cambia de la noche a la mañana. Algo así ocurrió con el aumento de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago, en octubre de 2019, donde no hubo que esperar mucho tiempo, para darse cuenta que la medida había tocado un nervio tremendamente tensionado, que -si no era el precio del pasaje- cualquier otro estímulo, por los mismos días, podría haber desencadenado el movimiento que se denominó “estallido social”.

Incluso decisiones aparentemente menores, como un alza de la tarifa del Metro, o un Bono de Clase Media estructurado sobre la base de la hiperfocalización de recursos y diseñado para detectar más rápido a quien no lo merece, antes que quién lo necesita, pueden generar que las variables políticas y emocionales de la población, que hasta entonces parecían transcurrir según las viejas reglas del juego, súbitamente deriven en una situación inédita o sorpresiva, que altera esas mismas reglas severamente.

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La Presidencia de la República es, lejos, el cargo de autoridad más importante del país. Así como tiene una cantidad enorme de recursos materiales y políticos a su exclusiva disposición, así también -si el mandatario lo considera necesario- es la oficina pública o privada con mayor acceso a asesorías de todo tipo, en cualquier momento, sobre cualquier tema. Desde si corresponde subir el precio del transporte, pasando por nominaciones a cargos públicos, si cabe o no reunirse con tal o cual mandatario extranjero, qué se debe conversar con él o ella, en qué tono debe tener una reunión con su coalición de gobierno o con la oposición, o si corresponde que el Estado se despliegue en ayudas a la ciudadanía en una época inédita de dificultad sanitaria. Y en cómo debiera ser esta ayuda, qué tan amplia será, cómo se debiera comunicar, que debiera explicitar y qué no, en caso de haber condiciones para obtener la ayuda, cuál debiera ser el mensaje que debiera recibir el ciudadano que cumple con todos los requisitos y cuál el mensaje a quién no los cumple y va a ser rechazada su petición. Entendiendo que los rechazados siempre reciben un golpe a sus expectativas, hay más preguntas que hacer y más asesorías que recibir: ¿Respondemos tomando en cuenta el momento emocional que estamos viviendo? ¿Entenderá quien es rechazado por qué lo fue, y cómo puede hacer, si cabe, para reunir requisitos que lo validen, si correspondiera? ¿Hay conciencia del momento que se vive, que puede distorsionar la interpretación de la respuesta? ¿Qué se hace para que el rechazado pueda sentir que no lo abandonan, buscando alguna otra opción disponible? El mandatario tiene la posibilidad de ponerse en el lugar del receptor del aviso de rechazo y pedir que le envíen la comunicación que lo descarta, para evaluarla. Y si fuera necesario, porque puede, reunir un grupo ad hoc que dé opiniones sobre la forma y el fondo de lo que él o ella están a punto de hacer: decirles a cientos de miles de personas que no califican para recibir ese bono, en el momento más angustioso de su existencia.

Hacer todas esas cosas y muchas más que sean necesarias no toma gran cantidad de tiempo, no retrasa significativamente nada. Pero le da al gobernante la convicción de que actuó con empatía, que consideró la calidad de la comunicación que ese gobernante enviaba a ciudadanos que iban a sufrir leyendo la respuesta negativa que se les venía encima. Para que ese mismo gobernante pudiera hacer algo por todos aquellos que quedarían al margen de la ayuda prometida. Incluyendo, si en el proceso de asesorías previo a la materialización de su idea del bono, se diera cuenta que los perjuicios emocionales que una medida como esa pudiera traer, podría ser más costosa que cambiarla por una más amplia y menos discriminatoria. Y esto a tiempo de corregir todo, desde el tipo de ayuda hasta la forma en que se comunica y se atiende a todas las dudas que la medida despierte en la ciudadanía.

Nadie -repito- nadie, tiene la asesoría disponible al presidente de la República. Por cierto, el mandatario podría asumir la actitud de consultar a quienes saben que no lo van a contradecir. Y parapetarse en una consulta de burbuja. Por lo que, si las cosas salieron como salieron y generaron en la ciudadanía lo que generaron, el responsable principal es el mandatario.

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Lo mismo a la hora de tomar una decisión como ir al Tribunal Constitucional para impedir un tercer retiro de las AFP. Aquí hay algunas cosas que cambian. El presidente tiene la facultad de acudir al TC si considera que hay un caso de inconstitucionalidad. Pero facultad no siempre significa obligación. De hecho, el mismo presidente no fue al Tribunal Constitucional en el primer retiro y, más aún, firmó la reforma constitucional que lo hizo posible. Alguien podría argumentar que en esa oportunidad se dijo que el retiro sería por única vez, pero parece muy extraño que quien hoy defiende haber ido al TC, en este tercer retiro, “porque se juró respetar la Constitución”, considere que bien vale no respetarla si acaso la medida inconstitucional se hace sólo por una vez. Parece más lógico pensar que el presidente ponderó, evaluó, hizo un análisis racional de la conveniencia o no conveniencia de ir al Tribunal Constitucional esa primera vez. Llegando a la convicción que no debía ir. Lo que a sus ojos -ir al TC- debió considerarlo una facultad disponible en la Constitución, pero no necesariamente obligatoria a todo caso. De otra forma, tendríamos en La Moneda, hace 9 meses, a un presidente que violó a sabiendas la Constitución de la República.

Este acudir al Tribunal Constitucional para el tercer retiro tiene otras consideraciones menos reglamentadas. Y que empalma con la activación de estados emocionales presentes a la hora de tomarse decisiones que la ciudadanía perciba como la gota de agua que rebasa el vaso. ¿Será analizado este acudir al Tribunal Constitucional como el cruce del Rubicón por Julio César, espetando “los dados están echados”, lo que denota una apuesta a que ha llegado la hora de un ajuste de cuentas entre el ejecutivo y el poder legislativo, incluyendo a los miembros de la propia coalición de gobierno, e incorporando inevitablemente a toda la ciudadanía en la apuesta, tomando en cuenta que en la encuesta que se busque está muy mayoritariamente a favor del tercer retiro?

Un viejo proverbio árabe dice que cuando te des cuenta que estás dentro de un hoyo, lo único que no debes hacer es seguir cavando. Y el presidente Piñera parece que mandó llamar una retroexcavadora, que puede tener serias implicancias en las siete elecciones que se vienen este año.

Alguien podría decir, pero ¿qué opciones tenía el presidente? El ha sido educado en la focalización y la hiperfocalización, en la idea de que la gente se mueve por estímulos, no por virtudes, como también acaba de reconocer ese mismo alma mater el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, al decir que los bonos hacen que la gente no vaya a trabajar. Y antes lo había señalado la diputada, María José Hoffman, quien planteó, cuando se discutía el monto del IFE, que la razón de no subir el monto de 65 mil pesos era “porque no queremos que la gente viva del Estado”. Esa línea de pensamiento, o dogma ideológico, es un camino muy rígido a la hora de gobernar, donde incluso una situación excepcional, que ha movido a países capitalistas de todas las latitudes a abrirse a ayudas públicas sustanciosas, dejan de ser modelo para quienes consideran que la virtud y el merito tienen domicilio exclusivo, mientras el resto siempre espera la oportunidad de sacar la vuelta.

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A veces cruzar el Rubicón da frutos positivos. Pero siempre es cuando se trata de involucrar a toda la población, no sólo a un grupo focalizado. Recuperar la democracia en 1988 implicó cruzar el Rubicón y gritar “la suerte está echada” en la apuesta electoral más arriesgada de la historia. Se apostó que se le podía ganar a la Dictadura y a su Constitución, en un plebiscito que lo organizara la misma Dictadura, sin registros electorales, ni partidos políticos legales. Hubo varios que se opusieron al principio, por no imaginar una elección limpia llevada a cabo por un régimen inmundo. La gente ayer, como ahora, tenía claro lo que necesitaba. Antes era libertad y democracia, hoy es ayuda para enfrentar una pandemia inédita y mortífera. En ambos casos el potencial beneficiado es todo el país, sin excepciones. Hubo voces que reclamaron las condiciones en 1988, pero bastante rápido dieron libertad de acción a sus militantes y no hicieron nada para obstaculizar el proceso que se venía encima.

Hoy vamos a decidir sobre nuestra identidad, formas de conveniencia y repartición de poder en una nueva constitución, y se elegirán constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes, concejales, diputados, senadores y presidente de la República. Hoy como ayer, nadie sobra. Más de 30 mil personas han fallecido en la pandemia y tenemos casi 1.200.000 contagiados. Todas esas decisiones mencionadas en el párrafo anterior implican, aunque muchos se abstengan, a todos los chilenos, sin excepción.

Cuando más es necesario unirse, ampliar miradas y levantar la cabeza, recurrir al Tribunal Constitucional para impedir un aporte que ha dado prueba de hacer fluir la economía, no para correr a comprar televisores, sino para comer, pagar cuentas, ahorrar -sí, ahorrar- y darse la posibilidad de mejorar las expectativas que conlleva una peste criminal; impedir esto sin alternativa equivalente sólo es buscar el camino más estrecho, excluyente e injusto.

Los caminos de un mandatario son muchos, sólo están condicionados por la amplitud o la estrechez de su mirada. Como dice Carlos Castañeda en su libro Las enseñanzas de Don Juan:

“Observa detalladamente cada uno de los caminos a tu disposición. Ponlos a prueba tantas veces como creas necesario. Luego, pregúntate a ti mismo lo siguiente: ¿tiene corazón este camino? Si lo tiene, el camino es bueno. Si no lo tiene, el camino no sirve para nada”.

Presidente, su camino de acudir al Tribunal Constitucional no tiene corazón.

No sirve para nada.