El senador DC afirma que en la Convención Constitucional "lo central de la estrategia de los pueblos indígenas será la consecución de su autonomía, concepto nuevo para el ámbito político chileno, pero que está plenamente en vigencia en numerosos estados modernos y en las Naciones Unidas".
Desde hace unos cuantos años se ha debatido en Chile la posibilidad de que en la nueva Constitución se declare un Estado Plurinacional y, junto con ello, se reconozca el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Dos cuestiones se entrelazan o se vinculan. Por un lado, el reconocimiento constitucional que viene desde los albores de la recuperación de la democracia, cuando el año 1989 los diferentes pueblos indígenas firmaron el Acuerdo de Nueva Imperial con el candidato presidencial don Patricio Aylwin. Una exigencia de los sectores dirigenciales de los pueblos indígenas que pusieron como condición para firmar el pertinente documento.
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A mas de 30 años de dicho evento, mucha agua ha pasado bajo los puentes de las cuestiones indígenas. No sólo con las experiencias de Bolivia y Ecuador, sino también con el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas emanado de las Naciones Unidas en sus distintos organismos. Nace un nuevo concepto que ha venido a mover las aguas de las nuevas estructuras con que los pueblos indígenas se relacionan con el Estado. Esto es la autonomía de los pueblos indígenas.
Por ello, a contracorriente de muchos analistas y personeros del mundo político, creo que el punto central que van a plantear los convencionales de pueblos originarios será la autonomía. La plurinacionalidad y el reconocimiento constitucional tienen que ver más bien con una perspectiva del propio Estado. Es éste el que tiene que definirse a sí mismo, en orden de seguir manteniendo la ficción fundadora del siglo XIX de la nación chilena, única y monocolor, o bien hace un gesto sincero, verdadero que al momento de independizarse del Reino de España estaba conformado por pueblos originarios anteriores a su formación y que, incluso, los propios conquistadores lo habían reconocido.
Los pueblos indígenas tienen definida su identidad, sus orígenes, su historia y su existencia. Es el Estado de Chile es el que está en deuda consigo mismo, de reconocer su realidad y lo que es, y no seguir viviendo de ficciones.
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El reconocimiento constitucional es, más bien, una necesidad del Estado para armar la nueva arquitectura jurídica que, en relación con los pueblos indígenas, debe asumir en la nueva Carta Fundamental toda vez que, al aceptar la existencia de escaños reservados asumió, a priori, que aquellos eran sujetos colectivos de derechos y deberán tener, en consecuencia, representación propia en los nuevos órganos colegiados que establezcan el próximo proceso constituyente.
Por ello, a mi juicio, lo central de la estrategia de los pueblos indígenas será la consecución de su autonomía, concepto nuevo para el ámbito político chileno, pero que está plenamente en vigencia en numerosos estados modernos y en las Naciones Unidas. Tarea para la casa, entonces.