Lo que las izquierdas revelaron al país durante ese intento constituyente fue su maximalismo llevado a un extremo refundacional que se vació en un proyecto nefasto que amenazaba las bases de nuestra democracia.
Estamos cerca de un nuevo aniversario del 18-O. Aquel viernes estallaron malestares y hastíos cuyas causas aún no han sido analizadas suficientemente ni ponderadas en sus consecuencias. A partir de esa tarde, diferentes grupos, claramente organizados, encontraron la oportunidad de sembrar el terror a través de la quema simultánea de decenas de estaciones de Metro bajo el mismo modus operandi. Al unísono, en medio de la anomia reinante, el lumpen encontró una oportunidad para desestabilizar las ciudades y los ciudadanos perdimos libertades y seguridad ante la estupefacta inmovilidad de las instituciones.
En este escenario de descontrol, la clase política buscó una salida. Se dijo que las amenazas al Estado de Derecho podían precipitar una corrida bancaria, la fuga de capitales e incluso un asalto a La Moneda. Y la puerta que nos ofrecía una salida rápida y pacífica era generar una nueva constitución. Así transitamos desde los afanes destituyentes que asolaban las calles hacia el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”. Y en medio de un país amenazado por un tropel de violencia incontrolable se preguntó a la gente si estaba de acuerdo con este camino. La aquiescencia fue abrumadora.
Lo que prometía este acuerdo era algo así como un renacer de la convivencia sociopolítica, abandonando ciertas costumbres, malas prácticas y sobre todo la estructura institucional a la que se atribuía la responsabilidad de los “treinta años”. El pacto implicaba dos promesas: diseñar un andamiaje institucional en el cual todos estaríamos representados y el fin a la conflictividad política y a la violencia.
De esta manera iniciamos el primer proceso constituyente que, desde sus albores, evidenció los afanes hegemónicos de las izquierdas y la escasa voluntad de aprobar un nuevo pacto social que fuera verdaderamente incluyente. La promesa de inclusión no se asomaba por ningún lado a medida que la Convención avanzaba aprobando propuestas refundacionales y maximalistas —muchas veces incluso excéntricas— enmarcadas en un espectáculo decadente y escorial que tuvo de protagonistas a un impostor, corpóreos y una amplia lista de convencionales jacobinos que, día a día intentaron, por las buenas y por las malas, obtenerlo todo.
El proyecto constitucional de la Convención desconocía y borraba de un plumazo nuestra tradición constitucional y no solucionaba para nada el problema que las izquierdas habían construido como diagnóstico fundante de todos los malestares: la desigualdad. Por el contrario, ese texto —con su plurinacionalidad, fragmentación del país, justicias paralelas, vulnerabilidad de la propiedad privada y posibilidad deletérea de acumulación de poder en quien ganara las elecciones, así como un largo etcétera de normas que se apartaban prosaicamente de nuestro saber jurídico— abría paso a nuevas formas de desigualdad, en las que los ciudadanos quedábamos desprovistos frente al inmenso poder del que se dotaba al Estado.
En pocos días —el 4 de septiembre— se cumplen dos años del plebiscito donde ese proyecto constitucional fue masivamente rechazado por la ciudadanía. Lo que las izquierdas revelaron al país durante ese intento constituyente fue su maximalismo llevado a un extremo refundacional que se vació en un proyecto nefasto que amenazaba las bases de nuestra democracia. Ese riesgo inminente hizo despertar la sensatez del pueblo chileno para rechazar esa propuesta. Pero, no hay que olvidar que ella fue apoyada de principio a fin por Boric y su coalición, quienes incluso supeditaron la implementación de su programa de gobierno a su aprobación.
A pesar de que las izquierdas aún defienden el espíritu octubrista y que les parece solo “marginal” la violencia que desencadenó, un hecho nos resulta incontrarrestable: la ciudadanía se organizó y se movilizó, y nuevas fuerzas políticas surgieron, en un afán de reconfiguración del centro político, para lograr que ese proyecto fracasara con estrépito. El resultado fue tan claro como rotundo. Por eso y por la amenaza de la que Chile y generaciones de chilenos nos libramos, esta fecha debe ser conmemorada. Atrás quedó el 4 de septiembre como el día en que se eligió a Salvador Allende presidente. De ahora en adelante esa fecha tiene un nuevo y diametralmente opuesto significado para las izquierdas, pero también para todo el país: fue el triunfo de la sensatez y el sentido común.
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