La presidenta del Consejo para la Transparencia comenta que "el próximo paso es crear un nuevo portal, capaz de interpretar los cambios y demandas, elevar estándares técnicos y de publicación de información".
En 2021 conmemoramos los 10 años de la implementación del Portal de Transparencia del Estado, y lo hicimos con un hito, el que la Convención Constitucional decidiera proactiva y voluntariamente comenzar a publicar usando esta plataforma. Ello pese a que esta instancia no se encuentra obligada por ley y que acorde a su autonomía, el Consejo no puede ejercer facultades o fiscalizar.
La administración del Portal fue cedida a nuestra entidad a través del convenio suscrito hace una década con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), y desde entonces hemos realizado un trabajo sostenido con miras a la consolidación de una herramienta indispensable para el escrutinio social. El rol clave de este instrumento se vio refrendado con la decisión del órgano constituyente, que asumió estándares ampliamente compartidos por los organismos del Estado, con por ejemplo un 98% de los municipios adscritos a la plataforma.
Desde la firma de dicho acuerdo, como Consejo hemos impulsado una diversidad de acciones y mejoras para incentivar a las entidades públicas a sumarse al Portal, puesto que no sólo facilitamos el cumplimiento de obligaciones en Transparencia Activa, sino también la fiscalización y trazabilidad de las respuestas a las miles de solicitudes de acceso a la información que reciben los organismos públicos año a año.
Aunque parezca extraño, el uso de esta herramienta, que ha sido reconocida internacionalmente y es consignada como un referente en otros países, es una acción de carácter voluntario. Y pese a que el desafío no ha sido menor, a una década de iniciado este camino, las cifras son alentadoras: ya son 857 los organismos públicos que han adherido al portal, hemos recibido sobre 1.000.400 solicitudes de información y se han publicado más de 20 millones de registros en transparencia activa.
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Parte de estos resultados responden a un instrumento que desde sus inicios ha incorporado una mirada ciudadana, de funcionarios, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, y que ha ido superando retos asociados a la reducción de barreras de acceso a la información, de manera de poner en valor un derecho fundamental y permitir la fiscalización de las obligaciones que establece la normativa de Acceso a la Información Pública y seguir el recorrido que hacen los requerimientos de la ciudadanía.
Lo ocurrido con la Convención nos habla también de la positiva valoración del principio de transparencia, que ha permeado en el debate de esta instancia, y del trabajo realizado en ésta y otras plataformas como Infolobby, en la que actualmente las y los convencionales están publicando sus declaraciones de intereses y patrimonio. De esta manera, y como lo han hecho otras entidades públicas como la Contraloría, nos hemos puesto a disposición del órgano constituyente a partir de las facultades del Consejo en el ámbito de la transparencia e integridad en el desempeño de la función pública.
Las acciones que hemos impulsado han permitido hacerse cargo de los avances administrattivos, de gestión y tecnológicos, lo que se traduce hoy en que la persona que busca información de organismos del Estado puede acceder a ésta a través de único canal, y en un ahorro importante para el Estado en el ejercicio del derecho de acceso a la información, cada vez más demandado.
Los tiempos sociales y tecnológicos que vivimos y la necesidad de seguir acercando la información pública a las personas, plantea como un paso obligado el aumento de la cobertura de organismos así como la modernización del Portal desde perspectivas como: equidad de género, multilenguaje, inteligencia artificial, machine learning, entre otros.
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Hace 10 años el Consejo para la Transparencia, impulsó el desarrollo del Portal de Transparencia del Estado para facilitar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Hoy, el próximo paso es crear un nuevo portal, capaz de interpretar los cambios y demandas, elevar estándares técnicos y de publicación de información.
Avances como estos se traducen en efectivas mejoras de la gestión pública, a partir de un robustecimiento de las acciones de monitoreo y control que favorezcan el cumplimiento normativo actual y futuro, y del fortalecimiento de un ecosistema de transparencia e integridad pública. Hablamos de maneras concretas de colaborar con el aumento de la confianza en la información que entregan y difunden las entidades públicas y en un mejoramiento de las herramientas que operativizan la transparencia y el escrutinio ciudadano.
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