La presidenta del Consejo para la Transparencia plantea que Chile no se puede permitir que las cruciales elecciones del proceso constituyente, las cuales se pospusieron por la agudización de la crisis sanitaria, carezcan de legitimidad producto de una posible baja votación por la pandemia.
Este comienzo de año 2021 ha sido tremendamente complejo para nuestro país: sumado al agravamiento de la crisis sanitaria por el COVID-19 y al recrudecimiento de las medidas para reducir contagios y sus negativas consecuencias en la vida social y económica de las personas, nos encontramos en la encrucijada de cómo enfrentar de la mejor manera posible los importantísimos procesos electorales que se avecinan.
En este marco, posponer las elecciones, sin duda una decisión compleja y sustentada en numerosos factores, nos pone en una situación particularmente delicada. Desde una perspectiva sanitaria, la ciudadanía puede tener un comprensible temor de participar en los comicios, y por consiguiente, pudiéramos tener una caída en la participación electoral, impactando en la legitimidad del proceso.
Tener una elección de autoridades y un proceso constituyente carentes de legitimidad son situaciones que, como país, no nos podemos permitir. No sólo derivado del importante rol que, por ejemplo, han demostrado tener las autoridades locales en tiempos de pandemia o el esfuerzo en materia de recursos y dedicación que ha significado construir, organizar y llevar adelante el proceso constituyente para las diversas instituciones incumbentes, sino porque la propia sociedad chilena lo ha erigido como fundamental para la construcción del futuro de nuestro país.
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Esto levanta un desafío mayor que debemos atender con especial atención: para participar, los chilenos y chilenas querrán conocer en detalle las condiciones sanitarias en el momento en el que se desarrollen las votaciones; que se expliquen las medidas impulsadas para poder confiar en que el proceso se realizará de manera responsable, justa y transparente; y que el objetivo primordial será implementar todos los resguardos necesarios para cuidar la salud de las personas.
Para alcanzar estos objetivos es necesario informar de manera integral sobre todos los aspectos y decisiones que se adopten en relación al proceso eleccionario. Esto es, como mínimo, dar a conocer los fundamentos de la decisión de aplazar las elecciones, reforzar el acceso a la información y la publicidad de la forma en que éstas se van a desarrollar, y comunicar con absoluta transparencia las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios que se implementarán para mitigar cualquier riesgo sanitario para la población.
Respecto de este último punto, el Estudio Nacional de Transparencia del Consejo nos mostró que de la información entregada por las autoridades sobre la pandemia, la mejor evaluada es aquella que se relaciona con medidas sanitarias para la prevención de contagios. En esta fase de la emergencia, el acceso a la información sobre el estado, avance y resultados del proceso de vacunación puede ser fundamental, en particular ante una creciente oleada de comentarios y dudas sobre la inmunidad y la transmisión de la enfermedad en el caso de las nuevas cepas del coronavirus.
Como Consejo para la Transparencia creemos que sólo una fórmula en la que prime la transparencia en distintos frentes permitirá entregar certezas de criterios a la ciudadanía con respecto al desarrollo de votaciones de manera segura y confiable.
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Conseguir este desafío, se puede. Tenemos buenos y auspiciosos ejemplos recientes en el mundo: Corea del Sur alcanzó una participación electoral de un 65% en sus comicios legislativos del año pasado, la más alta registrada en la historia democrática del país. A su vez Alemania, pese a encontrarse en plena pandemia, subió su participación en las elecciones municipales del 2020, con más de un 50% de participación.
Pero no sólo hay experiencias a nivel internacional, nosotros mismos, conscientes y responsables del delicado contexto sanitario en el que nos encontrábamos, fuimos protagonistas de un proceso electoral tremendamente participativo, profundamente cívico y rigurosamente cuidadoso de la salud de todos y todas, cuando en octubre del año pasado acudimos de forma masiva y respetando todas las medidas y protocolos sanitarios a votar en el Plebiscito Nacional Constituyente, alcanzando una participación de un 50.9% del padrón electoral.
Sólo con transparencia e información clara, de calidad y oportuna, podremos generar las condiciones básicas necesarias y la confianza en la ciudadanía para que cuando la situación sanitaria lo permita, podamos acudir a votar con tranquilidad, entusiasmo y espíritu cívico. Si todos los actores, autoridades, instituciones, partidos políticos, candidatos y electores asumimos este desafío de manera responsable y centrada en proveer de insumos para decisiones informadas, es perfectamente posible conseguir una alta votación y de esta forma, dotar de legitimidad a este vital proceso para el Chile que queremos construir.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
