El diputado de Renovación Nacional (RN) comentó que, pese a que existen medidas y leyes que promueven la reutilización y responsabilidad extendida de los productos, como país, “estamos con un déficit en relación con lugares para reciclaje como puntos verdes y limpios, centros de acopio y valorizadores de residuos”.
Se estima que en Chile hay más de 3.700 sitios de disposición final ilegal de residuos de construcción y demolición que se reparten en las 16 regiones, según cifras de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica. No obstante, su distribución a nivel regional presenta considerables diferencias, lo cual se explica por diversos factores.
En efecto, 31,25% de las regiones del país concentran un 72,74% del total nacional de sitios de disposición de basura clandestinos. Caso crítico es la región Metropolitana, la cual concentra la mayor cantidad de estos sitios a nivel nacional (25%) y luego le siguen Valparaíso, Coquimbo, Araucanía y Biobío.
En este contexto, pese a que existen legislaciones como la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP), y la que regula los plásticos de un solo uso que comenzó recientemente, de igual forma estamos con un déficit en relación con lugares para reciclaje como puntos verdes y limpios, centros de acopio y valorizadores de residuos, infraestructuras que juegan un rol clave en la reconversión y disminución de los residuos domiciliarios e industriales.
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Necesitamos que a la brevedad se implementen medidas a favor del reciclaje, por lo que es fundamental conocer sobre el estado actual y un catastro de la infraestructura del reciclaje en el territorio nacional, y, especialmente, en la región Metropolitana.
Las personas deben conocer las políticas públicas, planes, programas e instalaciones para reciclaje que existen para concientizar a la población, y particularmente a los niños, niñas y adolescentes, sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medioambiente. De esta forma, los hacemos parte de la solución y generamos mayor conciencia sobre esta materia, y son justamente los más jóvenes los que están mayormente comprometidos en estas materias.
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Además, se necesita una mayor participación del Ejecutivo en la guerra contra los microbasurales que, lamentablemente, por la pandemia se han acrecentado. Tanto los municipios como el Gobierno deben trabajar en pos de una mejor calidad de vida en términos de eliminar estos vertederos ilegales y así contribuir con espacios donde las personas puedan vivir de manera digna, sin malos olores y seguras, sin los riesgos que generan los vertederos clandestinos.
Por último, es crucial incrementar las fiscalizaciones que se han realizado a nivel nacional en lo que va del año en materia de microbasurales y micro vertederos, reciclaje y cumplimiento de la normativa medioambiental; y cuántas de dichas fiscalizaciones han terminado con sanciones administrativas.