El parlamentario de Renovación Nacional se refirió al proyecto de ley de indulto para las personas en prisión preventiva o condenadas en el contexto del estallido social, afirmando que de "ninguna manera esas personas están privadas de libertad por sus ideas políticas, como lo han intentado levantar algunos sectores para justificar este proyecto, lo están porque el sistema judicial determinó que cometieron delitos y nadie puede estar por sobre la ley".
Sigue avanzando en el Congreso el proyecto de ley que pretende otorgar un indulto a las personas que cometieron graves delitos en el contexto de los hechos de violencia tras el 18-O en nuestro país. Pero ahora fue la Comisión de Constitución del Senado que aprobó en general la iniciativa, que deberá ser discutida en particular por el pleno. Noticia que lamento bastante, porque estamos hablando de personas que se encuentran privada de libertad por haber estado involucrados en gravísimos hechos, tales como saqueos, lanzamiento de bombas molotov, daño a la infraestructura pública y privada, maltrato a Carabineros y atentados, por lo que es la justicia la que debe actuar.
Quienes han levantado esta iniciativa, que a mi juicio no tiene ninguna justificación, sostienen como principal argumento que esto se basa en “razones humanitarias”, lo que no es cierto, porque la gran mayoría de estas personas están en prisión preventiva a la espera de lo que determine la investigación judicial, y muchos otros ya han sido condenados, porque se comprobó su participación en estos delitos. De ninguna manera esas personas están privadas de libertad por sus ideas políticas, como lo han intentado levantar algunos sectores para justificar este proyecto, lo están porque el sistema judicial determinó que cometieron delitos y nadie puede estar por sobre la ley, porque estamos bajo un Estado de Derecho y son los jueces los que debe pronunciarse, no los legisladores.
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Aquellos que participaron de estas acciones destruyeron la fuente de trabajo de cientos de personas, negocios familiares que fueron saqueados, y sus dueños vieron sucumbir su esfuerzo de años bajo la violencia de grupos que lo único que buscaban era la destrucción y el caos. En los tiempos en que la ciudadanía exige mayor seguridad no podemos ceder ante quienes son contrarios a las leyes y a las libertades de Chile.
Estamos bajo un Estado de Derecho democrático, donde cada poder tiene su función y es independiente de los demás, por lo que no nos corresponde a nosotros como parlamentarios involucrarnos en la justicia, no podemos estar por sobre ella, porque eso sería torcer el actuar del Poder Judicial y no confiar en su trabajo. Acá son los jueces en conjunto con el Ministerio Público los que se encuentran investigando para esclarecer estos hechos y determinar la participación de las personas que cometieron delitos.
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Espero que este proyecto no continúe avanzando en la Cámara Alta, y se quede en el lugar setenta de la tabla de prioridades legislativas, como está actualmente, porque es realmente una normativa improcedente, que no tiene ninguna justificación y solo es populismo de quienes pretenden validar la violencia. Espero que al interior del Congreso tengamos la capacidad y la altura de mira para no seguir tratando de inmiscuirnos en temas que no nos corresponden y, a la vez, no seguir avanzando con esta iniciativa que es dañina para la democracia de nuestra nación.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
