"Cuando la semana pasada se hicieron definitivas las propuestas de indicaciones era claro que la izquierda refundacional tomaba un nuevo aire en el proceso", reflexionó el integrante del Equipo de Contenidos Instituto Res Pública.
El nuevo proceso constituyente avanza. En medio de un contexto de clara “fatiga constitucional”, los candidatos al Consejo se despliegan en sus regiones presentando sus ideas y los miembros de la Comisión de Expertos ya completaron una primera gran etapa de su trabajo: el primer conjunto de normas del anteproyecto de nueva constitución sobre el cual trabajarán los consejeros a partir de junio.
Esta primera fase se concretó por medio de acuerdos en las distintas subcomisiones, lo que permitió la aprobación del conjunto total de normas de forma unánime en el pleno de la Comisión. Esto ya generó algún grado de optimismo entre los interesados en el proceso constitucional. La capacidad de los expertos para llegar a acuerdos fue bien recibida, teniendo en cuenta la experiencia pasada de la Convención donde las izquierdas se adueñaron de la discusión aprovechando la aplastante mayoría obtenida, excluyendo a todos los demás sectores, incluso aquellos que se habían ilusionado con la idea de “dialogar” con el octubrismo más radical.
Pero la principal virtud del cierre de estas normas acordadas no solo se refiere a su origen, también al contenido. Por supuesto que hay una serie de materias ya definidas por las bases del proceso, tales como el Estado social de Derecho, el reconocimiento a los pueblos indígenas, varias libertades básicas, la unidad del Estado, etc. Pero los expertos fueron capaces, al menos en esta ocasión, de unir de forma armónica estás bases con ciertos elementos ya insertos en nuestra tradición constitucional y teniendo en cuenta los múltiples debates instalados en nuestro país hace años.
En varios puntos, las primeras normas tienen una clara y necesaria continuidad con la constitución vigente. Se mantuvo la autonomía de los cuerpos intermedios, la servicialidad del Estado y el bien común dentro de las bases de la institucionalidad. Esto es fundamental. Una de las cuestiones más lamentables del proyecto fracasado de la Convención era el absoluto rechazo a la matriz cristiana y humanista de nuestro orden constitucional vigente, plasmado en las disposiciones mencionadas. El ordenamiento dejó de tener como eje central a la persona, trasladando el énfasis al Estado, que además debía hacer todo en función del bienestar material, olvidando que el ser humano es mucho más que eso.
Las normas aprobadas hasta el momento se alejan de ese vicio, también en lo que se refiere a los derechos y libertades fundamentales, donde incluso reglas muy criticadas por varias décadas desde la izquierda recogidas en la constitución vigente prácticamente se repiten tal cual en el proyecto. En concreto, nos referimos a las normas del orden público económico, como el derecho de propiedad, el estatuto de expropiación y los límites al Estado empresario.
Apostar por la continuidad de esas normas es consecuencia clara del especial desprecio manifestado por la ciudadanía hacia las reformas erradas que pretendía introducir la Convención en esa materia. También las instituciones básicas de nuestra República se mantienen más o menos parecidas, sin experimentos alocados que arriesguen su estabilidad en el corto plazo.
Sin embargo, como toda obra humana adolece de la imperfección de lo humano, este primer boceto de normas no podía quedar exento de limitaciones, algunas más inquietantes que otras. Algunas ausencias lamentables se refieren a la desprotección de la vida humana nonacida. Aunque en principio es claro que el derecho a la vida debería ser garantía suficiente para decir que el nonato está protegido por el régimen constitucional, las circunstancias obligan a expresarlo, porque incluso con una disposición literal -como la existente hoy- hay interpretaciones que reniegan de la personalidad del que está por nacer. Y ese claro defecto genera una injusticia que si no se repara a tiempo puede costar millones de vidas.
En el mismo orden de cosas, también se extraña una firme garantía de la libertad de enseñanza, pues un concepto ausente en las normas es el de los padres. Aún cuando se reconoce a la familia como núcleo de la sociedad, por alguna razón -quizás muy grave- no hay ninguna referencia a los padres y madres como educadores de sus hijos. Y esa ausencia es más perniciosa cuando de libertad de enseñanza se habla, pues debilita la unidad familiar y se dejan espacios abiertos para conflictos en materia educativa que pueden derivar en el robustecimiento de un Estado docente que suple a los olvidados primeros educadores.
Otras claras deficiencias de las normas de los expertos pueden ser muy perjudiciales para la auténtica garantía de los derechos y libertades. En concreto, la falta de una “garantía de las garantías” que establezca de forma general una limitación para el modo en el cual las leyes pueden regular los derechos reconocidos por la constitución y la injustificada derogación de la acción de protección. Ambas reglas fueron excelentes innovaciones de la Carta Magna de 1980 que fortalecieron a las personas de forma eficaz ante las iniquidades que podían surgir del poder político. Solo una distorsionada idea de la dignidad de la persona y la seguridad jurídica en un Estado de Derecho podría considerar valioso eliminar tan útiles herramientas.
Si estos aspectos ya nos dicen algo de lo que faltó injustificadamente, los acontecimientos posteriores solo empeoran la situación. El mismo día en que se aprobaron en el pleno los capítulos mencionados, varios de los expertos de izquierdas dieron luces de las indicaciones que impulsarían. Y es que las horas posteriores al acuerdo fueron de decepción para muchos de los que hace un año estaban en campaña por la constitución de la Convención. Y cuando la semana pasada se hicieron definitivas las propuestas de indicaciones era claro que la izquierda refundacional tomaba un nuevo aire en el proceso.
La misma izquierda que previo al inicio del nuevo proceso parecía haber aprendido su lección y que en la campaña de los consejeros aparenta haber reordenado sus prioridades se manifestó auténticamente en las indicaciones presentadas. Parte sustantiva de los aspectos positivos aquí destacados serán objeto de discusión, no para su mejora, sino para ser
eliminados o modificados de modo tal que tengan un sentido radicalmente diferente.
Las indicaciones buscan alteran diversos puntos. ¿La servicialidad del Estado? Eliminada. ¿La autonomía de los cuerpos intermedios? Desdibujada. ¿La libertad de enseñanza? Aún más limitada por el Estado. ¿La no discriminación arbitraria del Estado en materia
económica? Suprimida. ¿El derecho de propiedad? Debilitado por la supresión de la libertad para adquirir bienes. Y por supuesto, vuelven a la carga con los múltiples derechos que trataron de imponer en el texto derrotado en septiembre basado en las políticas de identidad y las causas de la nueva izquierda.
Si el borrador del anteproyecto ya tenía sus fallas, es claro que la izquierda desea ardientemente que tenga todavía más. Y no hay que olvidar que este proceso no está libre del ánimo refundacional de la Convención. Porque quienes asesoraron y apoyaron con fuerza la constitución que felizmente no validó la ciudadanía, hoy siguen orquestando la acción de las izquierdas en la Comisión de Expertos y prontamente en el Consejo. Si, el nuevo proceso ha tenido un tono y una forma mejor, pero aún subsisten los peligros refundacionales y estatistas. Ojalá los chilenos elijamos bien en mayo, para que ese peligro se neutralice lo más posible.
Entre las tarifas que experimentarán alzas están la de adultos, la tarifa escolar y superior, así como la de adultos mayores Metro Pensionado; sin embargo, la tarifa de adulto mayor integrada se mantendrá sin cambios.
