La investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) reflexiona acerca de la mediática muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, luego de que hace unos días la Corte Suprema ratificara unánimemente que no falleció a causa de un "magnicidio". "Este veredicto y sus respuestas deben recordarnos la importancia de no condenar sin pruebas ni anticipar el proceso judicial", comenta en su columna.
El viernes pasado, la Corte Suprema ratificó que el expresidente Eduardo Frei Montalva no fue asesinado, sino que falleció debido a complicaciones médicas, y por tanto, según la Corte los condenados por el juez Madrid son inocentes. Así, se puso fin a un polémico proceso que duró casi 20 años y que dividió incluso a los familiares de Frei. Para quienes fueron acusados como responsables, la justicia llegó, pero demasiado tarde para algunos. Tres de ellos, todos destacados profesores universitarios, murieron antes de ser sobreseídos.
Sin embargo, los querellantes han objetado el veredicto y declaran tener la “plena convicción” de que el expresidente Frei Montalva fue asesinado. Comparten esta idea algunos connotados parlamentarios como Yasna Provoste y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Como en toda obra humana, es válido afirmar que los procesos judiciales son falibles. Acá se agrega, además, todo un contexto: una época de dictadura que implicó represión, asesinatos y torturas. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones pertinentes, pero abstractas, debería llevarnos a perder de vista que en este caso se trata de un veredicto contundente en materia probatoria. En concreto, diversas pericias acreditaron que el expresidente DC no fue envenenado ni hubo actos quirúrgicos dolosos. Cuesta entender, entonces, a quienes insisten en que se trató de un magnicidio sin invocar otro argumento que su sola “convicción”. Por lo demás, los fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema (ambos unánimes) ratificaron las conclusiones que había expresado la comunidad científica nacional e internacional, incluyendo informes periciales de EE.UU. y Canadá.
En consecuencia, las razones que han dado algunos miembros de la familia Frei y otros personeros de la DC para cuestionar esta sentencia no terminan de convencer. El expresidente Frei y su hermana Carmen, por ejemplo, han hecho alusión a que hay una verdad judicial y una verdad histórica, y que la verdad judicial no significa que los hechos denunciados sean inexistentes. Que el hecho que el magnicidio no haya sido probado judicialmente no significa que carezca de asidero. Que el país merece conocer la verdad sobre la muerte del expresidente Frei Montalva.
Ahora bien, las causas judiciales se resuelven en base a pruebas, no en base a las convicciones personales, por comprensible que resulte el dolor de los familiares. En el caso de la muerte de Frei Montalva, se asumió muy temprano una verdad, antes que se realizara siquiera el juicio. Durante los 16 años que duró el proceso a cargo del Juez Madrid, los querellantes alentaron una campaña mediática en la que presentaban como un hecho el magnicidio e, incluso, señalaban a sus culpables (Carmen Frei escribió un libro titulado “Magnicidio”). Esto contribuyó a establecer una “verdad oficial” mediática que fue emocionalmente demoledora para los supuestos hechores del homicidio presidencial. Esa “verdad oficial” fue implacable con quienes discreparon con ella. Por no adherir a esa posición, se impidió abiertamente el ascenso a destacados jueces por el solo hecho de acoger los recursos de amparo de los procesados; se expulsó de la Democracia Cristiana a Patricio Rojas por no compartir la tesis del homicidio; se acusó públicamente de maniobras de encubrimiento a distintas personas, y a universidades, como ocurrió con la UC, que siempre defendió con argumentos y pruebas la inocencia de sus profesores.
Por lo tanto, resulta comprensible que el derrumbe de la “verdad oficial” del caso Frei, causado por la Corte Suprema, genere malestar en quienes continúan creyendo en ella. El problema reside en los argumentos que han intentado instalar, socavando por momento consensos elementales de nuestro sistema de justicia, y sin levantar preguntas respecto de si, movidos solo por sus convicciones, personas inocentes hayan sido estigmatizadas e incriminadas. Las palabras de la viuda del doctor González, uno de los sobreseídos, son reveladoras: “fue una situación demasiado violenta para él. Catorce años de sufrimiento”. En última instancia, este veredicto y sus respuestas deben recordarnos la importancia de no condenar sin pruebas ni anticipar el proceso judicial, independientemente de lo mediático que pueda resultar el caso.
