"Mientras temas como la seguridad, la salud o la educación complican el día a día del Ejecutivo (y más aún el de los ciudadanos), el Gobierno aparece priorizando una agenda identitaria", reflexiona la investigadora del IES tras el anuncio de un proyecto para crear la Subsecretaría LGBT+.
La semana pasada, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género anunció que prepara la creación de una nueva subsecretaría orientada a la comunidad LGBT+. La iniciativa, promovida por la ministra Antonia Orellana y la exprimera dama, Irina Karamanos, buscaría reflotar la agenda feminista del Ejecutivo durante 2023.
Son muchas las preguntas que cabe hacerse ante un anuncio como este. De partida, porque no toda preocupación de la sociedad requiere de una subsecretaría. Un Estado que falla en algunas de sus más básicas funciones no puede continuar ampliándose de esta manera. También se trata de una propuesta desconcertante si se piensa en las urgencias actuales del país. Mientras temas como la seguridad, la salud o la educación complican el día a día del Ejecutivo (y más aún el de los ciudadanos), el Gobierno aparece priorizando una agenda identitaria. Hay países fallidos cuyas cifras de asesinato son mejores que las de Tarapacá, pero esto no parece pesar tanto como recuperar la pretensión de un gobierno feminista.
Y no se trata de cualquier feminismo, que los hay mejores y peores. En efecto, esta nueva institucionalidad surgiría con el Ministerio de Igualdad español como referente, cartera que encabeza la militante de Podemos Irene Montero, pareja del fundador del partido, Pablo Iglesias. No se trata de cualquier referente. En sus tres años a cargo del ministerio, Montero se ha visto envuelta en diversas polémicas. Entre otras, la promoción de la Ley Trans, la cual permitirá a los menores, a partir de 16 años, cambiar de sexo sin autorización de sus apoderados.
Más preocupante aún resulta el cuestionamiento que hace del rol de los padres en otros tramos de edad: los niños y niñas de 12 años también podrán buscar un cambio de sexo en el registro, para lo que tendrán que contar con la autorización de un juez y estar asistidos por sus padres. En caso de desacuerdo, Montero impone la figura del “defensor judicial” para mediar entre los progenitores. En el procedimiento el juez podrá solicitar las pruebas que estime necesarias para acreditar el suficiente grado de madurez del menor, pero en ningún caso será necesario contar con un informe médico o psicológico que avale el cambio de sexo. ¿Cómo comprobará el juez que se cumplen dichas condiciones de madurez y estabilidad en la situación de transexualidad sin dichos informes?
Otra de las polémicas en que Montero se ha visto envuelta es la criticada ley “Solo sí es sí” (impulsada por el Ministerio que preside), que ha terminado por rebajar las penas en caso de agresiones sexuales. El caso de un militar acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja (la menor tenía entre siete y nueve años), es solo un ejemplo de lo que la nueva norma ha provocado en España. Si bien inicialmente la Fiscalía calificó los hechos como delito continuado de abuso sexual (cinco años y medio de cárcel), el tribunal –aplicando la ley Solo sí es sí– finalmente lo condenó por delito continuado de agresión sexual a dos años de prisión, por considerar que “los ataques a la indemnidad sexual de la menor fueron de carácter fugaz y por encima de la ropa”.
Nadie vaticina, obviamente, que todo acá será copia de los delirios reinantes en España. Pero es inevitable hacerse la pregunta. No es solo que haya un contraste de proporciones absurdas con las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía, sino que estamos ante un gobierno cuyo especial tipo de feminismo merece ser sometido a crítica. El Ministerio de la Mujer, después de todo, debiera tener una orientación transversal que permita a la cartera operar para convocar no solo adherentes de la coalición gobernante. En lugar de eso, ha sido un lugar en el que se perpetúa las propuestas derrotadas en septiembre.
En este punto es interesante recordar qué ocurrió en el proceso constituyente con la promoción de este tipo de iniciativas. La Convención impulsó políticas identitarias que la condujeron al más rotundo fracaso. En su afán de estar a la vanguardia, el texto completo se tiñó de política identitaria. El Gobierno, que poca nota parece tomar de dicha derrota, parece dispuesto a arrojarse por otra vía en el mismo abismo. El problema es que no solo el Gobierno sale afectado por decisiones semejantes: las más básicas urgencias siguen ahí esperando, y una agenda altamente cuestionable sigue avanzando. Nada de esto es trivial: a fin de cuentas, gobernar es priorizar.
La periodista de CNN Chile agradeció la distinción y recordó la trayectoria de Correa, quien es recordada como la entrevistadora más importante de la historia de Chile.
