El director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán analizó el rol de gobierno frente al proceso constituyente, asegurando que es "una peligrosa señal respecto del modo en que Gabriel Boric y el oficialismo en general están interviniendo en la campaña".
Un modo diferente de gobernar, cambios reales que mejorarían la vida de las personas. Esa fue la promesa de Gabriel Boric, pero hasta ahora nada de aquello se observa. Por el contrario, desde que asumió en marzo, el presidente y su gabinete han decepcionado. Al principio quedó rápidamente en evidencia la improvisación y desorden en casi todos los ámbitos, desde la fallida visita de la ministra Siches a La Araucanía y la falta absoluta de una política de resguardo de su seguridad, las declaraciones poco felices de autoridades que eran desmentidas en los días siguientes, las contradicciones entre los distintos ministros que se ventilaban por la prensa, una vergonzosa participación en la Cumbre de Las Américas, hasta la mutación “nominativa” del cargo de primera dama, por mencionar solo algunas. Pero a casi 5 meses de iniciado el mandato de Boric y faltando poco más de un mes para el plebiscito constitucional de septiembre, el gobierno y el propio presidente siguen decepcionando, esta vez no por improvisar, sino que, exactamente al revés, por diseñar una estrategia de intervención electoral a favor de la opción Apruebo.
Esta intervención de Boric y del oficialismo lo es en contenido y en forma, y ambas implican un riesgo para nuestra democracia. Claro pues, su abierta posición y burda promoción por la opción Apruebo no solo utiliza recursos fiscales (lo que ya es muy grave) sino que también condiciona la agenda del gobierno a la campaña, con lo cual gobernar y atender las urgencias ciudadanas -aquello para lo cual fue elegido- se vuelve un ejercicio por defecto que es postergado frente al desafío electoral.
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Pero además, el hecho de limitar las posibilidades de otras formas de diseñar un nuevo texto constitucional en el caso que gane la opción Rechazo (como cuando el presidente señaló que llamaría a una nueva elección de convencionales) o cancelar toda diferencia interpretativa respecto del borrador para tacharla de falsa bajo el eufemismo “tenemos que informar”, representan una peligrosa señal respecto del modo en que Gabriel Boric y el oficialismo en general están interviniendo en la campaña, particularmente si consideramos que esto proviene de un mandatario que gobierna con partidos que apoyan totalitarismos y cuyo propio pasado está colmado de anécdotas de apoyo a actores y sectores antidemocráticos. ¿Cómo olvidar los saludos del Partido Comunista a las dictaduras de Cuba y Corea del Norte, la adhesión del Frente Amplio al Grupo de Puebla y los reconocimientos públicos del propio presidente Boric al FPMR o su junta con el terrorista Ricardo Palma Salamanca.
Y es que si bien, ya en el ámbito conceptual, toda intervención electoral denota un acto reprochable que da cuenta de un abuso de poder, también resulta necesario mirar las dimensiones en que esta se realiza. No es lo mismo, para efectos de impacto o erosión de la democracia, que un presidente señale por cuál opción votará que anunciar en plena campaña -y en pleno invierno- que la empresa pública ENAP va a adquirir miles de cilindros de gas licuado para luego venderlos a un precio “justo” que obviamente es menor al que lo proveen otros distribuidores. Basta mirar la experiencia latinoamericana para saber los peligros que suponen políticas como el clientelismo y la cooptación de la ciudadanía por medio de la fijación del valor de los productos que suplen necesidades básicas.
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La minuta que dio a conocer un medio digital que indicaba detalles de cómo comunicar durante la campaña para inclinar la balanza hacia la opción Apruebo refleja claramente la opacidad con la que el jefe de Estado y las coaliciones que lo apoyan han decidido afrontar esta elección. Dicha minuta busca mañosamente instalar, entre otras cosas, que la relación entre dinero y campaña está vinculada con la opción del Rechazo, aun cuando es sabido que el gasto fiscal que implica el despliegue del gobierno y de las municipalidades que han salido a promover entusiastamente la opción Apruebo es evidente e infinitamente superior a cualquier esfuerzo de los particulares que han aportado al financiamiento de la campaña del Rechazo. Solo intentar competir con el anuncio de los bonos es imposible.
Lamentablemente, estas prácticas, reprochables por sí mismas, vienen de un gobierno que se presentaba a sí mismo como una nueva izquierda y que buena parte del mundo periodístico y de observadores de la política la interpretó como sinónimo de renovación. Luego de las puestas en escena estivales que connotaban vanguardia de un nuevo siglo, lo cierto es que hoy, al momento de probar en la práctica de gobierno ese sello, el país ha retrocedido 30 años.
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Y es que no solo el acto electoral más importante desde el retorno a la democracia corre el riesgo de deslegitimarse por la intervención de la izquierda gobernante, además el presidente y sus voceros están buscando polarizar al país pretendiendo convertir la diferencia entre dos opciones legítimas frente a la propuesta constitucional en una suerte de maldad enemiga a través de tildar lisa y llanamente de “fake” todo intento de informar sobre los riesgos para Chile que presenta la propuesta. Para lograrlo están demostrando ser capaces de apelar a prácticas absolutamente condenables como las aquí señaladas, incluso a la política del terror, que amenaza con el caos, la guerra civil y la violencia en caso que se imponga la opción Rechazo.
Después de pedir una Convención no partisana, cual paradoja, Boric ha devenido -de una forma más burda de lo esperable- en el principal partisano de la izquierda más extrema que hegemonizó la Convención.