El abogado de Recabarren y Asociados analiza la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gabriel Boric: "Claramente, la reforma tributaria debe ser reformulada en su totalidad, reflejando las necesidades actuales del país. Cabe ver si esta vez existe la voluntad real de llegar a un verdadero pacto, o solo nos quedaremos en consignas y oratorias que solo son anhelos de unos pocos y no de la nación toda".
Las cosas se hacen bien o no se hacen, dice un viejo proverbio. Pero dicha frase queda corta cuando hablamos de reformas tributarias en nuestro país. Al parecer, en este ámbito nos gusta hacer las cosas a medias y por eso las hacemos varias veces.
En efecto, desde el año 2014 el gobierno de turno ha presentado su propia reforma tributaria. La primera desde esa fecha, bajo el gobierno de Michelle Bachelet y su ministro de Hacienda Alberto Arenas, fue la que significó mayores cambios, con el objeto de eliminar el vilipendiado “FUT”. Se creó un nuevo régimen (¿se recuerda el sistema de renta atribuida?), se incorporó la Norma General Antielusión y se establecieron ciertas franquicias temporales para regularizar capitales en el exterior no declarados (el 8%). Sin embargo, en la práctica fue tal su complejidad, que al poco andar, el nuevo ministro de Hacienda Rodrigo Valdés envió una nueva reforma que corregía las deficiencias del proyecto impulsado por su antecesor. Luego, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se enviaron dos reformas adicionales, la más reciente relacionada con la eliminación de las exenciones de IVA a los servicios profesionales, lo que afectó la neutralidad del impuesto.
Durante el primer año de su gobierno, el presidente Gabriel Boric envío una propuesta de reforma tributaria con miras a recaudar el 4,1% del PIB. El proyecto era ambicioso y pretendía aplicar un impuesto al patrimonio (popularmente conocido como “Impuesto a los Superricos”), establecer un gravamen al diferimiento de impuestos en las sociedades holding y modificar la Norma General Antielusión. Sin embargo, a pesar de titularse como “Pacto Fiscal”, esta reforma tenía un objetivo meramente recaudatorio, no había incentivos al crecimiento y a la inversión, precisamente en momentos que nos recuperábamos del estallido social y una dolorosa pandemia. Varios dijeron que no era el tiempo adecuado, pero el programa de Gobierno lo decía y había que llevar a cabo la tarea contra viento y marea. Sorpresivamente, y por temas ajenos a la discusión, el 8M, día de la mujer, tres diputadas se descolgaron de la votación y el proyecto quedó rechazado en la Cámara Baja.
El día 1 de junio de 2023, en la Cuenta Pública, la reforma tributaria ocupó un lugar central. Sin embargo, el punto de partida no puede ser menos auspicioso. Para insistir en la iniciativa legislativa, el Gobierno tiene que contar con la aprobación de 2/3 de los senadores, votos que no tienen. Además, parte de los recursos de este proyecto ya están comprometidos en la deuda histórica de los profesores y eliminar el CAE. ¿Qué pasa con la salud y las pensiones? ¿Con el crecimiento y la inversión? ¿Qué pasa con las Pymes?
Claramente, la reforma tributaria debe ser reformulada en su totalidad, reflejando las necesidades actuales del país. Cabe ver si esta vez existe la voluntad real de llegar a un verdadero pacto, o solo nos quedaremos en consignas y oratorias que solo son anhelos de unos pocos y no de la nación toda.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
