La conductora de CHV Noticias realizó una serie de reportajes a fondo donde constató cómo el crimen organizado en torno al negocio de la droga ha penetrado profundamente en nuestro país. En esta reflexión, advierte que si La Moneda y el Congreso no le dan la urgencia debida, el Estado se nos puede ir de las manos.
Hace 25 años, en un viaje a Bogotá, escuché con estupor a los colombianos que me advertían de delincuentes que hacían emboscadas en las calles para robar los autos. También cómo en cualquier lugar público podías quedar en medio de un enfrentamiento armado y recibir una bala perdida. Hoy, tristemente, nada de eso nos parece ajeno en nuestro país.
A principios de marzo, y en menos de una semana, Tamara de 5 años, Itan de 6 y una guagua de 6 meses en El Tabo perdieron la vida en hechos delictuales.
El primer semestre de 2020, luego del estallido social y en plena pandemia, los homicidios en Chile aumentaron un 43% respecto al año anterior y si consideramos sólo la Región Metropolitana, ese aumento fue de un 80%. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, relaciona estas cifras con las dificultades que han tenido los narcotraficantes para trasladar la droga y los ajustes de cuentas entre bandas.
Por otra parte, la ONU sitúa a Chile en el tercer lugar entre los exportadores de cocaína a Europa. Sólo entre marzo de 2018 y junio de 2019, trece contenedores con esta droga llegaron a distintas partes del mundo en barcos cuyo origen fue Chile. Así es que ya no somos sólo un país de paso, como decían las autoridades en los años ’90. Además de sembrar el miedo en los barrios, la droga se ha transformado en un problema de salud pública y en un vector de corrupción que amenaza con tragarse a los poderes del Estado, como ha ocurrido en otros países.
Lee también: Narcotráfico, el fracaso de Chile: ¿Estamos a tiempo de frenar al crimen organizado?
Ante este escenario, llama la atención que sea el mismo jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, quien haga el llamado urgente. “Si no reaccionamos, dice, se nos puede ir el Estado de las manos”. Y si eso llega a ocurrir, no habrá cómo revertirlo.
En los años ’90, el Consejo de Defensa del Estado -a la cabeza de la persecución del crimen organizado- logró desbaratar grandes asociaciones de narcotráfico con escala internacional. Nuestra investigación para un reportaje a fondo sobre el tema nos mostró que al pasar al Ministerio Público –tras la Reforma Procesal Penal- esta tarea quedó disgregada al interior del Estado.
Así, el combate al narcotráfico en Chile se atomizó. Las policías y otros organismos públicos que intervienen (Armada, Aduanas, Interior, Hacienda, entre otros), actúan por separado. Además, los fiscales, dispersos ahora en sus respectivos territorios, cumplen su rol en ese espacio y deben cumplir metas de gestión. Sus incentivos no parecen estar alineados con un combate a nivel nacional. Tampoco cuentan con las herramientas legales necesarias para desbaratan operaciones de alta sofisticación.
El resultado: múltiples incautaciones de droga y detenciones de traficantes intermedios, en operaciones individuales. En palabras de Clara Szczaransky, quien dirigió este esfuerzo desde el CDE, sólo estamos matando los tentáculos de la hidra, no su cabeza. Con este proceder, no estamos dirigiéndonos a desbaratar a las cúpulas. Es como cortar la maleza, pero sin sacarla de raíz.
Lee también: Narcotráfico, el fracaso de Chile: Cómo enfrentar legal y penalmente estas organizaciones delictuales
Los expertos sostienen que hay que seguir el dinero. Que se debe seguir el hilo hasta llegar a las cabezas y luego, más que incautar unos cuantos paquetes de droga y armas, desbaratar sus operaciones financieras. Aseguran que sólo interviniendo sus operaciones de lavado de dinero y desfinanciándolos, estos grupos dejarán de operar en Chile. La tarea es titánica y los recursos del Estado son escasos, pero más encima los estaríamos usando de manera ineficaz.
Estamos definitivamente perdiendo la batalla. Mientras el narcotráfico avanza, nos hemos quedado atrás. Tan atrás, que la principal herramienta con que contamos contra la asociación ilícita, el Código Penal, data de 1874. Mientras, el lavado de dinero se hace por medio de criptomonedas y las comunicaciones, por aplicaciones que no dejan rastro.
Después de semanas de múltiples entrevistas encontramos consensos: se requiere modernizar las leyes, faltan labores de inteligencia, las policías no cuentan con las herramientas para perseguir el crimen organizado, y por último, se requiere un ente coordinador de todas las instituciones que participan en la lucha contra el narcotráfico. Son líneas de trabajo claras y casi obvias. Si hay tanta claridad, no se entiende que esto no avance, no se ve convicción.
Este es un problema urgente, una tarea que ni La Moneda ni el Congreso pueden seguir eludiendo. ¿Qué están esperando?
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
