Columna de Manuel Díaz: Democracia verdaderamente participativa

Dentro del contexto político actual, hay un análisis compartido de que nuestra democracia está en crisis. Los avances de retóricas populistas, la desconexión de la élite con los ciudadanos, la polarización y la erosión de los consensos mínimos que exige la democracia liberal (que dejan en impasse cualquier intento por mejorar las cosas) son muestras del problema. Frente a este escenario, las distintas fuerzas políticas cada vez más recurren a la participación ciudadana como una forma de “legitimar” la democracia representativa.

Esta cuestión, que en principio parece inofensiva, realmente erosiona aún más nuestra democracia, en tanto los mecanismos de participación se suelen instrumentalizar para legitimar agendas particulares. Basta con recordar cómo el Gobierno y la convención, en distintos momentos, buscaron legitimar ciertas posiciones particulares, argumentando que venían desde la escucha del “pueblo” a partir de consultas ciudadanas o iniciativas populares de norma. Algo parecido ocurrió con los sectores de la derecha que exigían un nuevo plebiscito de entrada para el proceso constituyente en curso. Se decía que era el “pueblo”, no los representantes, los que tienen que decidir cómo seguir; por lo que el proceso actual sería ilegítimo de base.

Así, el componente representativo de la democracia se desgasta de dos formas. Por una parte, no es suficiente que el político salga electo para legitimar sus decisiones y, por otra, el representante usa los mecanismos participativos para impulsar su propia épica, transformando al pueblo en un ficticio estático que solo está ahí como un instrumento de legitimidad. Y es que, en medio de la búsqueda de soluciones a la crisis democrática, perdemos de vista, como dice John Dewey, que “los medios por lo que se construyen las mayorías son lo más importante”. Es decir, las reglas democráticas como el voto se pueden transformar en tiránicas si elementos como la buena deliberación y el debate público se pierden. De la misma forma, otras reglas pueden transformarse en tiránicas si, por ejemplo, las votaciones están viciadas o intervenidas. Así, si queremos “más democracia” para solucionar los problemas de la democracia es necesario dejar las fórmulas mágicas y centrarnos en elementos que permitan apoyar a la democracia representativa más que reemplazarla.

Parte de este cambio, como dice Jane Mansbridge, consiste en aproximarse sistémicamente a la democracia, lo que en términos simples significa que cada elemento que compone el sistema es un nodo dentro de una red que apoya al otro (como una especie de telaraña). Efectivamente, hay elementos más esenciales que otros, pero si el resto de los nodos funciona de forma deficiente, ¿podríamos realmente hablar de que la democracia funciona bien?

Cuando entendemos la participación ciudadana dentro de este marco, a mi juicio, podemos ver el valor real de mecanismos de democracia directa y mecanismos deliberativos. Justamente, este último tipo de instrumento es el que estamos impulsando desde Fundación P!ensa en conjunto con el Institute Democratic Engagement and Accountability, que trabajan con el método deliberativo Deliberative Town Hall (DTH). Esta innovación democrática -creada por los profesores Michael Neblo, Kevin Sterling & David Lazer- propone encuentros deliberativos online entre representantes y representados.

La idea es sencilla: acercar la política a los ciudadanos para que participen como ciudadanos, es decir, como un igual con su representante y el resto de los ciudadanos en la búsqueda de políticas más efectivas y justas. Así, las personas en este mecanismo funcionan como asesores y evaluadores del político, lo interpelan y le entregan nuevas perspectivas; a su vez, el representante realiza el mismo ejercicio, generando una relación recíproca.

Justamente, esto cambia el paradigma, dado que el ciudadano no es un cliente ni parte de una masa que justifica al político; tampoco es solo un votante, sino que en el sentido propio de la teoría deliberativa es un ciudadano capaz de dar razones y de entender razones. En otras palabras, dentro de este ambiente deliberativo prima generalmente la razonabilidad.

Los DTH han sido testeados con éxito en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Australia. Recientemente, realizamos el primer evento deliberativo con este método en Chile, donde participaron setecientas personas de todo el territorio nacional con dos consejeros constituyentes para discutir sobre el futuro de las pensiones. La calidad de las preguntas y los intercambios superó nuestras expectativas, como también la de los participantes y los consejeros.

El éxito de esta primera prueba (ahora estamos trabajando en la segunda) nos deja cierta esperanza respecto a que es posible mejorar la conexión de los ciudadanos con sus representantes y avanzar en mejorar la democracia. También nos permite ver que cuando a las personas se les invita a participar, se les entrega información y se les presenta un mecanismo en el que realmente son escuchadas, la deliberación ocurre.

De igual manera, quizás la famosa frase de Churchill sigue siendo cierta; si le preguntamos al votante medio sobre políticas públicas complejas, como pueden ser las pensiones, el presupuesto nacional o la educación, probablemente sus respuestas nos decepcionen y sean lejanas de lo que se considera un buen gobierno democrático. Pero, al mismo tiempo, puede que el mejor argumento a favor de la democracia -como argumentan Neblo, Lazer & Sterling- sea una conversación de quince minutos entre votantes medios. El contexto deliberativo hace toda la diferencia.

En conclusión, las distintas innovaciones democráticas nos pueden ayudar a paliar distintas deficiencias del sistema representativo e impulsar una ciudadanía más fuerte. Pero esta perspectiva siempre tiene que ir acompañada con una cuota de realismo: y es que por más que la participación ayude, por más que veamos un futuro en los mecanismos deliberativos o de democracia directa, nuestro sistema siempre descansará en la representación, los partidos políticos y en la capacidad de que las fuerzas políticas lleguen a acuerdos.