Columna de Matías Reeves: “El buen morir de la educación municipal y el nacimiento de la pública”

La muerte puede asociarse a un ser humano, un animal, o incluso a una organización. Quizás uno de sus ángulos más relevantes es el momento final; el último tiempo de existencia. Ese período, dicen algunos, cobra un sentido especial frente a todo el tiempo pasado. Para muchos no es una opción prepararse, pero a quienes sí se les presenta la opción, pueden sobrellevar un proceso consciente, comunitariamente, e incluso actuar para reducir el dolor y sufrimiento asociado. Es acá cuando los cuidados paliativos entran como protagonistas, haciendo del cuidado, la contención y la preparación un estilo de vida solidario en los últimos días.

¿Puede el buen morir ayudar a resignificar la muerte de la educación municipalizada? 

Pasaron décadas para que el país acordara democráticamente, y con absoluto acuerdo en el Congreso, poner fin a la municipalización de la educación pública. Así, se aprobó la Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública. Este proceso, que inició en 2018 con la desmunicipalización, ya ha transferido 624 establecimientos educacionales de 41 Municipalidades y Corporaciones Municipales, a 11 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que velan exclusivamente por su mejoría y acompañamiento, guiados por la Estrategia Nacional de Educación Pública, primer instrumento de esta naturaleza en nuestro país. Pero aún quedan 305 municipios que deben pasar a 59 SLEPs antes del 2025.

No ha sido fácil. Así lo señala el Consejo de Evaluación, y así lo han vivido muchos municipios, docentes, asistentes de la educación, directivos y quienes han hecho el tremendo esfuerzo de instalar los SLEP a lo largo de Chile. No es para menos: esta es una de las reformas más complejas y sistémicas. Lamentablemente, el apoyo para que esto no fuera tan duro y dificultoso no ha existido por parte del Estado como un todo, dejando en el abandono en esta titánica tarea solamente a la Dirección de Educación Pública (DEP). 

Pese a que hay voces, especialmente algunas asociaciones de municipios, que han solicitado frenar la desmunicipalización, esto va en la dirección contraria de lo que la educación pública necesita urgentemente. Son miles de niñas, niños y adolescentes que merecen que el país les garantice su derecho a la educación. Por eso el enfoque debiera ser el de, por un lado, entregar “cuidados paliativos” para llevar de la mejor manera posible los últimos días, meses o años, y por otro, asegurar todos los apoyos para el nacimiento de la nueva educación pública.

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El monitoreo de la implementación de los SLEPs confirma que los municipios cuentan con profundos desequilibrios financieros, que no tienen inventarios de bienes muebles e inmuebles, algunos incluso sin haber regularizado nunca estos bienes luego del traspaso desde el Estado cuando se hizo la municipalización en los años 80. En muchos casos, tampoco cuentan con un orden estricto que identifique la vigencia de cada uno de los contratos asociados a los servicios educativos, así como la disparidad de beneficios que se han negociado colectivamente con sus trabajadores a lo largo de los años, lo que hace que existan desigualdades laborales entre distintos municipios que se traspasan a un mismo SLEP. Además, es una realidad que el número total de trabajadores de todos los municipios que corresponden al territorio de un futuro SLEP, es menor al número de trabajadores que podrá contratar el mismo servicio. Aritmética básica. Entonces, ¿cuáles son los planes de reconversión laboral o alternativas que el Estado puede ofrecer para evitar aumento en las tasas de cesantía? Tema gravitante sobre todo en comunas aisladas en que la postulación a un SLEP sería imposible por razones de desplazamiento, más aún en tiempos en que la actividad productiva se ha visto disminuida por la pandemia.

Todo esto, y más, deja a la educación municipalizada en una situación precaria, con dificultades para hacer un traspaso ordenado y con alta incertidumbre. 

Por eso es tan inexplicable la no participación activa de todos los servicios públicos posibles como Sercotec, Corfo, Subdere -por nombrar algunos- pero aún más, el conocido abandono del Mineduc al trabajo de la DEP, órgano responsable de este proceso. Es inentendible que quien deba cumplir el rol de acompañamiento y preparación no cuente con respaldo político ni los recursos suficientes. Simplemente es imposible. 

Por ejemplo, el proyecto de ley de presupuesto ingresado por el Gobierno al Congreso traía una reducción del 4,2% a la DEP misma, y de un 23,1% al programa 2 de Fortalecimiento de la educación escolar pública, que incluye el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Asimismo, el 7 de diciembre presentaron un proyecto para modificar la normativa vigente sobre Nueva Educación Pública, cuyo fin es mejorar los procedimientos de traspaso desde la administración municipal a los nuevos servicios locales. Esto último era algo esperado hace meses  -los necesarios cuidados paliativos- pero sorprende que se haya hecho tan tarde, y con un foco preocupante. Las mejoras al sistema se enfocaban en cinco grandes áreas: fortalecimiento de las atribuciones de la DEP; aumento de la fiscalización de los municipios y exigencias de información durante el traspaso; extensión del plazo para el traspaso de los establecimientos a los SLEPs; incorporación de mayor gradualidad en la segunda etapa de implementación; y modificación de los requisitos para postergar el traspaso de establecimientos al nuevo sistema.

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Puede ser positivo que se aumenten las exigencias a los municipios y la gradualidad, pero esto debe hacerse con mayores recursos asegurados. Sin embargo, hay importantes alertas. Se sigue enfrentando la dificultad desde la desconfianza hacia los municipios, pero no se ven medidas concretas para enfrentar la precariedad en la que se desenvuelven para prepararse de manera correcta, ni tampoco se ven caminos para enfrentar los futuros despidos. Por otro lado, y aún más grave, es que al disminuir los requisitos para que los municipios mantengan los establecimientos, evitando así el traspaso a los SLEPs, se rompería de facto el espíritu de la ley de crear una Nueva Educación Pública, generando un limbo donde coexistirían, en un mismo territorio, establecimientos dependientes de municipalidades y de SLEPs. Se aumenta la competencia, y ahora dentro de la misma educación pública. En lugar de asegurar una buena muerte, lo que hacen es dejarlos en un espacio de incertidumbre eterna.

Sí, fue rechazada la idea de legislar, pero esto no puede quedar acá. Es urgente revisar, con extremo cuidado, que se cuente con los recursos suficientes para hacer un buen acompañamiento al final de la vida de la educación municipal. Y, sobre todo, que se honre el acuerdo país para el nacimiento de la Nueva Educación Pública, impidiendo que se desvirtúe si algunos municipios no hacen el traspaso. La Nueva Educación Pública es el inicio de un nuevo ciclo de vida para nuestro país, que junto con lo que establezca la nueva Constitución en torno al derecho a la educación y la educación pública, deberá dar un norte de inclusión y mejores oportunidades de vida a millones de personas. Por eso el buen morir de la educación municipal es tan importante: porque sólo asegurando condiciones para un traspaso digno y eficiente, podrá nacer una Nueva Educación Pública a la altura de los desafíos de los tiempos que corren.