El director de estudios de Fundación P!ensa aborda la adjudicación de un leaseback en favor del Banco Scotiabank aprobada por el concejo municipal de Viña del Mar. "La alcaldesa concretó una irresponsabilidad que tarde o temprano pagarán todos los viñamarinos", comenta.
Recientemente, el concejo municipal de Viña del Mar aprobó la adjudicación de un leaseback en favor del Banco Scotiabank, tras una licitación pública en la que fue el único oferente. Esta operación inyectará liquidez al municipio por aproximadamente $17.500 millones, que serán destinados a pagar deudas municipales, principalmente facturas y boletas con proveedores, y las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la Corporación. Como garantía, el banco obtendrá la propiedad de dos inmuebles y, a cambio, la municipalidad pagará una suma mensual de UF 5.550 durante los próximos 10 años. Con el valor actual de la UF, estamos hablando de un desembolso cercano a los $25.000 millones, de los cuales $7.500 millones representan intereses bancarios.
En redes sociales se viralizó un video de esta sesión, donde la alcaldesa Macarena Ripamonti y la concejala Antonia Scarella protagonizan un intercambio verbal. La alcaldesa justificó la operación mediante una analogía con las inversiones del sector privado: “Es bueno endeudarse, pregúnteles (a las empresas) cómo hacen negocios, si sacan plata de su patrimonio… piden créditos, así se hacen los negocios”, decía Ripamonti. A lo que Scarella replicó: “Pero esto no es un negocio”.
Evidentemente, la alcaldesa comete un error al equiparar el fin de las empresas privadas con la función pública de los órganos del Estado. Sin embargo, este caso permite abordar un problema más profundo relacionado con el endeudamiento municipal.
En nuestro sistema institucional, la responsabilidad fiscal recae en el Presidente de la República, lo que se traduce en que las leyes sobre administración financiera y presupuestaria, así como las de contratación de empréstitos que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado y sus órganos, son de iniciativa exclusiva presidencial. Por tanto, las municipalidades y los gobiernos regionales, por regla general, tienen prohibido endeudarse.
A pesar de esto, se ha vuelto cada vez más común que los municipios celebren contratos de leaseback para obtener liquidez. A través de estos contratos, las municipalidades, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, venden inmuebles a bancos e instituciones financieras, reservándose una opción de compra y arrendando esos mismos inmuebles al comprador. En la práctica, y en palabras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se trata de un mecanismo de endeudamiento encubierto.
La literatura sobre descentralización fiscal enfatiza los problemas del endeudamiento subnacional cuando no existen reglas claras para controlar los desequilibrios fiscales, a menudo motivados por intereses electorales. En Chile, no estamos ajenos a esta discusión.
En 2014, la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización propuso establecer un marco de endeudamiento regional y municipal bajo ciertos parámetros, como la fijación de un límite máximo de deuda reflejado en un porcentaje del presupuesto anual, contar con una clasificación de riesgo actualizada o destinar la deuda para el financiamiento de proyectos de inversión. Las dos propuestas constitucionales rechazadas también sugirieron límites similares, sumando la prohibición de establecer garantías por parte del Fisco y la prohibición de generar endeudamiento en períodos electorales. Más recientemente, el proyecto de ley sobre regiones más fuertes impulsado por el Ejecutivo permite el endeudamiento regional bajo ciertas condiciones y siempre que tenga como finalidad el financiamiento de proyectos de inversión.
En resumen, en diez años de discusión sobre descentralización fiscal, instancias conformadas por mayorías de diversas sensibilidades políticas han acordado una regla básica: la prohibición de contraer deuda para cubrir gasto corriente. La lógica detrás de esta decisión es clara: generar deuda para estos fines no es más que reemplazar deuda actual por deuda futura, poniendo en riesgo el balance fiscal de mediano plazo y dejando las arcas deterioradas para futuras administraciones.
Este es el tema central en el cruce de opiniones entre la alcaldesa Ripamonti y la concejala Scarella. La primera justifica el endeudamiento para la inversión, pero la segunda le hace ver que este no es el caso. Y es que mal podría la alcaldesa considerar que el pago de cotizaciones de los trabajadores o a los proveedores del municipio son proyectos de inversión. Por el contrario, se trata del financiamiento de gasto corriente.
En la sesión aludida, los concejales cercanos a Ripamonti celebraban la votación calificando el día de “histórico” y felicitándose entre ellos. En los costados del salón, una fila de funcionarios invitados por la alcaldesa levantaba pancartas contra los concejales que manifestaban sus dudas –cualquier similitud con la estrategia comunista de “rodear la Convención” es mera coincidencia-. Aplaudían un desenlace que finalmente les devolvía sus cotizaciones, vergonzosamente impagas por administraciones anteriores. Todos volvieron contentos a sus casas.
Probablemente, no habrá ningún ajuste estructural. Los gastos en personal, que hoy ascienden a más de $40.000 millones, seguirán aumentando; los funcionarios de confianza podrán cobrar sus millonarios sueldos tranquilamente; la deuda municipal no cubierta por el leaseback aumentará y el déficit municipal seguirá su curso. La alcaldesa, contrario a lo que piensa, no hizo ningún negocio. Simplemente, “bicicleteó” la deuda y concretó una irresponsabilidad que tarde o temprano pagarán todos los viñamarinos.
Esta nueva apuesta, además de buscar perfilar lo que serán los debates que marcarán al país en las semanas previas a los comicios de gobernadores regionales y alcaldes, busca responder a la inquietud de nuestros televidentes que han solicitado que el programa se presente más temprano.
