El subdirector social de TECHO-Chile advierte que los desalojos deben ser "una medida de última ratio" y que antes se debe trabajar en "protocolos bien definidos que tengan a la dignidad humana en el centro".
Durante los primeros días de junio se hará efectivo el desalojo de más de veinte familias, sin solución alguna, del campamento Mauricio Fredes, en la comuna de Quilicura. Esto es parte de una ola creciente de desalojos a lo largo de Chile, que aparece como respuesta al aumento de campamentos, sin que, junto con ello, se brinden respuestas efectivas al gran problema de fondo.
Los desalojos deben ser una medida de última ratio, cumpliendo con las garantías correspondientes antes, durante y después del desalojo; siguiendo así lo establecido en tratados internacionales ratificados por Chile. Algunas de ellas son el aviso previo y oportuno a las personas que serán desalojadas, la provisión de asesoría legal y técnica correspondiente, así como también la entrega de soluciones alternativas factibles a quienes sufrirán el desalojo. Todo esto, además de velar por el resguardo de los derechos fundamentales de toda persona, tiene como objetivo lógico evitar que familias terminen en situación de calle u otras formas escondidas de precariedad habitacional.
Vemos con preocupación que en casos como el del campamento Mauricio Fredes no se están respetando las garantías anteriormente señaladas y, a semanas del desalojo, las familias que serán desalojadas aún no encuentran una solución a su inminente privación habitacional. Esto considerando que han intentado, por diversas vías, obtener distintos tipos de ayuda para poder salir de la situación de emergencia habitacional en la que viven. Por el momento, la respuesta de Serviu podrá estar recién para octubre, varios meses después del desalojo. La respuesta de la municipalidad, que consiste en subsidio de arriendo por tres meses, es de corta duración e inadecuada, por lo que de las 87 familias que vivían originalmente, solo cinco lo están aplicando y otras cinco están en evaluación. Es así como, si esta acción sigue su curso con las condiciones actuales, 35 niños y niñas se quedarán sin un techo en el otoño más frío que se ha visto en muchos años.
Sin intención de cuestionar la justificación o legalidad que puedan tener los procesos de desalojo, creemos que debemos hacernos cargo de las responsabilidades colectivas que estos traen consigo. Es necesario que el orden público no sea resguardado sólo a través de la fuerza, sino también a través del acceso a mecanismos que garanticen derechos fundamentales. Necesitamos con urgencia instrumentos para fiscalizar a los actores públicos involucrados durante estos procedimientos, tales como municipalidades y ministerios, además de un protocolo a seguir desde el Ministerio del Interior.
Hoy, más de 113.000 familias viven en campamentos a lo largo del país. Se ven forzadas a vivir este tipo de situaciones, principalmente debido a que por su condición económica no hay un lugar para ellos en el mercado habitacional formal, enfrentando así una amenaza constante de todo lo que puede implicar un desalojo forzoso. Es urgente abordar esta situación con acciones concretas, principalmente desde el poder Ejecutivo, para que los procesos de desalojo no signifiquen ciclos interminables de vulnerabilidad. Debe trabajarse en la pronta incorporación de protocolos bien definidos que tengan a la dignidad humana en el centro. Si nuestra respuesta ante tales situaciones se limita únicamente a medidas de fuerza, no solo fallaremos en resolver el problema, sino que, además, lo esconderemos debajo de la alfombra, evitando enfrentarlo de una manera efectiva.
