El coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica comenta que "el abultado gasto público, la sobrecontratación de personas en el Estado y las continuas alzas de impuestos para financiar el despilfarro debe ser atacada con una mirada de justicia y deber moral".
Nunca, jamás en nuestra historia republicana, habíamos tenido un Estado tan grande como el que tenemos hoy. El presupuesto público alcanza más de $84 mil millones, solo
superado en 2021 a consecuencia de la pandemia. A nivel orgánico, el número de ministerios, servicios públicos y sus respectivas autoridades, asesores y funcionarios, vinculados al Estado también ha ido en constante aumento. Sin embargo, así como crece la cantidad funcionarios públicos, crece el número de sillas, escritorios y computadores totalmente vacíos y sin uso.
Hoy el aparato público, solo en su función ejecutiva, se compone de 24 ministerios, y nos encontramos ad portas de tener 25 si se aprueba el polémico Ministerio de Seguridad y Orden Público, tarea que actualmente es responsabilidad de la cartera de Interior, liderada por la ministra Tohá. Así, Chile pasaría a ser el tercer país con más secretarías ministeriales de Sudamérica, solo después del gigante Brasil, cuya población y territorio lo sitúa en el primer lugar y Venezuela, cuyo Estado tomó las características del socialismo del siglo XXI, sin contar con el resto del aparataje, con cerca de 40 subsecretarías, más de 160 servicios públicos y 345 municipalidades.
Sin profundizar en el evidente problema del abultado gasto público y el crecimiento de una burocracia asfixiante, con duplicidad de funciones, ambas que se financian con sucesivas alzas de impuestos, la evasión de las responsabilidades entre las entidades y otros problemas, es necesario también relevar el mal diseño y gestión de empleo público.
Los funcionarios públicos son cerca de 450 mil, pero si sumamos todas las personas contratadas por el Estado, alcanza la cifra de 1 millón 200 mil. Según una investigación de OCEC-UDP, en el último trimestre de 2023 se crearon 65.532 puestos de trabajo en la administración pública y, en general, la creación de puestos de funcionarios públicos representaron el 63% de todos los nuevos puestos asalariados creados en los últimos 12 meses. Los responsables de este escándalo son el Gobierno y una serie de alcaldes que, por acercarse al periodo electoral, abultan el personal de sus reparticiones.
Estas tristes cifras llegan en un momento preocupante. La deuda pública cerró el segundo año del gobierno del Presidente Boric en 39,7% del PIB, un punto y medio más que la última estimación vigente. Mientras que el déficit fiscal efectivo llegó al 2,4% del PIB, con la deuda en su nivel más alto desde 1990. Es decir, el Estado no tiene los recursos, pero sigue creciendo en su tamaño con contrataciones masivas de empleados públicos.
Como puede apreciarse, la irresponsabilidad en esta materia no es solo un problema de ineficiencia, o una mala política pública, sino, al contrario, es más bien un profundo problema moral. Por un objetivo cortoplacista, ya sea de demostrar cuestionables cifras del empleo, o asegurarle sueldos a los amigos del partido, se está cargando sobre los hombros de las familias chilenas el peso de estos fines mezquinos, es decir, deberemos pagarlo de nuestros bolsillos, con nuevos impuestos, nuevas alzas, o derechamente condenando a generaciones futuras a pagar la deuda pública que esto genera.
La guinda de esta agria torta se conoció estos días: funcionarios del Estado faltan un mes al año en promedio solo por concepto de licencias médicas. Esto sin sumar otros tipos de permisos o ausencias sin registro. Es decir, mientras más recursos van a la contratación de personal, en contrapartida, son cada vez más los puestos vacíos.
Lo grave es que el ausentismo de los funcionarios afecta más en áreas que son especialmente sensibles para la ciudadanía, como salud, educación e incluso dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Sin duda que estas altas cifras de ausentismo laboral en el Estado tienen una explicación multifactorial, como lo son un deficiente de diseño corporativo, donde las funciones no están definidas o son completamente superadas por la realidad; la falta de incentivos por mantener ambientes laborales sanos y, por cierto, el nulo incentivo a productividad y control de asistencia en numerosas oficinas públicas.
El sentimiento de propiedad del cargo ha sido malentendido por numerosos funcionarios que son capaces de cooptar servicios completos. Por otro lado, la falta de herramientas y voluntad política genera que las autoridades, jefes de servicio y responsables de personal prefieran hacer vista gorda por ahorrarse un mal momento y trabajar con verdaderas plantas paralelas en vez de fiscalizar y sancionar las unidades deficientes dentro del Estado.
El ausentismo laboral en el Estado genera un círculo vicioso: sobrecarga laboral a aquellos que sí están presentes, lo que provoca nuevas licencias, un desánimo moral del genuino servicio público de miles de funcionarios que intentan empujar el pesado carro estatal.
Lamentablemente, la sola mirada utilitarista de modernizar el Estado, disminuir levemente la burocracia o mejorar las cifras de satisfacción de tal o cual servicio no es ni suficiente ni factible en la práctica. El abultado gasto público, la sobrecontratación de personas en el Estado y las continuas alzas de impuestos para financiar el despilfarro debe ser atacada con una mirada de justicia y deber moral de cualquiera que adhiera a la idea de que el Estado está al servicio de la persona y de las familias, tanto presentes como en las generaciones futuras.
Esta nueva apuesta, además de buscar perfilar lo que serán los debates que marcarán al país en las semanas previas a los comicios de gobernadores regionales y alcaldes, busca responder a la inquietud de nuestros televidentes que han solicitado que el programa se presente más temprano.
