"Dar un cierre a los procesos de reemplazo constitucional podría ser el factor que mueva la aguja en las encuestas y en el resultado del plebiscito de diciembre", comenta el director del Programa Constitucional del Instituto Res Publica en su columna.
Aún no termina el segundo proceso constituyente y algunos políticos, especialmente parlamentarios de nuestro Congreso Nacional, ya se han referido a la posibilidad de un tercer proceso constituyente. Esta idea surge debido a que un eventual nuevo rechazo en diciembre de este año podría tener varias interpretaciones: ya sea una ratificación a la Constitución vigente, el rechazo a un proceso no plebiscitado en su inicio, o bien, una nueva especie de “rechazar para reformar”.
Esta última interpretación, favorable principalmente a una parte de la izquierda que no se ve representada ni en el actual texto ni el que está en elaboración, buscaría por vía del Congreso Nacional retomar en el corto o mediano plazo, según convenga, el debate constitucional, utilizando como base el texto de los expertos.
Sin embargo, en las últimas encuestas de Cadem, entre las razones para votar a favor, expresadas espontáneamente por las personas, una de las principales motivaciones es el ponerle término al proceso y la necesidad de certezas. Así, un 7% de derecha y un 13% de izquierda prefieren votar favorablemente en el próximo plebiscito para acabar con la etapa constituyente que vive el país.
Pero, por otro lado, hay un porcentaje considerable de quienes piensan votar en contra de la propuesta, aduciendo como motivo para ello que prefieren la constitución actual o que la Constitución solo necesita reformas y no grandes cambios. Otra de las razones para rechazar es que existen otros temas prioritarios antes que una nueva Constitución, como la delincuencia, la inflación, la salud, entre muchos otros.
Así, es posible concluir que hay un gran número de personas que, no obstante su eventual preferencia en el próximo plebiscito ni su color político, plantean como una de sus motivaciones el término del proceso constitucional y su preocupación por materias no constitucionales, por sobre cualquier otra razón de fondo. A la luz de ello, cabe preguntarse, ¿qué opción interpreta mejor a aquellos que buscan dar un cierre al debate Constitucional?
De ganar la opción “En contra” y rechazarse la actual propuesta en elaboración, es necesario considerar que la Constitución vigente, tras la ley n° 21.481 de 2022 que rebajó los quórum para su reforma -estrategia impulsada desde Amarillos y otros partidos para disminuir el costo de rechazar el borrador anterior-, señala que toda reforma constitucional requiere de un quorum de aprobación de cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, lo que implica el voto favorable de 89 diputados y 29 senadores.
Es decir, de rechazarse la nueva propuesta de constitución, regirá la Carta Fundamental vigente, que sea o no del gusto del votante, ya no tiene los criticados “cerrojos” para reformarla. Al contrario, el bajo quorum de la actual Constitución la deja a merced de que ciertas mayorías, ya sea de oposición o del oficialismo, junto a grupos díscolos, logren modificarla y dar inicio así a un tercer proceso, o bien proponer una reforma que reemplace la totalidad de la Carta Fundamental vigente.
Ahora bien, de ganar la opción “A favor” y aprobarse la propuesta constitucional en elaboración, la opción de que el capítulo constitucional siga abierto mediante reformas se reduce: en el texto propuesto se requieren tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio para llevar a cabo reformas constitucionales, es decir, 93 diputados y 30 senadores, un quorum más alto que el de la Constitución vigente.
Algunos han criticado estos altos quorums de reforma establecidos en la propuesta constitucional, acusando que se ha vuelto a los antiguos “cerrojos” de la Constitución del ’80, pero lo cierto es que estas normas fueron elaboradas por la Comisión experta y ratificadas por el pleno tanto en comisión como en el Pleno, con el apoyo de miembros oficialistas como de oposición.
Considerando lo anterior, desde un punto estrictamente jurídico es la opción “A Favor” la que dificulta más la posibilidad de un nuevo proceso y garantiza de mejor forma el cierre de un largo capítulo de discusión constitucional.
Pese a ello, la ciudadanía debe tener presente que el Congreso Nacional tiene la atribución permanente para modificar la Constitución, por lo que no es posible dar un portazo definitivo a un eventual tercer proceso o algún paquete de reformas a la Constitución en el futuro.
La Constitución sin duda es una batalla importante, pero no es la única. Aquellos que saben el costo que significa para el país estar debatiendo nuestras bases jurídicas e institucionales por ya casi 4 años, y buscan dar un cierre a la inestabilidad y la incertidumbre, deben estar conscientes que el desafío es a largo plazo y dar un cierre a los procesos de reemplazo constitucional podría ser el factor que mueva la aguja en las encuestas y en el resultado del plebiscito de diciembre.
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