El economista del Instituto Igualdad sostiene que "ha imperado el negacionismo" en una derecha "cada vez más extrema e ideologizada". Además, acusa que "la élite ha demostrado carecer de argumentos para darle un mejor futuro al país".
El Gobierno ha dado pruebas reiteradas de buscar el diálogo. Lo ha hecho con ideas y propuestas, con proyectos de ley que apuntan a objetivos claros y con diagnósticos que cuentan con respaldo de organismos técnicos internacionales de prestigio. A pesar de haber hecho importantes concesiones con la oposición para aprobar reformas que el país necesita y generar los recursos al gobierno de centroizquierda, ha imperado el negacionismo de una derecha cada vez más extrema e ideologizada.
La respuesta de la oposición, alineada sin matices a lo que dicta la élite a través del diario El Mercurio, ha sido negar toda validez a las propuestas del Gobierno, de calificar de malos los proyectos de ley del Gobierno, incluso, sin exponer argumentos técnicos de peso ni observar el más mínimo interés por abordar los temas subyacentes que dan cuenta de la desigualdad, la inequidad, la informalidad, la precariedad del empleo, de la baja productividad y el mediocre crecimiento de la economía, en un 80% en manos del sector privado y casi la mitad de la producción y distribución controlada por una decena de grupos económicos.
Si la élite consiguió detener las reformas del Gobierno y ahora reclama una reforma política, en los pocos meses que le quedan a este gobierno y en medio de un proceso electoral, habrá pasado la oportunidad incluso de hacer mantenimientos en la “sala de máquinas” con lo cual la derecha lograría pavimentar el camino para llegar al Gobierno.
Un cambio al sistema político no corresponde negociarlo con la élite que aspira a favorecer la mantención del statu quo, para ello y dada la trascendencia de este cambio y si se desea una mejor política es, en ese caso más serio y meritorio, llamar a un plebiscito donde este tema sea resuelto por el pueblo soberano.
El punto es qué cambio podría proponer la clase política en relación con el sistema político y qué otra materia podría incluirse en un eventual referéndum. La élite no quiere dialogar ni negociar lo que ha venido proponiendo la centroizquierda. Quiere rayar la cancha y el ámbito de las conversaciones para inhibir los cambios o reducirlos conforme a sus intereses. No se puede seguir exponiendo al país a negociaciones a través de mecanismos superestructurales donde los ciudadanos son simples espectadores.
La ciudadanía no quiere cualquier cambio ni cambiarlo todo. Eso lo demostró negándose a aprobar los dos proyectos de constitución plebiscitados, uno muy a la izquierda y otro muy a derecha. Es necesario clarificar cuáles son los cambios que está dispuesta a aceptar la mayoría de los ciudadanos y cuáles de ellos mejoran la capacidad de gobernanza, perfeccionan la participación del pueblo y la democracia. Los ciudadanos en Chile esperan todavía una reivindicación de la política que ponga en primer lugar los intereses de la mayoría.
Si la reforma política solo persigue reducir la cantidad de partidos políticos para facilitar acuerdos, qué es lo que impide que los partidos sin necesidad de una ley logren coaliciones de gobierno que incorpore la diversidad de ideas y proyectos políticos que legítimamente necesitan expresión popular y un lugar en la estructura del poder. La élite económica y sus representantes políticos tienen claro que la diversidad es un fenómeno social muy fuerte que no puede tener cabida en su modelo político ni puede alterar la estructura de poder que le garantizó el sistema binominal.
La élite ha demostrado carecer de argumentos para darle un mejor futuro al país, su permanente y sólido poder económico lo hace sentir sin tapujos y desafiante al mundo político y logra ponerle coto a los cambios que puedan menoscabar su capacidad de influir en lo que quiere y necesita del país para sus propios intereses.
Si para la élite la cuestión es militarizar la seguridad para garantizar la paz social y blindar la democracia con fusiles, se equivoca y no hace más que replicar su debilidad democrática, su única y repetida respuesta al conflicto social, la represión, que deriva de su propio afán de lucro, codicia e insensibilidad ante la exclusión social.
No se puede enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo sin abordar, a la vez, la exclusión social, la precariedad laboral, la informalidad en el empleo, la baja productividad y la deficiente o nula capacitación de la fuerza laboral.
Lo que ha quedado más que claro en el país y en el diagnóstico de expertos en el mundo es que en Chile existe una desigualdad extrema que impide el desarrollo y que la élite económica prefiere mantener el statu quo al negarse a compartir su renta y su riqueza para conseguir un mejor país.