La abogada especialista en prevención y abordaje del abuso sexual en las infancias, familia, niñez y adolescencia, comenta que la denuncia contra el actor pone de manifiesto la necesidad de que "se aborde la problemática de los delitos contra la integridad sexual desde temprana edad, de forma preventiva e interdisciplinaria".
El reciente caso que ha salido a la luz pública, relacionado con el presunto abuso sexual cometido por Cristian Campos en contra de Rafaella Di Girolamo, genera una serie de reflexiones y análisis desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos. Este tipo de situaciones no solo ponen de manifiesto la importancia de la protección de los derechos fundamentales de las personas, sino que también resaltan la necesidad de abordar la violencia de género de manera integral y efectiva en nuestra sociedad, como así también es inminente que nos detengamos a pensar el tratamiento que como medios de difusión hacemos de noticias como esta.
Desde una perspectiva jurídica, es esencial que se respeten los principios de presunción de inocencia y debido proceso en todo momento. Es por ello que cualquier acusación de abuso sexual debe ser investigada a fondo por las autoridades competentes, asegurando tanto el derecho de la presunta víctima a buscar justicia como el derecho del acusado a una defensa adecuada. Además, es crucial que los procesos judiciales sean transparentes, imparciales y libres de cualquier tipo de influencia indebida. Esta nota de opinión está redactada con el objetivo de abordar el caso desde una perspectiva objetiva, jurídica y de derechos humanos, sin emitir juicios previos sobre la culpabilidad o inocencia de ninguna de las partes involucradas.
Deber de debida diligencia
En este tipo de casos, donde se involucran derechos humanos básicos y fundamentales, el Estado tiene el deber internacional de investigar con debida diligencia establecido en instrumentos de derechos humanos y tratados internacionales ratificados por el país.
¿De qué hablamos cuando hablamos de “Debida diligencia”?
Este deber implica llevar a cabo una investigación exhaustiva, efectiva e imparcial, con el fin de identificar, procesar y sancionar a los responsables de actos de violencia de género, incluido el abuso sexual, y garantizar el acceso a la justicia y a remedios adecuados para las víctimas, a fines de acceder no solo a la verdad objetiva, sino a la reparación de los derechos vulnerados. Implica un actuar inmediato, urgente, dentro de los plazos razonables del derecho, con impronta efectiva, diligente, y orientada a la búsqueda de la verdad.
Cuando se trata de figuras públicas, el deber de investigar con debida diligencia en casos de abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia de género es aún más relevante debido al impacto social y la influencia que estas personas pueden tener.
Por lo que en este tipo de casos es importante tener ciertas consideraciones como por ejemplo:
Igualdad ante la ley: Aunque las figuras públicas puedan tener un perfil público más alto, siguen estando sujetas al imperio de la ley y al deber de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las víctimas de abuso sexual. Por lo tanto, cualquier acusación de abuso sexual en contra de una figura pública debe ser investigada con la misma diligencia y seriedad que cualquier otro caso.
Responsabilidad y transparencia: Dada su posición de influencia, las figuras públicas tienen una responsabilidad adicional de actuar de manera transparente y responsable en casos de acusaciones graves como el abuso sexual. Esto incluye cooperar plenamente con las autoridades durante la investigación y garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.
Efecto en la percepción pública: Las acusaciones de abuso sexual contra figuras públicas pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y en la confianza en las instituciones. Por lo tanto, es crucial que las investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial y transparente, para garantizar la confianza del público en el sistema de justicia y en el cumplimiento de los derechos humanos.
Prevención del abuso de poder: El hecho de que una persona sea una figura pública no la exime de cometer actos de abuso sexual ni la protege de las consecuencias legales de sus acciones. De hecho, el abuso de poder y la impunidad son problemas graves en muchos casos de abuso sexual perpetrados por figuras públicas. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades actúen con diligencia para investigar estas denuncias y garantizar que se haga justicia sin importar la posición social o el estatus de la persona acusada.
También es importante remarcar el tratamiento adecuado cuando una víctima de abuso sexual es una figura pública, existen desafíos adicionales para proteger su privacidad y bienestar, dado el escrutinio público y la atención mediática que rodea su caso. Algunas formas de proteger a la víctima en estas circunstancias:
Es fundamental respetar la confidencialidad y la privacidad de la víctima en todo momento. Las autoridades encargadas de la investigación deben garantizar que se respeten los protocolos de confidencialidad y que se evite la divulgación innecesaria de información que pueda identificar, revictimizar, o exponer en demasía a la víctima, tanto en los procedimientos legales como en la cobertura mediática del caso.
La víctima debe recibir apoyo psicológico y emocional adecuado durante todo el proceso, incluyendo asesoramiento profesional y acceso a servicios de salud mental especializados en el tratamiento de víctimas de abuso sexual. Este apoyo es crucial para ayudar a la víctima a sobrellevar el trauma y mitigar el impacto de la atención mediática y el escrutinio público.
Dependiendo de la naturaleza del caso y el nivel de exposición pública de la víctima, pueden ser necesarias medidas de seguridad adicionales para proteger su integridad física y emocional. Esto puede incluir el establecimiento de un plan de seguridad personalizado, la asignación de escolta policial o la protección de la dirección y otros datos personales de la víctima.
Es importante que la víctima tenga cierto grado de control sobre la narrativa pública de su caso y la forma en que se comunica sobre él. Esto puede implicar el derecho de la víctima a dar o no declaraciones públicas, así como su participación en la toma de decisiones sobre la divulgación de información relacionada con el caso, siendo importante un asesoramiento y sostenimiento adecuado en cuanto a esto.
Por encima de todo, la protección de la víctima implica garantizar su acceso a la justicia y la posibilidad de buscar reparación por el daño sufrido. Esto incluye asegurar que la investigación se lleve a cabo de manera imparcial y efectiva, y que se respeten los derechos de la víctima durante todo el proceso judicial.
En resumen, proteger a una víctima de abuso sexual que es una figura pública requiere un enfoque integral que garantice su confidencialidad, bienestar emocional y seguridad física, al tiempo que se respeta su autonomía y su derecho a buscar justicia, resguardando también la debida reserva sobre las actuaciones del caso.
Tratamiento mediático
Es fundamental que las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto trabajen juntos para proporcionar el apoyo necesario y garantizar la protección de la víctima en todas las etapas del proceso.
El tratamiento de la noticia sobre un caso de abuso sexual que involucra a una figura pública en los medios de comunicación debe ser cuidadoso, ético y respetuoso hacia todas las partes involucradas. Los medios deben ser sensibles hacia las víctimas de abuso sexual y evitar revictimizarlas a través de la cobertura mediática. Esto implica abstenerse de hacer comentarios o juicios que culpabilicen a la víctima, así como respetar su derecho a la privacidad e intimidad si así lo desean.
Los medios tienen la oportunidad de utilizar la cobertura del caso como una oportunidad para educar al público sobre la violencia de género, el abuso sexual y los derechos de las víctimas. Esto puede incluir la difusión de información sobre los recursos disponibles para las víctimas y la promoción de la prevención del abuso sexual en la sociedad.
En resumen, el tratamiento de la noticia sobre un caso de abuso sexual que involucra a una figura pública en los medios de comunicación debe ser ético, respetuoso y centrado en la búsqueda de la verdad y la justicia. Los medios tienen la responsabilidad de informar de manera responsable y contribuir a la sensibilización y la prevención de la violencia de género en la sociedad.
El necesario analisis con perspectiva de género
La perspectiva de género juega un papel crucial en la comprensión y abordaje de casos de abuso sexual. La violencia de género es una manifestación de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, y el abuso sexual es una de las formas más graves de esta violencia. Es importante reconocer y visibilizar las dinámicas de poder y control que subyacen en los casos de abuso sexual, así como el impacto desproporcionado que esta violencia tiene en las mujeres y niñas.
Además, es fundamental que existan mecanismos adecuados de protección y apoyo para las víctimas de abuso sexual, garantizando su acceso a servicios de atención médica, psicológica y legal. La revictimización y la falta de apoyo son barreras significativas para la búsqueda de justicia por parte de las víctimas, por lo que es necesario fortalecer los sistemas de protección y asistencia a nivel nacional e internacional.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, es importante recordar que todas las personas tienen derecho a vivir libres de violencia y discriminación. El abuso sexual no solo viola la integridad física y psicológica de la víctima, sino que también atenta contra su dignidad y sus derechos fundamentales. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado garantizar la protección de estos derechos y tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia de género en todas sus formas.
En resumen, el caso de abuso sexual involucrando a Cristian Campos y Rafaella Di Girolamo destaca la necesidad urgente de abordar la violencia de género desde una perspectiva jurídica, de derechos humanos y de género. Es esencial garantizar el respeto a los principios de presunción de inocencia y debido proceso, así como el deber de investigar con debida diligencia. Los medios de comunicación también tienen un papel crucial en el tratamiento ético y sensible de estos casos, promoviendo la conciencia y la prevención de la violencia de género en la sociedad. En última instancia, el caso refuerza la importancia de trabajar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas, se garantice el pleno acceso a la justicia, y se aborde la problemática de los delitos contra la integridad sexual desde temprana edad, de forma preventiva e interdisciplinaria.
