"Este decálogo busca establecer estándares mínimos de dignidad para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, asegurando la igualdad de condiciones en el empleo, tanto en términos de oportunidades, salarios, desarrollo laboral y de seguridad social y salud", asegura el secretario ejecutivo del Instituto de Formación y Capacitación Popular (INFOCAP), quien abordó las principales demandas que hoy existen en torno a los derechos laborales en nuestro país.
Durante los últimos dos meses, se ha dado inicio al trabajo de la convención constitucional en nuestro país, que desembocará en el nacimiento de una nueva Constitución. Cambios que la gran mayoría de los chilenos y chilenas expresó como necesarios en el plebiscito de hace casi un año.
La nueva Carta Magna deberá hacerse cargo de distintas demandas que la ciudadanía ha levantado durante años, una de ellas, una profunda reforma al mundo laboral.
Como Instituto de Formación y Capacitación Popular, INFOCAP, conocemos las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, ya que hemos sido un pilar en su capacitación continua por más de 35 años.
Por ello, consideramos e incluimos en el documento colaborativo de diversas fundaciones y corporaciones de la Compañía de Jesús denominado “Constitución y Pobreza: Apuntes para una Constitución Inclusiva”, al menos, 10 temas que deberían formar parte de esta conversación:
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1.- Incorporar, de manera expresa, el principio de protección del trabajo y de protección del (o la) trabajador(a).
2.- Reconocer el derecho de las y los trabajadores a una remuneración justa o bien, a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
3.- Prohibir cualquier tipo de discriminación arbitraria en contra de las y los trabajadores.
4.- Establecer la igualdad de género, en términos de que las y los trabajadores tengan los mismos derechos y obligaciones laborales, sin perjuicio de la regulación especial que se haga con el objeto de proteger la maternidad.
5.- Establecer explícitamente el derecho de sindicación, para trabajadores del sector público y privado, incluyendo el principio de independencia de los sindicatos, reconociendo la libertad de los trabajadores de organizarse del modo que estimen pertinente.
6.- Proteger a las y los trabajadores respecto de cualquier acto de discriminación sindical. En particular, los dirigentes sindicalesdeben contar con garantías que les permitan desarrollar adecuadamente sus cargos.
7.- Reconocer el derecho a la negociación colectiva en términos amplios, de modo que se permita implementarla por rama de actividad.
8.- Establecer, explícitamente, el derecho a huelga, para trabajadores(as) del sector público y privado, salvo para aquellos casos de trabajos relacionados con servicios esenciales.
9.- Mandatar a los poderes públicos a crear las condiciones que permitan el ejercicio de la libertad de trabajo y su protección.
10.- Considerar este derecho dentro de aquellos que pueden ser objeto del recurso de protección en términos amplios.
Este decálogo busca establecer estándares mínimos de dignidad para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, asegurando la igualdad de condiciones en el empleo, tanto en términos de oportunidades, salarios, desarrollo laboral y de seguridad social y salud. Eso, sin olvidar que hay grupos que han sido castigados por muchos años, en especial, las mujeres, que sistemáticamente han estado rezagadas en distintos ámbitos, siendo el laboral uno de ellos.
Como INFOCAP, creemos que el Estado debe asegurar la permanencia de la mujer en trabajos dignos, que aseguren un estándar de vida adecuado para ellas y sus familias, siendo el piso estar por sobre la línea de la pobreza; apoyar sus emprendimientos por cuenta propia, facilitando el acceso al financiamiento, asesoría y capacitación.
Como sociedad, debemos reconocer e impulsar los cambios necesarios que permitan que otros sectores puedan ampliar sus horizontes en sus trayectorias laborales. Hablamos, por ejemplo, de las y los jóvenes, quienes se han visto fuertemente afectados por la pandemia, a quienes debemos asegurar una transición fluida desde la etapa educacional a la laboral.
Las personas con discapacidad, a quienes el Estado no solo debe fomentar su inserción en el mundo del trabajo, sino que también la acomodación de los espacios laborales, asegurando condiciones de igualdad y calidad.
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Considerando que Chile es un país que está envejeciendo, en INFOCAP creemos que el trabajo en la tercera o cuarta edad no debiera ser una imposición producto de las falencias e incumplimientos del sistema de seguridad social. Pero si se diera, el Estado debe asegurar empleos decentes, que impliquen, por ejemplo, condiciones de seguridad apropiadas para ellos.
Los privados de libertad, es importante que el Estado pueda proveerles servicios educacionales que incrementen sus posibilidades de empleabilidad, ya que eso contribuye a los procesos de reinserción social, que les permitirán disminuir las precarias posibilidades de acceder a un trabajo remunerado por cargar con el estigma de haber delinquido.
Finalmente, es relevante que la nueva Constitución se haga cargo de incorporar medidas de apoyo para trabajadoras y trabajadores informales por cuenta propia, los que se concentran, fundamentalmente, en los quintiles socioeconómicos más bajos. Para ellos se requiere garantizar oportunidades de acceso a sistemas de formación, capacitación y formalización, que los lleven a dar ese paso que significa salir de la pobreza.
A todos ellos, la Constitución debe asegurarle mecanismos que eviten la discriminación y fomenten su incorporación al mundo laboral, de manera más justa, como cada uno de los chilenos merece. Donde Trabajo e Ingreso son una dimensión transversal del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, comprometidos con la garantía de los derechos humanos.
