Columna de Ricardo Hernández: Gobernar es madurar

Uno de los primeros cuestionamientos a un Gobierno que marca un bajo nivel de adhesión ciudadana y un alto nivel de rechazo a su gestión, es si las autoridades están o no preparadas para desempeñar las desafiantes responsabilidades que implican conducir la administración del Estado.

Este cuestionamiento es esperable cuando proviene de una distinta vereda política, ya que naturalmente, una oposición es (o debería ser) responsablemente crítica con la coalición de gobierno. Sin embargo, llama la atención cuando las críticas son disparadas por los mismos partidarios y autoridades del Gobierno, quienes esbozan autocríticas en dicho sentido.

Por ejemplo, esta semana, el alcalde de Maipú, militante de Revolución Democrática, Tomás Vodanovic, afirmó que, en su parecer, su sector fue “una oposición muy injusta” y que no se hicieron cargo de “la dificultad que tienen los procesos de gobernanza”. Incluso reconoció un “nivel de mezquindad en las declaraciones y en la acción política”. Su par de la comuna de Ñuñoa, Emilia Ríos, sorprendió con sus declaraciones, dejando entrever como una obviedad la inexperiencia de su sector al decir que “pedirle a una coalición que nunca ha gobernado que esté totalmente preparada para gobernar es una premisa engañosa en sí misma”.

Estas autocríticas no solo vienen desde el mundo comunal. La propia ministra vocera de Gobierno, militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, reconoció que la realidad, refiriéndose a la crisis de seguridad, era peor de lo que pensaban.

Este reconocimiento de inexperiencia y falta de capacidades de ciertas autoridades para hacer frente a los deberes y responsabilidades que impone el servicio público, en su más amplia expresión, se enmarca en un desafío mucho mayor y que se arrastra desde hace muchos años en nuestro país: fortalecer las instituciones y elevar los estándares de actuación y competencia de quienes detentan cargos públicos.

Existe un amplio consenso de que es necesario mejorar el sistema político, fortalecer los partidos políticos y elevar los estándares de probidad, eficiencia y transparencia de la función pública. Así, en el contexto del nuevo proceso constitucional, la comisión experta recogió algunas de estas ideas.

En las primeras normas del anteproyecto, se estableció el principio de probidad a nivel constitucional, declarando la corrupción como contrario al bien común. Adicionalmente, hizo extensivo expresamente este principio a los parlamentarios al declarar que “los diputados y senadores deberán observar una conducta parlamentaria intachable, de respeto mutuo, y tener un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Por otro lado, los expertos, en una novedad respecto a la Constitución vigente, definieron a los partidos políticos como asociaciones cuya finalidad es “contribuir al funcionamiento y fortalecimiento del sistema democrático, representar a grupos de la sociedad y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y el interés público”.

En una respuesta a una aceptación a lo menos tácita de la violencia como medio válido de acción política, en el contexto de las manifestaciones y desmanes de octubre y noviembre de 2019, los expertos consagraron que los partidos políticos o movimientos que “hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, serán declarados inconstitucionales”.

Si bien estos desafíos de la política y la democracia se han acentuado en los últimos años, en el fondo no son exclusivos de nuestra era. Al contrario, la discusión sobre los requisitos y estándares que deben reunir las autoridades políticas es de larga data. En la antigüedad, el propio Aristóteles señalaba que los altos cargos debían reunir tres requisitos: amor a la ley, competencia para el cargo respectivo y virtud y justicia debidos.

En el medioevo, Santo Tomás de Aquino señaló en la Summa Theologica que “es imposible que el bien común de la Nación vaya bien, si los ciudadanos no son virtuosos, al menos aquellos a quienes compete mandar”. Sin ir más lejos, Diego Portales, ya creía que el gobierno debían integrarlo “verdaderos modelos de virtud y patriotismo.”.

En Chile, para ser elegido presidente o senador de la República se requiere tener cumplidos 35 años de edad; para ser ministro o diputado, 21 años. Fuera de estos requisitos de edad, con alguna que otra excepción, no se exigen otros que los generales para cualquier funcionario público. ¿Se requiere elevar los estándares y requisitos legales o constitucionales para acceder a los cargos democráticamente electos? Si bien parecen haber buenas razones, es ciertamente discutible.

Lo cierto es que, con o sin ley, lo que se requiere es un alto estándar ético de los partidos y coaliciones políticas, y en especial de sus directivas para, al menos, presentar buenos candidatos y, una vez en el gobierno, designar a las personas idóneas en los distintos cargos. Si entendemos la política como un servicio a la ciudadanía, este debe ser lo mejor posible, y el mejor servicio posible es entregado por hombres y mujeres virtuosos, con la mirada puesta en el bien común y no en el rédito propio o sectario.

Si las principales autoridades de la actual coalición de Gobierno reconocen que no estaban preparados para asumir los deberes que impone la administración del Estado, el Presidente de la República (Gabriel Boric) debe tener la madurez necesaria para adoptar todas las decisiones que le entrega el derecho en pos de remediar esta crisis, incluyendo la remoción de las personas que él crea que no son idóneas o no tienen la experiencia necesaria para cumplir su deber. Son estos momentos en los que con mayor razón debe primar el bien común por encima de los intereses partidistas de uno u otro movimiento o partido determinado.