Se trata de un listado de medidas comprometidas el pasado 9 de julio por los partidos de Chile Vamos para un nuevo proceso constituyente, algunas de ellas similares a ciertos artículos del texto rechazado ampliamente el pasado domingo, como "Estado social y democrático de derecho" y otros solo vistos sin profundizar, como "Modernización y ampliación de los derechos fundamentales".
El pasado domingo las miradas estuvieron en el triunfo del Rechazo (61,86%) durante el plebiscito de salida el pasado domingo, resurge la postura de la oposición, especialmente de Chile Vamos, que durante la campaña comprometió algunas medidas generales para afrontar el panorama en caso de que su opción tuviese éxito, algo que podría discutirse el próximo martes en la reunión que la fuerza política tendrá con el Gobierno.
En dicho contexto, con el presidente Gabriel Boric declarando que apoyará un nuevo proceso constituyente, se han rescatado también las declaraciones del bloque opositor, compuesto por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, para seguir el camino de una nueva Constitución.
Fueron 10 los compromisos de Chile Vamos que fueron anunciados el pasado 9 de julio para avanzar en una “nueva y buena” Constitución, a través de un comunicado ampliamente difundido, esto, cinco días antes de que la Convención Constitucional entregara la propuesta de nueva Carta Fundamental.
Según recogió Biobío Chile, los puntos comprometidos fueron los siguientes:
“(…) Debemos garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”.
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“El conjunto de derechos recogidos en la Constitución vigente no alcanza a comprender la complejidad de una sociedad dinámica, moderna y diversa”.
“Una nueva Constitución, que ha sido empujada por la ciudadanía, demanda reconocer a la persona y la sociedad civil como el centro y motor de la vida pública”.
“Nos comprometemos a defender la existencia del Senado, rehabilitar el principio de mayoría mediante la rebaja de los quórums de tramitación legislativa y terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional“.
“Distribuir el poder en unidades territoriales no puede ser sinónimo de desmembramiento del país, poniendo en riesgo la misma descentralización buscada y caminando hacia un Estado disfuncional”.
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“Como chilenos debemos incorporar expresamente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, con un profundo respeto a su aporte en la construcción de lo que somos y al derecho a expresar libremente su tradición, cosmovisión, lengua, con un ámbito de razonable autonomía“.
“La emergencia climática hace urgente un acuerdo transversal con la sustentabilidad como pilar central de las políticas públicas”.
“El Estado de Derecho descansa en que el ejercicio del poder se someta a normas claras, comunes y conocidas por todos, en planos de igualdad, sin distinciones por raza, nacionalidad o cualquier otra consideración. Evitar abusos que atenten contra los derechos y las libertades de las personas requiere de un poder judicial único, común a todos, jerarquizado, independiente e imparcial. Nuestro compromiso es fortalecer al Poder Judicial y el acceso a la justicia, en el marco del fomento de estos principios, asegurando a las personas el derecho a un debido proceso, a un juez independiente y a un procedimiento que dé las mismas garantías a todos los chilenos por igual“.
“Una nueva Constitución debe incorporar instituciones y normas capaces de combatir con firmeza la corrupción y el mal uso de los recursos de todos los chilenos”.
“Impulsamos una economía social de mercado con orientación definida hacia el crecimiento y la generación de empleo, el estímulo a los emprendedores y la innovación, para expandir el progreso, superar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad, terminar con los abusos, favorecer la movilidad social y alcanzar el desarrollo con plena responsabilidad con el medio ambiente y con las comunidades locales”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
