El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la protección estatal de sitios de memoria manejados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), otras por la Central Nacional de Informaciones (CNI) o por alguna de las Fuerzas Armadas. "Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura", señaló el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete lugares utilizados como centros de tortura y represión durante la dictadura militar.
“Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura“, señaló el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre.
En una sesión extraordinaria, celebrada en el Salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, el CMN aprobó la protección estatal de sitios de memoria manejados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), otras por la Central Nacional de Informaciones (CNI) o por alguna de las Fuerzas Armadas.
De esta manera, se cumple con el compromiso del Estado en el Plan Nacional de Derechos Humanos de contar con al menos un sitio de memoria en cada región: Arica y Parinacota, con la ex Cárcel de Arica; Atacama, con el Regimiento N°23 de Copiapó y Ñuble, con el Memorial Puente El Ala.
Los otros sitios corresponden al recinto de la CNI en Talca, la fosa del Cementerio de La Serena, el Campo de Prisioneros de Pisagua y la Comisaría de Ancud.
“Esto es un logro significativo. Estamos convencidos de que los sitios de memoria son uno de los ejes para las garantías de no repetición, y, por lo tanto, se deben fortalecer de Arica a Punta Arenas. Hoy aumentamos un buen porcentaje, por lo tanto, celebramos este hito y compromiso”, dijo a La Tercera, Marcelo Acevedo, coordinador de la Red de Sitios de Memoria.
Entre los sitios que serán declarados como Monumento Histórico está el recinto que albergó a la CNI en la calle 4 oriente en Talca, el que fue utilizado como lugar de detención y tortura, tal como revelan los testimonios consignados en el Informe Valech.
En Atacama, el primero sitio de memoria elevado a la categoría de Monumento Histórico es el Regimiento N°23 de Copiapó, utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y ejecución. De acuerdo a testimonios de detenidos, fueron ejecutadas 13 personas en el caso “Caravana de la muerte“.
La ex Cárcel de Arica también será el primer sitio de memoria que recibirá protección legal por parte del Estado en la región. Según el Informe Valech, en el recinto hubo prisioneros políticos desde septiembre de 1973, los que vivieron en condiciones de hacinamiento, isalubridad, privados de alimentos y agua.
Desde el lugar eran sacados para ser interrogados y torturados en otros recintos, especialmente en los regimientos del Ejército de la zona.
En Ñuble, el CMN acogió la solicitud presentada por Teresa Retamal Silva, coordinadora de Derechos Humanos de la región, para el Memorial Puente El Ala. El sitio recuerda el hallazgo de los cuerpos sin vida de cuatro jóvenes, el 24 de diciembre de 1973, en la ribera del río Ñuble.
En el listado, también se encuentra el Monumento Histórico Comisaría de Ancud. Lugar donde estuvieron detenidos prisioneros políticos de la provincia.
Este sitio funcionó como centro de detención y prisión de paso para cientos de personas, sufriendo tratos degradantes, aplicación de tortura física y psicológica.
La fosa del Cementerio de La Serena, relacionado con las acciones de la “Caravana de la muerte”. En la Región de Coquimbo, fueron ejecutados 15 prisioneros en el ex regimiento Arica. Tras ello, ningún médico revisó los cuerpos, los que fueron trasladados al Cementerio Municipal de La Serena.
El último corresponde al Campo de Prisioneros de Pisagua. En este lugar se registró el mayor porcentaje de víctimas fatales. De acuerdo a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 24 personas habrían sido ejecutadas bajo Consejos de Guerra y Ley de Fuga.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
