“¡Gay lacra, ensucias mi patria!”, dijo uno de los asesinos de Daniel tras dejarlo inconsciente en el Parque San Borja. Hoy, por primera vez en la historia, las disidencias sexuales podrán ser parte de la redacción de la nueva Constitución. "Falta voluntad política para avanzar en lo que necesitamos para acabar con la discriminación", señala uno de los entrevistados a CNN Chile.
El 27 de marzo de 2012 falleció el joven de 24 años que puso en jaque a la sociedad chilena y su tolerancia. Daniel Zamudio Vera murió tras estar 25 días luchando por su vida en la Posta Central luego de ser víctima de un ataque homofóbico en el Parque San Borja.
En Solos en la noche, Zamudio y sus asesinos, el periodista Rodrigo Fluxá reveló que Angulo Tapia, uno de los cuatro imputados por el crimen que incluyó dibujos de esvásticas en el cuerpo de la víctima, le gritó a Daniel, después de orinarlo: “¡Gay lacra, ensucias mi patria!”.
El asesinato provocó rabia, ira y enojo. El nivel de brutalidad del suceso no dejó a nadie indiferente. Movimientos sociales y políticos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Transgéneros, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y Queer (LGTBIQ+) levantaron la voz tras años de abusos sistemáticos que llevaron en silencio.
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“La brutal y cobarde agresión y muerte de Daniel Zamudio hieren no sólo a su familia sino también a todas las personas de buena voluntad. Su muerte no quedará impune y refuerza el compromiso total del gobierno contra toda discriminación arbitraria y con un país más tolerante”, escribió el presidente Sebastián Piñera en su cuenta de Twitter el 27 de marzo de 2012, quien en aquel entonces ejercía su primer mandato.
Cuatro meses después, el 12 de julio de 2012, Piñera promulgó la Ley 20.609 de no discriminación, más conocida como Ley Zamudio. El marco legal tiene por objetivo “instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria”.
La opinión pública instó a los políticos del país a tomar cartas en el asunto: las disidencias sexuales y de género existen y deben ser respetadas por toda la comunidad. Frente a un futuro proceso constituyente post 18-0 se abre un nuevo debate para impulsar medidas que ayuden a promocionar y defender los derechos de todas, todos y todes.
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Vicente Gutiérrez Berner es el candidato de Revolución Democrática (RD) para la concejalía de Ñuñoa. El periodista y activista por la diversidad asegura a CNN Chile que “la ley Zamudio es insuficiente”.
Gutiérrez explica que en la actual legislación “la carga de la prueba está puesta en la víctima y no en el victimario. La persona que ejerce violencia no tiene que probar que discriminó, pero la persona discriminada tiene que probar que lo fue”.
“Necesitamos que la ley apunte a la prevención de la violencia más que en el castigar el crimen”, indica.
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Del mismo modo, señala que la reforma a la ley “ha tenido un lento trámite en el Senado. El senador Iván Moreira (UDI) está haciendo todo lo posible para oponerse a los avances necesarios para nuestra comunidad. Falta voluntad política para avanzar en lo que necesitamos para acabar con la discriminación”.
“La ley de Educación Sexual Integral (ESI) que es relevante para acabar con el problema de su raíz educando a niños, niñas y adolescentes en el respeto hacia la diversidad fue rechazada en la Cámara de Diputados”, sostiene el candidato y activista.
Por lo mismo, recalca que la comunidad necesita de la aprobación de la ley para “garantizar que se enseñe desde la primera infancia el respeto en todos los colegios de Chile”.
Erika Montecinos, activista lesbofeminista y fundadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, cree que “el crimen de odio de Daniel Zamudio marcó una nueva etapa en la lucha de los derechos de las comunidades LGTBIQ+ en Chile, pero no porque antes de la agresión no existieran otros y otras que no fueran asesinadas, sino porque despertó en la sociedad e hizo entender que las disidencias también necesitaban protección”.
La integrante del equipo programático para la diversidad sexual del comando de Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista (PS), cree que “tenemos un alza en asesinatos en mujeres lesbianas y de compañeras trans por su expresión de género”.
Al respecto, acusa que aún hay desafíos y cambios culturales pendientes para las disidencias y diversidad sexual.
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“No estamos en los discursos públicos, políticos y sociales no se nos menciona, no estamos. En la pandemia es más latente ese no reconocimiento de no ver nuestra especificidad en ciertas materias de protección social donde hemos sido afectados, sobretodo las personas trans y otras identidades”, afirma.
Finalmente, opina que en Argentina, el presidente Alberto Fernández, “abre espacios desde el mismo aparato estatal para representación política de la comunidad, tienen una subsecretaria trans y eso es voluntad, estar involucrados, reconocer y tomar conciencia”.
“Espero que el proceso constituyente nos permita entrar de lleno en esta discusión tan relevante como reconocer la misma dignidad, derechos y respeto por todas las personas y formas de familia”, manifesta Ignacio Tarud, vicepresidente de Evópoli en la Región del Maule, ex dirigente nacional de las juventudes de Evópoli, jefe de campaña de Antonio Walker y candidato a la CC por el D17.
El militante de Evópoli cree que “aún falta mucho para que como sociedad entendamos realmente el valor de la libertad de vivir y de escoger cómo vivir, de formar una familia con todas las de la ley”.
“Los padres deben tener el derecho preferente a educar a sus hijos, bajo sus creencias, su ideología, su religión, pero eso no puede ser un argumento para educar personas en la abstracción de que la diversidad sexual no existe o es un invento. El respeto a la dignidad y la integridad de las personas, sin discriminaciones arbitrarias y sin violencia, está por sobre cualquier proyecto o modelo educativo”, asegura.
Ante esto, “la discusión política que se dará en la Convención Constitucional debe permitir que la sociedad y el Estado establezcan un único contrato civil que reconozca la unión entre dos personas, sin discriminación. Y no debe estar limitado a un único objetivo como el de procrear, sino que debe reconocer la libertad de las parejas de definir su futuro”.
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Por otro lado, Emilia Schneider, candidata de Comunes por el distrito 10, reflexiona que “desde el asesinato de Daniel Zamudio hemos avanzado en visibilidad en un momento tan crudo como ese un crimen de odio que remeció la sociedad y más voces desde la comunidad LGTBIQ+ hemos salido al debate público a defender nuestros derechos”.
Aún así, manifiesta que “las transformaciones institucionales que generó este hecho tan lamentable no han dado el ancho”.
“Lo que falta es que esa conciencia y visibilidad que hemos ganado gracias al trabajo histórico de nuestra comunidad se materialice en cambios institucionales. El proceso constituyente es una oportunidad para ello”, dice.
En cuanto a la campaña, Schneider cuenta que “al principio, me daba mucho miedo”. Por lo mismo, tomó la decisión de reunirse con sus pares que antes habían enfrentado desafíos electorales para recoger su experiencia.
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“La mayoría de las personas con las que me ha tocado conversar en el distrito 10 creen en las transformaciones, en la igualdad y en que todas las personas merecemos derechos y dignidad independiente de nuestra orientación sexual e identidad de género”.
Tras ese hecho, Schneider comenta que “los conservadores antiderechos que promueven discursos de odio son una minoría sobrerrepresentada. Una se topa con comentarios discriminatorios, con malos tratos, en mi caso también con algunas situaciones de acoso sexual, que son lamentables, pero han sido minoritarios en comparación a la buena recepción que han tenido nuestras ideas”.
Rodrigo Mallea, candidato constituyente de Convergencia Social (CS) por el distrito 9, afirma que hacer campaña siendo disidente “es un desafío, porque nos enfrentamos a los ritmos agitados de estar en las calles conversando con personas y tocando puertas para compartir nuestras ideas, pero también nos enfrentamos a malos tratos, cyber-acoso y la negación absoluta de nuestras opiniones en política”.
“Creo que la mejor forma de salir adelante es adoptar una postura pedagógica ante las diferencias de opinión y evitar exposición a cualquier tipo de violencia. Inclusive, en espacios de debate de un contexto politizado existe una reacción de sorpresa de que tengamos un programa transversal y opiniones de todos los temas“, insta.
El candidato explica que las personas suelen pensar que “sólo hablaremos de diversidad sexual, pero nuestro enfoque es la democracia, el Estado y la sociedad”.
Al igual que Emilia, Rodrigo ha visto una “recepción positiva en terreno, en ferias y en el puerta a puerta, que valora una candidatura LGBT visible como una señal de los cambios sociales”.
Vicente, Erika, Ignacio, Emilia y Rodrigo, a pesar de sus diferencias políticas, coinciden en un punto: la educación es clave para avanzar en el respeto de la comunidad.
“Hay cosas que ni pueden esperar proyectos que están en discusión y que no podemos seguir postergando, como la reforma a la ley antidiscriminación, el reconocimiento a derechos filiativos para las familias lesbohomoparentales, la reforma a la ley de identidad de género para integrar a niños, niñas, niñes, adolescentes y personas no binarias”, dice Emilia.
Ante esto, responde comentarios que han recibido: “no buscamos adoctrinar, sino informar para que cada persona pueda vivir su sexualidad, su identidad y libertad con información y en un marco de respeto, de reconocimiento de que somos iguales y tenemos derechos lo que buscamos impulsar con la Educación Sexual Integral”.
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“Chile es un país con abuso infantil, no enseñamos a niños y niñas a identificar sus derechos y límites de su cuerpo, tenemos altas tasas de transmisión de VIH y no nos preocupamos de prevención y una sexualidad segura y además una sociedad con muchos crímenes de odio y violencia de género”, son algunos de los puntos que trataría la ley de ESI.
En tanto, Mallea señala que “lo principal es que el Estado se haga cargo y no sea indiferente. Eso quiere decir que debemos mejorar la escasa institucionalidad y crear organismos nuevos. También necesitamos una fórmula que permita a las organizaciones civiles pronunciarse y ser escuchadas de forma vinculante por el Estado. Las capacitaciones y espacios educativos deben ser permanentes a través de su incorporación a las mallas curriculares de la educación superior y también como una obligación formativa sobre todo para trabajadores del sector público que se relacionen con el acceso a derechos”.
El debate de la educación con perspectiva de género, petición impulsada tanto por organizaciones disidentes sexuales como feministas, también fue mencionado por los candidatos y activistas. Sus propuestas están hechas de cara a las elecciones municipales y constituyentes del 2021.
“Una educación que tenga perspectiva de género, como la Constitución de México, que garantice derechos sexuales, reproductivos y consagre el derecho a la identidad”, finaliza Schneider.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
