El proceso en contra de la suspendida ministra de la Corte Suprema se suma a una investigación penal en curso por presunto cohecho y otros delitos. Su defensa, Juan Carlos Manríquez, insiste en que la ampliación del cuaderno de remoción se ha llevado a cabo sin una indagatoria adecuada y sin que Vivanco haya tenido oportunidad de defenderse en igualdad de condiciones.
El 16 de septiembre, el proceso de remoción en contra de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sumó nuevos cargos tras las declaraciones de cuatro relatores del máximo tribunal, quienes denunciaron “incumplimientos de las normas y criterios existentes” en la tramitación de varias causas.
La ministra Gloria Ana Chevesich informó que los relatores del tribunal habían señalado “incumplimientos de las normas y criterios existentes” en la actuación de Vivanco en dichos expedientes. Y en respuesta, Juan Carlos Manríquez, abogado de la magistrada, afirmó que las acusaciones son infundadas.
En declaraciones a El Mercurio, el defensor aseguró que los relatores siempre tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y que Vivanco había recibido quejas sobre la conducta de otros funcionarios de la Corte, incluidos el presidente de la sala, Sergio Muñoz, y el ministro Jean Pierre Matus.
Según el abogado, referirse a posibles represalias no está relacionado con la conducta de Vivanco, quien “siempre trató al personal de la sala y de la Corte con respeto y consideración, y que se limitó a solicitarles aquello que les correspondía hacer de acuerdo a sus cargos y responsabilidades, tanto como ministra como presidenta de sala cuando le correspondió ejercer ese cargo”.
Manríquez, a su vez, criticó las condiciones en las que se tomaron las declaraciones, poniendo en duda si estos actuaron bajo miedo o coacción y cómo se les interrogó.
“¿Quién y cómo se interrogó a los relatores? ¿Cuál era el miedo que superaron?”, cuestionó, en alusión a lo expresado por la vocera subrogante de la Corte Suprema.“Es de sentido común preguntarse: ‘¿Estos relatores declararon con miedo ante la Comisión de Ética?’”.
En ese contexto, afirmó que Vivanco “jamás solicitó hacer nada que signifique una irregularidad” y los detalles serán expuestos durante su defensa.
También acusó que en el proceso no se han respetado las normas establecidas en el Acta 108 y Acta 262, que regulan la toma de declaraciones y el manejo de pruebas.
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“Nos llama la atención que la Corte Suprema ofrezca garantías a declarantes de la propia Corte para agregar nuevos cargos a un proceso de remoción abierto, sin indagatoria de la afectada y sin ninguna configuración de una causa concreta, manteniendo un procedimiento ‘ético’ que, en realidad, se ha transformado en uno distinto”, explicó.
Y agregó que, “parece, una vez más, una infracción evidente al debido proceso y denota el afán de expulsar a uno de sus miembros, mas allá de un juicio en el cual la ministra cuente con igualdad de armas”.
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