A pesar de la ampliación de cargos contra la suspendida jueza de la Corte Suprema, la defensa acusa que solo ha recibido copias parciales de las declaraciones y un informe sin detalles clave sobre la causa.
El abogado Cristóbal Osorio, parte del equipo defensor de la magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, denunció este martes no tener acceso a las pruebas de la indagatoria que investiga la presunta implicancia de la jueza en el Caso Audios.
“Acá está en juego el derecho a la defensa. Para ejercerlo, es preciso saber en qué documentos y testimonios se basan las acusaciones, para responder a ellas”, sostuvo el jurista.
Cabe recordar que durante esta semana el máximo tribunal del país amplió a 7 los cargos contra la magistrada, quien permanece suspendida y enfrentando un proceso de remoción tras revelarse una serie de conversaciones con Luis Hermosilla que evidenciarían tráfico de influencia al interior del Poder Judicial.
En ese contexto, el abogado defensor de Vivanco aseguró que las irregularidades imputadas contra la jueza no han sido detalladas en la presentación de antecedentes de la causa.
Osorio, en conversación con La Segunda, sostuvo que “este procedimiento debe dar el ejemplo de una justicia que se ejerce en Derecho y no bajo las pulsaciones de la opinión pública. No pedimos nada extraordinario. Acá hay dos procesos paralelos: el de la Comisión de Ética y la solicitud de remoción. El proceso de remoción tenía seis cargos, de los cuales dos de ellos fueron investigados por la Comisión de Ética, la cual ha recibido documentos y testimonios de los que no se nos quiere dar copia”.
En la misma línea, el jurista sostuvo que tuvieron una “copia parcial de algunas declaraciones. Por otro lado, nos entregan un informe de la Comisión de Ética que son análisis y conclusiones, sin citas o menciones a las declaraciones de testigos y sin firma”.
“¿Por qué negar un expediente si supuestamente son evidentes las infracciones de la ministra? Esconder pruebas a un inculpado no pasa ningún estándar de transparencia“, añadió, atribuyéndole a la Corte Suprema una “premura” que ha provocado que se saltara el proceso disciplinario.
En la misma línea, el defensor sostuvo que este tipo de accionar es “perjudicial para el Estado de derecho, ya que se renuncia a conocer todos los hechos que se imputan y buscan una respuesta inmediata de la ministra”.
“Da la sensación de que todos quieren soltar rápido los fierros calientes y encontrar un culpable. Pero no debemos renunciar al derecho y sus formas rituales”, puntualizó.
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