El secretario de Estado escogió al abogado especializado en casos de Derechos Humanos. “La razón por la que decido asumir la representación del ministro Ávila es parecida a la que me llevó a defender a la ministra Cubillos: me parece que una acusación constitucional es una herramienta que debe usarse muy excepcionalmente y cuando uno esté frente a hechos graves (…), y cuando se empieza a usar esto como un arma de disputa política (…), me parece que no es la herramienta”, afirmó el defensor.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, eligió al abogado Francisco Cox para que lo defienda en ante la acusación constitucional que la oposición presentó en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputadas el lunes pasado.
Cox es egresado de la Universidad Diego Portales (UDP), posee un máster en Columbia Law School y en su carrera se ha especializado en casos de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
Fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes en México, y ha representado en la Corte Penal Internacional a las víctimas de la guerrilla en Uganda, siendo el único abogado chileno que ha litigado ante ese tribunal.
A fines de 2019, Cox fue convocado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para participar como experto en una misión especial de investigación sobre Venezuela.
Aquel año también defendió a la en ese entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, ante la acusación constitucional que el ahora oficialismo interpuso en su contra, y que finalmente fue rechazada.
Asimismo, fue abogado defensor de Karen Atala en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile.
Además, ha sido profesor en la UDP, en “Clínicas de Interés Público y Derechos Humanos”, y en la Universidad de Valparaíso.
En entrevista con La Tercera comentó por qué aceptó asumir la representación del ministro Ávila frente al libelo que presentaron parlamentarios de oposición del lunes pasado.
“La razón por la que decido asumir es parecida a la que me llevó a defender a la ministra Cubillos. Es porque me parece que una acusación constitucional es una herramienta que debe usarse muy excepcionalmente y cuando uno esté frente a hechos graves, ya sea de inejecución, de comisión de delitos, de violación a la Constitución, a las leyes. Y cuando se empieza a usar esto como un arma de disputa política para infligir una derrota a un gobierno u otro, me parece que no es la herramienta. Un tema tan sensible como la educación lo que requiere es justamente la construcción de un plan o diseño nacional y no un espacio de disputa política”, afirmó.
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