Para analizar este tema conversamos con el abogado querellante en el caso, Rodrigo Bravo, quien representa a 14 víctimas con un monto de 1.735 millones de pesos defraudados.
Respecto a que Rafael Garay no apeló al dictamen de prisión preventiva, dijo que es curioso y poco común que un imputado enfrentado ante la medida cautelar más gravosa le instruya a sus abogados a que no hagan ninguna alegación y se opongan ante el Ministerio Público en ese sentido. “Es el propio Rafael Garay quien decide esto”, agregó.
“Para nosotros como querellantes es una estrategia comunicacional y de victimización para lo que se viene, con el fin de allanar el camino para que junto a una simbólica reparación económica que esperamos pueda tener lugar en algún momento, a él se le permita acceder a una pena menos gravosa por haber colaborado en la investigación, como señalar donde están los dineros y también reparar en algo a las víctimas. Con eso podría asegurarse una pena remitida o sustitutiva de privación de libertad”, explicó el abogado.
Se estableció un plazo judicial de investigación de 120 días propuesto por la defensa y este período podría ser ampliado en caso de existir diligencias pendientes.
En Cuestión de Opinión, el conductor de CNN Chile Radio comentó la importancia de los permisos razonables para la construcción de estructuras. Esto a raíz del mortal derrumbe en Argentina, cuya causa habría sido trabajos clandestinos.