La ex ministra de Justicia renunció el pasado 7 de enero a su cargo tras enfrentar los cuestionamientos respecto a los indultos del presidente Gabriel Boric.
Durante esta semana la comisión revisora y la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados resolverán la votación de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.
La acusación constitucional fue impulsada por Chile Vamos y busca culpar a la ex ministra haciéndola responsable respecto a los indultos realizados por el presidente de la República, las fallidas nominaciones de José Morales y Marta Herrera a la Fiscalía Nacional y su rol en los beneficios que se otorgaron a diferentes reos de la macrozona sur.
El libelo acusatorio presenta dos capítulos, que son mencionados como causales de vulneración a la Constitución y las leyes: desprolijidades en el otorgamiento de los indultos presidenciales y los beneficios carcelarios entregados a reos de la macrozona sur.
En el primer capítulo del libelo contra Ríos se señala su responsabilidad respecto a “la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del ‘estallido social’ de 2019”, que según los diputados que ingresaron la acusación “se transformó en una suerte de compromiso e interés por parte del presidente de la República, su gabinete ministerial y en general por la coalición oficialista”.
Por otro lado, en el siguiente capítulo se aborda el tema de los beneficios a los reos de la macrozona sur, donde se concluyó que la ex ministra “infringió las leyes que expresamente le obligan a ejercer un control jerárquico sobre los servicios públicos de su dependencia; pero además, dejó sin ejecución las leyes al no haber ejercido las funciones y atribuciones que le entrega el ordenamiento jurídico para corregir los actos ilegales de Gendarmería de Chile”.
Diputados de diferentes sectores políticos entregaron su visión respecto a la acusación de la ex ministra, mostrando su apoyo o acusándola de “irregularidades” en el cargo.
“La acusación constitucional contra la ministra Ríos va a definir finalmente si hay bases para ir al Senado, primero, por haber extendido los indultos que no cumplían a nuestro juicio con la normativa, indultar a personas que habían sido indultadas antes, indultar a personas con prontuarios, y no fundarlo, no explicar las razones para poder firmar ese indulto”, señaló el jefe de la bancada de la UDI, Jorge Alessandri.
Por el lado de Evópoli, el subjefe de la bancada Jorge Guzmán, criticó la “mala decisión” del presidente respecto a los indultos: “tenemos la convicción de que estos 13 decretos de indultos otorgados a personas con un amplio prontuario policial fueron mal otorgados. Desde el partido evidenciamos que aquí hubo una falta de prolijidad de criterio”.
Desde el Gobierno, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo mostró apoyo a Ríos: “Nosotros como gobierno no vamos a dejarla sola, y eso es una convicción que no asiste por ser ex ministra y va a contar con todo nuestro apoyo”. Además, Vallejo recalcó la intencionalidad política que hay detrás de esta acusación constitucional.
La defensa de la ex ministra Ríos, es asumida por el abogado José Antonio Viera-Gallo, quien declaró a Radio Cooperativa que: “las llamadas desprolijidades no son ilegalidades, no se puede acusar a ningún ministro por desprolijidad, sino que son causales muy precisas en la Constitución, de haber vulnerado la ley o haber dejado la ley sin ejecución“.
Además, el abogado defensor fue enfático en criticar la postura de los senadores respecto a la acusación. “Si vamos así, lo que vamos a tener es un sistema parlamentario impropio, en que al final la permanencia de un ministro en su cargo va a depender del juicio que la mayoría parlamentaria tenga, que puede ser adversa al gobierno, sobre la calidad con que ha ejercido su función”.
Este martes se revisará y votará el libelo acusatorio de la ex ministra, y posteriormente el miércoles está agendado para su votación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
