La acción judicial fue presentada por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial y señala que los violentos enfrentamientos que se desarrollaron el pasado 1 de agosto ocurrieron "con el consentimiento y autorización del referido grupo de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar ejerciendo funciones".
El Tribunal de Garantía de Curacautín declaró admisible la querella presentada por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial contra funcionarios de Carabineros, debido al desalojo forzado del municipio realizado por vecinos el sábado 1 de agosto.
La querella apunta a “todos aquellos funcionarios de Carabineros que resulten responsables por los delitos de omisión de denuncia, desórdenes públicos, daños calificados, incendio simple, y atentado contra la salud pública”.
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Durante dicha jornada se registraron violentos enfrentamientos entre habitantes de la ciudad con un grupo de personas de origen mapuche, quienes se habían tomado la municipalidad en señal de apoyo a la huelga de hambre del machi Celestino Córdova.
Mientras Carabineros realizaba el desalojo, los civiles volcaron e incendiaron los autos de los manifestantes. En imágenes difundidas en redes sociales se les observa realizando cánticos como “el que no salta es mapuche”.
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En el texto se señala que “todos estos delitos descritos anteriormente fueron cometidos en presencia, con el consentimiento y autorización del referido grupo de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar ejerciendo funciones”.
De acuerdo a la organización, lo anterior ocurrió frente a los policías “sin que en ningún momento intervinieran, impidieran, solicitaran de manera verbal que se dejara de cometer o detuvieran por flagrancia a esas personas para que depusieran su actuar delictivo”.
De este modo, se afirma que los uniformados “incumplieron su deber” al permitir que “civiles armados que perpetraban un intento de desalojo violento durante el toque de queda en la Municipalidad de Curacautín” ocasionaran daños a comuneros mapuche que ocupaban el edificio consistorial.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
