La defensa de la exagente durante la dictadura presentó un nuevo recurso legal para que se anule la decisión del gobierno australiano de extraditarla a Chile, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue.
(EFE) – La defensa de Adriana Rivas, exagente del régimen de Augusto Pinochet, reabrió este lunes la batalla judicial contra su extradición a Chile, después de que el fiscal general australiano, Mark Dreyfus, decidiera su entrega a Chile, confirmaron a EFE diversas fuentes.
La abogada Adriana Navarro, representante de los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas, indicó hoy a EFE que Dreyfus aceptó hace unas semanas, en una fecha no precisada, extraditarla, tras sopesar la decisión desde hace más de dos años.
Se suponía que este era el último paso después de que el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, descartara en mayo de 2022 abordar una apelación de Rivas, dejando así en firme un fallo del pleno del Tribunal Federal Australiano en favor de su extradición a Chile emitido en noviembre de 2021.
Pero, a finales de septiembre, la defensa de Rivas, de 70 años, presentó un nuevo recurso legal para que se anule la decisión del gobierno de extraditarla a Chile, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue, informó hoy el diario Sydney Morning Herald.
“Este asunto se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Australia”, dijo la oficina de Dreyfus en un escueto comunicado enviado hoy a EFE donde se remarca que “no sería apropiado” comentar más sobre este asunto que está en manos de la justicia.
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Los familiares de las víctimas de Rivas, que se enteraron de la noticia por los medios, están “indignados” por el “silencio cruel” del Gobierno que las pone en un “yo-yo emocional” entre la esperanza y la decepción, así como “el trato” que se les ha dado porque consideran que se tiene más “deferencia” con la agresora que con las víctimas, agregó Navarro en declaraciones a EFE.
Rivas está recluida en una prisión de Sídney desde su detención en febrero de 2019 y es requerida por Chile, desde 2018, para juzgarla por su supuesto papel en la desaparición de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista (PC), en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.
Se presume que ella, que defiende su inocencia, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.
Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sídney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños.
En 2006 vino a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escapar y volver tres años más tarde a Australia.
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