La Ley 20.000 permite que instituciones del Estado, como las municipales, tomen el control provisorio de inmuebles vinculados al narcotráfico con el fin de prevenir actividades ilícitas. Esto lo hizo el municipio de Cerro Navia, donde se instaló una “base de seguridad” para coordinar el Plan Cuadrante de la comuna.
Este lunes, más de 10 alcaldes de la Región Metropolitana le solicitaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, que pida la disposición provisoria de las denominadas “narco casas” para efectuar labores de prevención de delitos.
Los jefes comunales de Estación Central, Pudahuel, Macul, Independencia, Lo Prado, La Cisterna, San Ramón, San Joaquín, La Pintana, Quilicura, Quinta Normal se reunieron con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, para conocer la estrategia que le permitió al municipio utilizar uno de los inmuebles para instalar una base de seguridad para coordinar el Plan Cuadrante de la comuna.
En concreto, la administración usó lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 20.000, la que, según explicaron, permite que dependencias involucradas en este tipo de ilícitos pasen a disposición de manera provisoria de instituciones del Estado, como las municipalidades, mientras dura la investigación.
Esto debe ser solicitado a un juez de Garantía por el Ministerio Público.
Los alcaldes pidieron que el fiscal Valencia realice la acción para así generar labores preventivas sobre el consumo de drogas y alcohol.
“Las municipalidades son capaces de hacer esto: generar espacios protectores para nuestros vecinos y vecinas. Es por eso que el llamado que hacemos, junto a muchos alcaldes a la Región Metropolitana, es al fiscal nacional a avanzar más rápido”, comentó el alcalde Tamayo.
En ese sentido, el jefe comunal indicó para efectuar esta acción preventiva no se requieren cambios legislativos ni crear una nueva normativa: “Se requiere, con el actual marco jurídico, acelerar el tranco, que es lo que la gente espera (…). Esto puede salir en cosa de semanas o meses, no se requieren años”, comentó.
Tamayo también sostuvo que se debe reaccionar ante este tipo de situaciones, ya que “lo que los ciudadanos ven es que esto es como una obra de teatro: el Estado hace como que persigue. Los patos malos hacen como que los persiguen, pero todo sigue igual”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
