Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
La acción del tribunal se enmarca en la investigación del Ministerio Público que busca dar cuenta de por qué el municipio pagó poco más de $850 millones por una casa que un mes antes había sido vendida por $422 millones. La autoridad y otras siete personas deberán abrir sus cuentas bancarias.
Ciper Chile dio a conocer que el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) y otras siete personas, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público por un eventual sobreprecio de $430 millones en la adquisición del terreno para instalar un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en Las Condes.
La Fiscalía Oriente también solicitó hacer una revisión de las cuentas corrientes del municipio y de la empresa Vulcon Asset Management, que fue intermediaria de la compra, y de la cual es socio el extenista Paul Capdeville.
La investigación comenzó luego de que cuatro concejales de la Municipalidad de Las Condes denunciaran ante Fiscalía “precios abultados” en la compra de una de las 10 casas del terreno donde se construiría un Cesfam para la comuna.
De ese modo, y de acuerdo al citado medio en una publicación de abril de 2023, se analizaron los documentos notariales de la compra venta y el registro de propiedad del conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Lo anterior mostró que el 30 de diciembre de 2022 Las Condes compró una de las propiedades por $852 millones, mientras que el 24 de noviembre de ese mismo año, la misma casa se vendió por $422 millones. Es decir, el municipio habría pagado una diferencia de $430 millones.
Ahora el ente persecutor busca dar cuenta de por qué el municipio pagó cerca del doble por la mencionada casa.
Consultada por Ciper, la alcaldesa señaló que pidió “personalmente la información bancaria para aportarla a la Fiscalía”, apelando a que los otros funcionarios hagan lo mismo “para acelerar lo más posible la investigación”.
“Soy la principal interesada en que todo se investigue profunda y eficazmente y se resuelva lo más rápidamente posible. Lo único que espero es que esto no se transforme en una serie de actos políticos”, respondió.
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.