Bärbel Kofler, comisionada del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, se refirió al informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh) y emplazó al Estado chileno a “mostrar determinación en sus investigaciones”. Además, habló sobre el proceso constituyente y pidió incluir a pueblos originarios.
A través de un comunicado, el gobierno de Alemania hizo un llamado a condenar “enérgicamente” las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto de las manifestaciones en Chile.
Fue la comisionada para derechos humanos y asistencia humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Bärbel Kofler, quien se refirió al informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), dirigida por la ex presidenta Michelle Bachelet, en el que se señala que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.” desde que comenzó la crisis social en Chile.
La ministra alemana señaló que el informe de Naciones Unidas “confirma que la violencia contra manifestantes pacíficos por parte de la Policía y el Ejército a menudo ha sido totalmente desproporcionada y sin causa”.
“Condeno los maltratos en prisión, las ejecuciones simuladas y la violencia sexual, que se dirige especialmente contra las mujeres, las niñas y los miembros de la comunidad LGBTI, en los términos más enérgicos posibles”, manifestó.
Kofler, además, hizo un llamado a que los responsables de las presuntas violaciones a los DD.HH. descritas en el informe sean puestos ante la justicia.
“El Estado chileno debe ahora, con carácter de urgencia, mostrar determinación en sus investigaciones, así como tomar medidas tangibles para evitar una nueva escalada de la violencia”, señaló.
Finalmente, la autoridad alemana se refirió al proceso constituyente y pidió “al gobierno chileno que involucre a todos los sectores de la sociedad, incluidos los pueblos indígenas de Chile, en la redacción de la nueva constitución”.
Vale destacar que, luego de emitirse el informe, el Gobierno respondió que acogen las recomendaciones del Alto Comisionado y que las estudiarán “con particular atención”.
Sin embargo, el Ejecutivo advierte la necesidad de “validar las fuentes de información”, con respecto a ciertos casos reportados de presuntas violaciones a los derechos humanos en las protestas y que hay “una serie de afirmaciones y conclusiones” que contienen “información errada”.
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