El 22 de octubre de 2019, Álex Andrés Núñez Sandoval, de 39 años, falleció en la ex Posta Central producto de graves lesiones y heridas que hasta la fecha, no han sido atribuidas a ningún responsable. A dos años de estos hechos, el representante legal Cristián Cruz, aborda las contradicciones, irregularidades y presuntos actos de encubrimiento, que rondan sobre uno de los casos más complejos en torno al actuar de las policías durante los días del estallido social.
La madrugada del 22 de octubre de 2019, Álex Andrés Núñez Sandoval de 39 años, falleció en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (ex Posta Central), producto de graves lesiones y heridas que hasta la fecha, no han sido atribuidas a ningún responsable.
Se trata de una causa que actualmente se encuentra desformalizada y cuyos últimos antecedentes no han sido suficientes para ahondar en mayores diligencias que permitan dilucidar lo que ocurrió con una de las personas que, según el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Instituto de Derechos Humanos (INDH), los familiares de Álex y su defensa, sería una de las víctimas fatales del actuar policial desatado durante los días del estallido social.
Esto último se atribuye a declaraciones entregadas por la propia familia de la víctima, quienes sostienen que poco antes de fallecer, Álex informaba que aquellas lesiones fatales fueron provocadas por efectivos de Carabineros en la comuna de Maipú, mientras se desarrollaba una de las primeras manifestaciones masivas de 2019.
El caso ha sido particularmente complejo debido a los escasos antecedentes que maneja el Ministerio Público, que además de dichos testimonios y una serie de diligencias llevadas hasta la fecha, no ha logrado concretar mayores avances en la indagatoria, tanto por la falta de testigos, como por -según sostienen sus cercanos- la falta de voluntad política para dar con los autores del presunto homicidio.
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Al menos eso es lo que asegura el abogado defensor de la familia Núñez Sandoval, Cristián Cruz, quien en conversación con CNN Chile, abordó lo que a su parecer ha sido un limitado progreso de esta investigación, que a dos años de iniciada, no cuenta siquiera con imputados o testigos concretos.
“No hay formalizados, eso quiere decir que el Ministerio Público no ha sido capaz, no ha imputado a uno o más carabineros, por su participación y responsabilidad en este crimen. Este crimen no solo abarca la muerte, el hecho primitivo (….) golpear a alguien de esa manera, torturarla hasta darle muerte, no ha sido capaz de formalizar y aquí hay una pluralidad de responsabilidades. Sin lugar a dudas que hay actos de encubrimiento, donde para nosotros la primera responsabilidad es del mando policial”, afirma Cruz.
El abogado apunta directamente a un antecedente del que ya se ha hablado previamente, pero cuyos detalles hoy podrían tener una relevancia clave para el desarrollo de la investigación.
Durante la tarde del mismo día en que falleció Álex, la Prefectura de Santiago Central de Carabineros ordenó una Investigación Sumario Administrativo (ISA) para “esclarecer fehacientemente los hechos que derivaron en el deceso de Álex Núñez Sandoval en la Posta Central, debiendo determinar responsabilidades administrativas en el personal policial que estaría a cargo, en caso que corresponda”.
“Aquí se hizo una investigación administrativa que claramente tendió a recabar medios de prueba, conocer los hechos, esconderlos, no aportar al tribunal y, a nuestra óptica, asustar e intimidar a los testigos. Carabineros no estaba autorizado a investigar este hecho, igual lo hace (…) y se dirige al sitio del suceso o al lugar preciso donde fue golpeado Álex, sin que ningún testigo lo hubiese dicho y sin que ningún carabinero tampoco hubiese declarado aquello”, plantea el abogado.
Efectivamente, en las fojas 6, 7 y 8 del ISA, se señala que el mismo 22 de octubre la fiscal designada, mayor Patricia Bonilla Olivares, se dirigió hasta el lugar donde habrían ocurrido los hechos (intersección de Juan José Rivera con Las Vizcachas) para realizar diligencias de entrevista y toma de declaración a los presuntos testigos, sin que hasta ese momento la prensa, redes sociales, testigos, familiares o siquiera el parte policial, indicaran que allí habría ocurrido la golpiza.
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El mismo documento señala que dichas diligencias no se concretaron “por medidas de seguridad y protección a la integridad física del personal policial”. Sin embargo, ese día se tomaron fotografías del supuesto lugar de los hechos. Además, en las fojas 26 y 27 del ISA, se deja constancia de que los días 23 y 25 de octubre sí se concretaron entrevistas a testigos, sin consignar nombres ni domicilios de los mismos.
“La pregunta es cómo un oficial superior de carabineros llega al lugar y determina ‘aquí fue golpeado Álex, aquí fue torturado Álex’. Entonces, claramente lo que se hizo, no hay otra opción porque no hay bolas de cristal, carabineros tuvo que haber dialogado entre ellos, con el mando respectivo, le tuvieron que haber contado dónde y cómo fueron los hechos y a partir de ahí, de seguro, se llevó adelante esta investigación, donde el propio director general de la época, el señor Rozas, influye y eso es gravísimo”, afirma Cruz.
El interés del ex Director General de Carabineros, Mario Rozas, se acredita en el sumario administrativo. En la foja 31, se señala en un documento del 24 de octubre que “de los avances del proceso investigativo se solicita a ustedes tener a bien, mantener informado al General Director, de tal forma, de disponerse los cursos de acción que el caso amerite”.
“Incluso si lo vemos desde el punto de vista administrativo, él es última instancia y como última instancia no puede entrometerse en los hechos que están indagando. Entonces, no ver aquí actos de encubrimiento, de obstaculización es imposible para nosotros. Si los mandos saben el lugar donde la víctima fue agredida, la pregunta del millón es ¿por qué no le informaron a la Fiscalía? ¿por qué no le informaron a la PDI? Nosotros nos enteramos de este hecho cuando les solicitamos a través del Ministerio Público, copia de la carpeta administrativa. Si nosotros no hacemos eso, Carabineros no informa y la fiscal administrativa de carabineros termina renunciando tiempo después. La verdad es que todo esto es turbio”, asegura el abogado.
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El 29 de noviembre -38 días después de iniciado el sumario- la investigación concluyó asegurando que “si bien se han detectado contradicciones en ciertas declaraciones, respecto a determinados sucesos ocurridos durante el proceder del personal policial el día 20.10.2019, estos hechos no tendrían relación” con el objetivo de las indagatorias respecto a “determinar la eventual responsabilidad administrativa de algún miembro de la institución”.
“¿Cómo la fiscal se entera que en tal lugar Álex fue torturado? Cuando uno revisa lo expedientes no aparece esa información. Si revisamos las redes sociales o los medios de prensa, hasta ahí nadie había hablado, nadie había dicho dónde ocurrió. La familia, el Ministerio Público, la PDI, los querellantes (entre ellos, el INDH y el CDE) nos enteramos meses después dónde fue y Carabineros lo supo a las horas”, señala Cristián Cruz.
El abogado también hace hincapié en que los expedientes señalan que la fiscal Bonilla solo habría realizado diligencias durante 7 días. Junto a esto, destaca que la uniformada no correspondía ni a la 25º Comisaría, ni de Fuerzas Especiales, áreas de la institución donde se presume -según el ISA- que estarían los principales sospechosos de la paliza que recibió Núñez Sandoval.
“A eso agregamos (…) que Carabineros de la 25º Comisaría se ponen de acuerdo, que concuerdan declaraciones o que al menos lo intentan. Es decir, los pactos de silencio en el siglo 21 siguen funcionando con Carabineros. Son estos mismos personajes que nos dicen ‘vamos a transformar la institución’ (…)”, advierte el defensor.
Con todo esto, Cristián Cruz lamenta que el caso actualmente “está en la nada” y que en su actual etapa investigativa se encuentra lejos de lograr sancionar a los responsables. En ese sentido, el abogado aclara que se han estado realizando diligencias “donde hemos tenido muchas dificultades”.
Una de esas dificultades, continúa Cruz, apunta directamente hacia el Ministerio del Interior, pues en pleno proceso de diligencias, durante una reunión entre la defensa, el fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, y el fiscal a cargo, Pablo Sabaj, se aseguró que desde el Ejecutivo no estaban en condiciones de entregar recursos para el caso, debido a que los mismos se estaban ocupando para la construcción de un edificio, sin agregar mayores detalles, pero justificando la existencia de recursos.
“Incluso desde el Ministerio del Interior se han puesto corta pizzas, porque se nos explicó en el Ministerio Público que se necesitaban más recursos y que el Ministerio del Interior no lo otorgaba (…) y esto tiene sentido. Cuando nosotros le pedimos una audiencia al entonces ministro del Interior, señor Blumel, para hablar del caso, explicarle cómo han actuado algunos carabineros, el señor Blumel nos dijo ‘los voy a recibir en La Moneda, tal día, a tal hora’ (25 de febrero del 2020), pero poquito antes nos llegó una carta diciendo que en realidad no se nos iba a recibir en La Moneda, que no iba a estar el señor Blumel, sino tres abogados para nosotros desconocidos y que no son autoridades”, asegura el abogado.
El representante de la familia señala además que esa reunión con el ex ministro del Interior pudo haber sido vital, ya que la idea era presentarle los antecedentes del carabinero, Gary Valenzuela Ramos, uno de los mencionados en el ISA, como impulsor de entregar declaraciones falsas y destacado entre las declaraciones de sus pares por su actitud violenta. Mismo uniformado que hoy resulta ser el único imputado por el femicidio de Norma Vásquez, funcionaria que murió en agosto del 2020, presuntamente, a manos de su colega.
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“Si él dice ser humanitario (Blumel), ¿usted cree que hubiese permitido que un sujeto así de violento, un sujeto que concordaba declaraciones, continuase en la institución? Quizá ese hecho hubiese salvado a Norma, pero no quisieron escuchar a las víctimas. Se nos dijo ‘puertas abiertas’ ¿Cuáles son las puertas abiertas? (…) si tuviésemos camiones, quizá nos recibirían, pero no tenemos camiones”, asegura el abogado de la familia de Álex Núñez.
Han pasado dos años desde que Álex Núñez Sandoval perdió la vida en lo que hasta ahora ha sido un complejo entramado de contradicciones e irregularidades. Sus familiares y amigos aún claman por que se haga justicia y se esclarezcan las responsabilidades que correspondan, al interior de una institución que paulatinamente ha ido sumando desconfianza respecto a sus niveles de probidad en la opinión púbica.
“Nos están diciendo una verdad a medias pero eso no es suficiente. Entonces (quisiera) invitar por este medio a los carabineros y a los demás testigos que puedan hablar, que hoy día están los medios para darles protección y obviamente que no se pueden obedecer órdenes ilegítimas de encubrimiento u otros (…) nuestro objetivo hoy día y mañana va a ser dar con los autores y obviamente con los mandos superiores que han mentido, que han obstruido, que han dificultado el avance en verdad y justicia dentro de la carpeta. Aunque ya está absolutamente identificado el universo de sospechosos”.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
